López Rosas Ante la PGR
¿Perseguido Político?
Por
Rodrigo Huerta Pegueros*
En pleno
proceso electoral la procuraduría general de la República continúa ejerciendo
sus facultades constitucionales, pues de no hacerlo estaría violentando las
leyes y daría manga ancha para que los delincuentes—de todo tipo—continuaran
con sus actividades perniciosas y quienes han sido indiciados deben comparecer
ante los tribunales que los demandan como es el caso particular del ex
procurador de justicia del estado de Guerrero, Alberto López Rosas.
El pasado
viernes por la mañana elementos de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigaciones
Especializada en Delincuencia Organizada) se apersonaron frente al domicilio
del ex procurador López Rosas para hacerle entrega de un citatorio a fin de que
se presente ante las instancias de la PGR a declarar sobre los hechos
registrados el pasado 12 de Diciembre del 2011, cuando un grupo de normalistas
de Ayotzinapa fueron atacadas, baleados, secuestrados, abusados y asesinados
por policías ministeriales y fedeales.
El hecho
mismo concitó una serie de acciones que pretendieron convertir algo netamente
judicial en político, cuando está más que documentado que el citatorio al
funcionario estatal es por su actitud asumida frente a estos hechos lamentables
y quien a todas luces trata de desviar la atención acusando a la policía
federal preventiva de ser los autores materiales del asesinato de los dos
normalistas, cuando las pruebas que se han presentado lo contradicen.
López
Rosas ahora se ha querido convertir en perseguido
político y ha desafiado a las propias autoridades al pretender registrarse
como candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia
municipal de Acapulco, cargo que ostentó anteriormente y del cual no salió con
las manos limpias. Esto lo colocó en malas condiciones para competir por una
curul para el senado de la República, y las encuestas realizadas en aquel entonces
lo colocaron en la última posición de las preferencias de la militancia y la
ciudadanía guerrerense.
Fue con el
actual gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando el hijo del famoso ‘Rey Lopitos’ tuvo una nueva oportunidad
de ingresar al servicio público como procurador de justicia estatal, cargo que
fue criticado por el hecho de que su experiencia profesional está en el ámbito
de lo laboral y no en lo penal. Sin embargo el gobernador insistió en postularlo
y los diputados, en su mayoría perredistas le dieron el aval para que fungiera
como tal.
Al paso de
los meses en que se desempeñó como procurador, López Rosas desatendió en forma
generalizada las demandas de justicia y protección de los ciudadanos como ha
logrado documentarse ampliamente al igual que su temor para enfrentar al crimen
organizado que lo amenazó en distintas ocasiones y le envió mensajes a través
de sus colaboradores mas cercanos.
La
procuración de justicia no funcionó con López Rosas y ni siquiera logró hacer
los cambios que pretendía llevar a cabo para modernizar a la institución. La
posición la utilizó más bien para hacer política partidista y lograr una
posición en el senado de la República o en una diputación federal en lugar de
trabajar para llevar a resguardo a los delincuentes que operan en la entidad.
La falta
de atención por parte de sus jefes superiores provocaron que la procuraduría
siguiera un curso errante y no se le obligó a que los elementos de la policía
ministerial se certificaran, pues el mismo procurador evitó cumplir con esta
normatividad federal a fin de que quienes estén dentro de las corporaciones
policiacas o tengan mandos medios o altos, deberían pasar por las pruebas de
confianza, entre otros, el detector de mentiras.
Una y otra
ver, el ex procurador se negó a cumplir con este deber lo cual provocó
suspicacias entre sus subalternos y la ciudadanía que conoció de tal actitud.
Aún así,
el gobernador Aguirre lo mantuvo como procurador. No se imaginaba lo que iba a
provocarle a su administración. El 12 de Diciembre del año próximo pasado las
cosas se salieron de madre y los excesos y abusos de poder no se hicieron
esperar y se quiso dar un ejemplo de la brutalidad policiaca y se logró el
cometido con creces, pues no solo dos normalistas de Ayotzinapa fueron abatidos
sino que a consecuencia de la trifulca un empleado de una gasolinera sufrió de
quemaduras y murió días después a causa de las mismas.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó cartas en el asunto ante el
manoseo que se hizo del lugar de los hechos en donde las evidencias fueron
manipuladas y borradas.
Al final
de cuentas la CNDH logró rehacer el entuerto y dio su informe preliminar donde
se evidenció la forma como los ministeriales actuaron contra los jóvenes
normalistas, el abuso que se hizo de un estudiante a quienes no solo
secuestraron sino que vejaron y golpearon y trataron de incriminar en la muerte
de sus mismos compañeros. La propia Comisión estatal de los derechos humanos
tuvo que intervenir para atender la demanda de los normalistas para que se les
respetaran sus grantías individuales.
Aún y con
toda la evidencia, el ex procurador continuó con su litigio en los medios
masivos de comunicación y a quien quisieron escucharlo les repetía la versión
de que los ministeriales de Guerrero no fueron los culpables de la muerte de
los estudiantes sino los policías federales. Entregó videos que no demuestran
la culpabilidad de los uniformados de la federación, mientras que la CNDH
reveló videos donde se comprueba la participación activa de los policías al
mando de López Rosas. Y es precisamente por estas causas por las que ahora se
le cita al ex procurador y que nada tiene que ver con cuestiones políticas.
Ya lo dijo
y lo repitió una y otra vez la procuradora general de la República, de que la
acción de la institución no se frenará por cuestiones electorales y es
precisamente en estos tiempos de competencia electoral cuando se le requiere a
López Rosas y quien, ducho en esto de las leyes y su aplicación, sabe que debe
de cumplir con el mandato de presentarse a declarar.
Y como si
predijera que algo malo le va a pasar durante su presentación en la PGR, el ex
procurador guerrerense ha dicho que no confía en esta institución pero sí confía
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego
entonces, si partimos de su hipótesis, López Rosas teme ser retenido,
encarcelado y para entonces solicitar el amparo de la justicia federal para ser
liberado. Todo dependerá, creemos, de las pruebas que obren en poder de la PGR
y si el delito que le imputan puede ser o no desvalorado por la Corte.
Lo cierto
es que si a López Rosas se le requiere, debe acudir a cumplir con la demanda de
presentación, de otra forma se le calificará como desacato y entonces sí podría
ser detenido y presentado.
Dice el dicho
y lo dice bien que quien nada debe nada
teme. Entonces ¿para que tanto brinco estando el piso tan parejo?
Periodista y Analista Político*
observar@gmail.com
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