CIUDAD
DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- El costo de la corrupción en México es cercano a 1.5 billones de pesos, estimó el
Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP).
El
organismo empresarial comentó que en el país prevalece la impunidad en niveles
cercanos a 98%, “lo cual exige mayor compromiso de los candidatos
presidenciables y legisladores”.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
dijo en su mensaje semanal que esa cifra es 10% del Producto Interno Bruto
(PIB) y las empresas, en promedio, destinan un porcentaje similar de sus
ingresos para poder operar.
Recordó
que a inicios de la década de los 80 se promovió como prioridad una renovación
moral de la sociedad, y hace 11 años se anunció un Programa Nacional contra la Corrupción, pero a la fecha no ha habido
resultados.
“El
estado de derecho debe atenderse de forma proporcional a su trascendencia y el
desafío que representa para quienes aspiran gobernar, pues deben atender el
cómo hacer frente a la corrupción, a la cultura de ilegalidad y a las
debilidades institucionales que alimentan la impunidad y la incertidumbre
jurídica en múltiples materias”, afirmó.
Agregó
que en el índice de competitividad del Foro
Económico Mundial (WEF), el estado de derecho en México tiene el peor
desempeño al ocupar el lugar 134 de 142 países.
El
presidente del CCE afirmó que el sistema penal tiene una amplia red de
ineficacias y corrupción, con un margen de inoperatividad agudo y reiteradas
deficiencias procesales que suelen dañar a la justicia.
“Los
candidatos y legisladores deben actuar a favor de incrementar cada vez más el
rigor de las penas, pues sirven de poco si sólo siete de cada mil delitos
acaban en una sentencia, lo que representa una impunidad de 98%...”, citó.
Prevalece
entre la sociedad, dijo, una impresión de que buscar protección y justicia es
un acto estéril para la mayoría que no tiene recursos e influencias; de que
cumplir con las reglas es una desventaja; de que a menudo las autoridades son
las primeras en violar las leyes.
La
agenda de la IP incluye la autonomía y profesionalización de los ministerios
públicos, federal y estatales.
El
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial urgió a nombrar un zar anticorrupción ciudadano, unificar
los códigos penales y de procedimientos penales y homologar la legislación de
los institutos de transparencia estatales.
Gutiérrez Candíani consideró que “las elecciones deben
ser ocasión para promover un esfuerzo nacional por el estado de derecho,
condición indispensable del progreso y la justicia, y uno de los elementos que
más hace falta reforzar en la estrategia contra la inseguridad pública”.
Fuente: El
Universal
Abril/17/2012
www.libertadguerrero.net
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