CIUDAD DE MÉXICO
(www.libertadguerrero.net).- Las bancadas
del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente impulsan hoy un punto de acuerdo
por el que rechazan enérgicamente la decisión del gobierno del presidente
Felipe Calderón de haber suscrito el Acuerdo Comercial Antifalsificación
(ACTA), al acusar que son signos de autoritarismo de esta administración que
concluye.
En un punto de acuerdo suscrito
por la senadora panista Beatriz Zavala y los perredistas Francisco Castellón y
Carlos Sotelo, inscrito en la Gaceta Parlamentaria de hoy, se pide a la
Comisión Permanente rechazar enérgicamente la firma por parte del Ejecutivo
Federal del ACTA, el pasado 11 de julio en Japón.
“En virtud de que no se respetó
lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia
Económica; se ignoraron las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado de
la República el 6 de septiembre de 2011; y porque se trata de un Acuerdo que
vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos”.
Asimismo, en otro punto
inscrito en la sesión de hoy, el diputado priista Jaime Álvarez coincide y
promueve que la Comisión Permanente lamente la firma de este acuerdo comercial,
al considerar que “esta acción evidencia con toda nitidez la postura
autoritaria y unilateral que la actual administración ha asumido en su recta
final, por lo que hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo
Federal”.
En sus argumentaciones, los
legisladores señalan que la implementación del Acuerdo Comercial Anti
Falsificación podría resultar en una limitación a la universalización deseable
del acceso a Internet.
Asimismo, “podría derivar en
una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción
a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo
en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la
creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
Se destaca que desde el año
2007, México inició una serie de negociaciones relacionadas con este Acuerdo
junto con los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva
Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos de Norteamérica, y representantes de
la Unión Europea. Y desde entonces, el Ejecutivo Federal, ha seguido estas
negociaciones a través de la Secretaría de Economía, del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI) y de la Procuraduría General de la República
(PGR).
“El Acuerdo Comercial Anti
Falsificación (ACTA) consiste en una propuesta internacional multilateral que
pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio
de bienes piratas y falsificados, mediante la cooperación internacional, el
establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un
marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación”.
Sin embargo, a inicios del año
2010, gracias a diversos comentarios publicados en Internet y en las diferentes
redes sociales, así como a las advertencias y notificaciones de ciudadanos y
académicos interesados en el tema, “los legisladores nos enteramos de las
negociaciones del ACTA, las cuales, en su momento fueron llamadas ‘reservadas’
por el IMPI, pero que en realidad fueron realizadas en la oscuridad, en la
opacidad y carentes de transparencia”.
“Esta manera de proceder del
Ejecutivo Federal violó lo dispuesto en la Ley sobre Aprobación de Tratados
Internacionales en Materia Económica, cuyos artículos 5 y 8 establecen que el
Senado de la República deberá ser informado, por parte de las Secretarías de
Estado y de cualquier otro organismo de la Administración Pública Federal,
sobre el inicio de negociaciones formales de un Tratado Internacional”.
Se hace notar que ante este
escenario, el 5 de octubre de 2010, en el Senado se aprobó la creación de un
Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de negociación del
Acuerdo Comercial Anti Falsificación, con el objeto de coadyuvar en la
transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que dicho
Acuerdo se encontrara con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que
prevé la Constitución.
Asimismo, a diferencia del
Poder Ejecutivo, el Senado y el grupo especial sí actuaron de forma
transparente y abierta a la sociedad en general, al consultar con los sectores
interesados.
El Grupo Plural reconoció el
papel de las Tecnologías de la Información para disminuir la desigualdad en el
acceso a la información y al conocimiento, y la necesidad de la neutralidad de
la Red como uno de los principios fundamentales sobre los que fue construido el
Internet.
Asimismo, consideró que los
derechos de propiedad intelectual constituyen el mecanismo idóneo para fomentar
la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad artística
y cultural, y que el Internet representa un nuevo escenario para la protección
de estos derechos, por lo que requiere un marco jurídico específico.
Ante esta situación, el Grupo
Plural consideró que si bien es fundamental proteger los derechos de propiedad
intelectual, esta protección debe formularse cuidadosamente, sin que se genere
un retroceso ni se limiten los servicios de Internet ni su acceso; sin inhibir
el desarrollo del comercio electrónico, y respetando absolutamente las
garantías individuales de los ciudadanos.
Se concluyó que el Proyecto del
ACTA contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se
pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a
disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que requieren ser
consideradas por el Ejecutivo Federal antes de signar el Acuerdo internacional
de referencia.
Por ello, se exhortó al
Ejecutivo Federal a no suscribir el Acuerdo Comercial Anti Falsificación en
virtud de que:
En el proceso de negociación de
este acuerdo se violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica.
“En la hipótesis de convertirse
en derecho vigente, algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo Comercial
Anti Falsificación resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho
nacional, entre ellas, garantías individuales contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vulnera el principio de
presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema
jurídico”.
“La ambigüedad de algunas de
las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti Falsificación
resultarían contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del
País”.
Asimismo, la implementación del
Acuerdo Comercial Anti Falsificación podría resultar en una limitación a la
universalización deseable del acceso a Internet.
Y, “el ACTA podría derivar en
una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción
a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo
en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la
creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
Fuente:
Milenio
Junio/18/2012
www.libertadguerrero.net
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