A un Año de la Muerte de Antonio López Ortiz
¿JUSTICIA O IMPUNIDAD?
Por Rodrigo Huerta Pegueros*
Estamos
a menos de dos meses de que se cumpla un año de la desaparición forzada del
periodista Antonio López Ortiz, ocurrida el día 7 de Junio del 2011, fecha en
que se celebra anualmente el día de la libertad de prensa en México.
Los
periodistas del estado de Guerrero fuimos testigos presenciales y protagonistas
de varias acciones emprendidas para exigir a las autoridades locales y
federales que realizaran sus mejores esfuerzos para encontrar con vida a quien
se desempeñaba como reportero del diario local Novedades de Acapulco.
Lo
cierto es que las autoridades locales no estuvieron del todo interesados en
buscar y encontrar a López Ortiz con vida y hasta el momento sus familiares
continúan solicitando el esclarecimiento de los hechos.
Este
ha sido uno de los atentados contra la libertad de expresión que mayor impacto
ha tenido a nivel nacional durante los últimos meses y es otra de las víctimas
de la impunidad que en forma total y galopante sigue imperando en la entidad
con todo y que tenemos en el gobierno estatal a un neo perredista y autocalificado de izquierda, pero que en los hechos muestra una praxis en el
ejercicio del poder semejante a un gobierno proclive al neoliberalismo y conservadurismo
tricolor.
Han
pasado ya cuatro sexenios (incluído el actual) de que varios periodistas han
sido asesinados en forma por demás violenta y ninguno de estos crímenes ha sido
esclarecido y han pasado a formar parte del grueso legajo de carpetas de casos no resueltos.
Hace
unos días nos dieron la mala noticia de que una compañera de Chilpancingo—Carmen
Santiago—había fallecido meses después de haber sido brutalmente agredida por
su compañero y en este caso que fue debidamente documentado no se hizo justicia
y no se aplicó la sanción que se merecía el agresor, lo cual dejó la puerta
abierta para que cualquier individuo pueda agredir a mujeres—sin tener que ser
periodista—a sabiendas de que nada le va a pasar.
¡Vaya
justicia que tenemos en Guerrero!.
Lo
que debemos de hacer de ahora en adelante los que estamos inmersos en esta
actividad, es insistir para que los casos no resueltos de los periodistas
asesinados sean nuevamente puestos a revisión y reabran las indagatorias para
conocer la verdad sobre los homicidios y con ello quede al descubierto si es o
son uno o varios grupos de guerrerenses intolerantes con el ejercicio de la
libertad de expresión.
La Comisión
estatal de defensa de los derechos humanos que encabeza Juan Alarcón Hernández,
debe ser el receptor de estas quejas de los periodistas y promover desde ahí
que la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero reabra estos
casos para poner fin a la impunidad que cubren todos estos homicidios.
No
podremos creer nunca en la justicia mientras esta no se haga presente y no
muestre y demuestre que su actuación es a favor de los ciudadanos que son victimas
de atropellos y delitos del fuero común.
De no
hacerlo así, podremos estar seguros todos, o sea, la sociedad en general, que
habrá que esforzarnos por crear nuestros propios mecanismos de autodefensa.
Y cuando eso ocurre, las autoridades luego se
dicen sorprendidas y preguntan de los porqués existen estos grupos
independientes que actúan al margen de la ley para proteger sus propios
intereses, cuando la pregunta sería ¿porqué el gobierno no actúa conforme a las
leyes que lo mandatan para proteger a toda la sociedad y someter a los
delincuentes comunes o del crimen organizado o los llamados delincuentes de
‘cuello blanco’.
Por
lo pronto habremos que hacer un esfuerzo más como periodistas para exigir a las
autoridades que no tiren al bote de la basura las averiguaciones sobre los
asesinatos cometidos contra comunicadores durante los regímenes de Ángel
Aguirre Rivero (primera parte), René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca
Galindo y Ángel Aguirre Rivero (segunda parte).
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha formulado una nueva estrategia para
impedir que los periodistas continúen siendo víctimas de los sicarios,
funcionarios públicos, empresarios o líderes venales que ven en el ejercicio
periodístico su principal enemigo, cuando la función del periodista es nada mas
y nada menos que un puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno y
viceversa.
Esperamos
que las autoridades se pongan las pilas y el nuevo procurador de justicia
estatal sea sensible y receptor de estas demandas.
Periodista y/Analista Político
observar@gmail.com
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