BAJO FUEGO
Ayotzinapa (2)
Por José Antonio
Rivera Rosales
Como era de esperar, a partir
de enero escaló el conflicto entre el gobierno estatal y los normalistas de
Ayotzinapa.
El Informe Preliminar
ofrecido en la víspera por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vino
a robustecer las imputaciones iniciales en contra de las policías locales,
ministerial y estatal, acusadas por los normalistas de haber disparado en su contra
causando la muerte de dos de sus compañeros.
Sin embargo, llama la
atención un aspecto central no mencionado entre los 12 puntos citados como
conclusiones por la CNDH: en lo que parece una especie de análisis de balística
el informe señala, sin mayor soporte técnico, una estimación de la dirección
del fuego que presumiblemente privó de la vida a los dos estudiantes
asesinados.
Con esa estimación, que no
parece estar soportada en un informe pericial de balística, la institución da
por hecho que los disparos provinieron del lugar donde estaban apostados los
policías ministeriales y, por consecuencia, presume que fueron policías locales
los que ultimaron a los estudiantes que se manifestaban.
Si esto fuera así, entonces
lo que procede es la consignación de los responsables de los homicidios, de los
mandos actuantes así como de los corresponsables en la cadena de mando.
No obstante, el propio
informe también señala la negligencia con la que actuó la Secretaría de
Seguridad Pública de la Federación, cuyo titular Genaro García Luna pareció
actuar de esa manera para proteger a su corporación de elite, la Policía
Federal que, como sabemos, actuó con extrema brutalidad y saña para someter a
los estudiantes mismos que, ya en el suelo, seguían siendo golpeados por los
federales. La Policía Federal, pues, se negó a colaborar, o lo hizo
parcialmente, con la indagación de la CNDH.
Por lo que toca a algunos
delitos del orden federal, la actuación ministerial corresponderá a la
Procuraduría General de la República (PGR), en tanto que los delitos del Fuero
Común estarán a cargo de la fiscalía estatal.
Hasta aquí todo parece
caminar según la muy vaga relatoría de hechos presentada por la CNDH, que no
precisa nombres ni responsabilidades, sólo tipifica violaciones graves de
derechos humanos cometidas por servidores públicos.
Regresemos entonces a un
punto toral: si la procuraduría local se encargará de la investigación
ministerial de los asesinatos -lo que, huelga decirlo, equivale a investigarse
a sí misma-, entonces las indagaciones primarias tendrán completo valor
probatorio y legal en todo este conflicto, causado originalmente por la falta
de atención en que incurrió tanto la secretaria de Educación, Silvia Romero
Suárez, como el titular de Administración y Finanzas, Jorge Salgado Leyva, por
incumplir los compromisos pactados por el gobernador con los normalistas.
El caso es que existe un dato,
ofrecido semanas atrás por el exprocurador Alberto López Rosas, que ha pasado
desapercibido y que, en el contexto de lo sucedido, podría arrojar luz sobre
este oprobioso asunto.
López Rosas había adelantado
que, según datos obtenidos por los servicios periciales en balística de la
Procuraduría General de Justicia, bajo la firma de los peritos Herminio Sotelo
y Amed Rafael Abarca, el calibre de los proyectiles que causaron la muerte de
los normalistas corresponde con el del fusil G-3.
De confirmarse en todos sus
términos el dato anterior, el escenario legal ofrecido por la CNDH registrará
un giro de 180 grados.
Elaborado originalmente por
la firma alemana Heckler and Kosh (HK), el HK-G3 es un fusil ametrallador de alto grado
de precisión y eficiencia, el cual con licencia de la compañía germana ya es
fabricado en México por las Fuerzas Armadas, que lo utilizan como arma de cargo
para las tropas regulares. Empero, también es usado como tal por las Fuerzas
Federales que actuaron el 12 de diciembre para reprimir a los normalistas.
Es un arma de guerra
catalogada como de las mejores en su tipo, sólo superada por el modelo G36,
prototipo destinado a reemplazar al G3. La compañía alemana HK también es
fabricante de otros productos notables en la industria armamentística, como el
subfusil MP5, utilizado aquí por los oficiales del Ejército Mexicano.
El calibre que utiliza el
HK-G3 es el 7.62 x 60 milímetros, que es un proyectil más potente que el
calibre utilizado por el fusil AK-47 de origen chino (7.62x39mm, el más común).
El primero habría sido el utilizado para abatir a los dos jóvenes de
Ayotzinapa, si hacemos caso de los resultados obtenidos por los peritos de la
PGJE citados anteriormente.
De ser cierto, lo cual es
algo que tendrán que corroborar tanto la PGR como la PGJE, entonces -como ha
asegurado desde siempre Alberto López Rosas- fueron las Fuerzas Federales las
que probablemente abatieron a los estudiantes.
Determinar el calibre que
mató a los muchachos, un proceso bastante complicado dada la similitud con el
calibre que quema el cuerno, será
entonces la clave para establecer responsabilidad penal por parte tanto de la
PGR como de la fiscalía local.
Establecer quiénes mataron a
los jóvenes estudiantes sólo por la probable trayectoria de la bala, es en
nuestra opinión una estimación carente de sustento técnico y falaz por
consecuencia. La clave para descubrir la verdad histórica reside en el calibre
utilizado.
Otro aspecto que llama la
atención es que, aunque el fusil HK-G3 es un arma de probada eficiencia, se
necesita ser un tirador experto para impactar un blanco en movimiento a una distancia de no
menos de un centenar de metros -distancia mínima probable entre los policías
armados y los normalistas, que resistían con piedras-.
Como sabemos, los disparos
impactaron en la cabeza y en el cuello, en forma respectiva, de los dos jóvenes
asesinados vilmente. Sólo un tirador certero, quizá apostado para fijar su
blanco, logra hacer eso. En todo caso, sólo hombres muy bien entrenados con
armas de precisión pueden alcanzar ese rango de tiro. Ese nivel de
entrenamiento lo tienen las Fuerzas Federales, especialmente las unidades de
elite.
No se trata aquí de defender
a los policías ministeriales o estatales que, como la experiencia nos ha
indicado, en su mayoría han actuado como depredadores de la ciudadanía. Se
trata de señalar elementos que permitan establecer la viabilidad de los
supuestos que ofrece la CNDH como verdades, y que podrían obrar como evidencia
legal en el proceso de investigación que desahogan las dos procuradurías, tanto
la PGR como la PGJE.
La mala noticia para las
policías locales es que, según versiones, algunos agrupamientos de la Policía
Preventiva del Estado ya utilizan los fusiles HK-G3 como arma de cargo.
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