Julio Cesar Godoy rindiendo protesta en la Cámara de Diputados en septiembre de 2010. Foto: Cuartoscuro.
CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- Los
tres grandes partidos políticos mexicanos hacen campaña en el estado de
Michoacán, pero algo que no figura en las papeletas es lo que está en la mente
de todos: los carteles del narcotráfico.
En este estado agrícola conocido por sus
aguacates, su marihuana y sus metanfetaminas, los traficantes están poniendo a
prueba la democracia mexicana, apelando a sobornos, intimidación y marchas
callejeras para influir en las elecciones para gobernador, la legislatura y las
113 alcaldías.
Si bien la narcopolítica se hace ver en otros
estados, en ninguno tiene una presencia tan grande como en Michoacán, donde la
campaña electoral ya ha registrado el secuestro de nueve encuestadores, el
asesinato a tiros de un alcalde y el retiro de al menos una docena de
candidatos por temor al crimen organizado.
Fausto Vallejo, candidato a la gobernación del
Partido Revolucionario Institucional, dijo que no le preocupa tanto su
seguridad personal como la de los candidatos a alcalde.
“La delincuencia está metiendo las manos en
desestimular a candidatos, forzar a que vaya uno solo, y no solo en el PRI,
sino en los tres partidos políticos”, declaró.
Los comicios del domingo adquieren una dimensión
especial si se toma en cuenta que el presidente Felipe Calderón es de Michoacán
y lanzó desde este estado su guerra contra los carteles de la droga hace cinco
años. Su hermana Luisa María “Coca” Calderón está postulada a la gobernación y
propone profundizar esa ofensiva.
Es candidata del Partido Acción Nacional del presidente
y encabeza la mayoría de las encuestas para la última elección estatal antes de
los comicios presidenciales de julio del 2012.
El cartel dominante, el de los Caballeros
Templarios, y lo que queda de La Familia han amenazado a candidatos, presentado
candidatos propios y promovido protestas, a veces comprando votos con dádivas.
El PRI, que gobernó el país durante 71 años
hasta que fue destronado en las elecciones del 2000, lleva a cabo una enérgica
campaña para tratar de recuperar la presidencia el año que viene, pero Calderón
ha sido acusado de negociar con los carteles para garantizar la paz.
Denuncias de que algunos candidatos son narcos
disfrazados hicieron que varios aspirantes a cargos públicos solicitasen a
fiscales federales cartas corroborando que no tienen antecedentes penales.
Dado que Michoacán produce drogas y es un punto
clave en su traslado hacia el norte, los carteles le prestan mucha atención a
las elecciones de alcaldes, según el analista político Raymundo Riva Palacio.
“Hace un buen tiempo están en el nivel local,
porque aquí entendieron, que es un poco la lógica, que les cuesta menos y les
garantiza más tener a niveles locales los políticos, la policía o tener ciertas
áreas bajo su control”, expresó.
La penetración de la narcopolítica no alcanza
por ahora los niveles que se vieron en Colombia en la década de 1990. Los
traficantes colombianos ayudaron a financiar la campaña de 1994 del ex
presidente Ernesto Samper y realizaron una ola de asesinatos de jueces y
políticos para bloquear una ley de extradiciones.
La semana pasada el alcalde de La Piedad fue
baleado frente a un restaurante de comidas rápidas, mientras repartía volantes
a favor de Luisa María Calderón. Las autoridades investigan la posibilidad de
que el atentado haya sido obra del narcotráfico, pero de inmediato cundió el
temor y cuatro candidatos a cargos públicos solicitaron una mayor protección.
Quienes conocían al alcalde Ricardo Guzmán dicen
que le hizo frente a los carteles y lo pagó caro. En marzo desconocidos mataron
a tiros al jefe de la policía de La Piedad José Luis Guerrero, quien había
asumido apenas hacía un par de meses.
Su sucesor, Miguel Angel Rosas Pérez, fue
reclutado de la policía federal, que está mejor entrenada, y también fue blanco
de un atentado. Más de 40 individuos armados llegaron a su unidad en una
caravana de diez vehículos en julio, le dispararon al edificio y tiraron
granadas. Rosas Pérez sobrevivió.
Los alcaldes son protegidos por policías locales
mal pagados y mal equipados, y son muy vulnerables a las presiones de los
carteles. A nivel nacional han sido asesinados 25 alcaldes en los últimos cinco
años.
El líder estatal del PAN Germán Tena dice que
seis candidatos de su partido se han retirado de elecciones a alcalde.
“En los seis casos hubo amenazas y advertencias
de que no sea candidato… (Se retiraron) Por temor a la delincuencia organizada
o por amenazas”, sostuvo Tena.
“La delincuencia está apoyando a candidatos del
PRI en algunos municipios y los está protegiendo, los está ayudando, e
inhibiendo a nuestros propios candidatos o del PRD o de otros partidos”,
añadió. “Están tratando de influir para que la votación se incline hacia los
candidatos del PRI”.
También renunciaron dos candidatos del Partido
Revolucionario Democrático y el líder estatal de esa agrupación Víctor Báez
sospecha que se debió a amenazas de los carteles.
“Nos han presentado su renuncia por situaciones
personales y de salud. Desde luego, está la versión de que podría haber sido
por presión de estos grupos organizados”, dijo Báez.
El PRI niega que sus candidatos sean los
favoritos de los carteles y, como prueba de ello, Vallejo señala que todos sus
candidatos a nivel estatal y municipal tienen cartas corroborando que no tienen
antecedentes penales ni investigaciones pendientes.
Pero eso no funcionó en el caso de Saúl Solís
Solís, un ex jefe policial de 49 años considerado uno de los principales capos
de los Caballeros Templarios.
Solís se postuló al congreso nacional en el 2009
por el Partido Verde y terminó cuarto en su distrito a pesar de haber sido
acusado de varios ataques a militares y a la policía federal. En uno de esos
ataques, en mayo del 2007, murieron un oficial y cuatro soldados. Pocos meses
después se ofreció una recompensa de 1,1 millones de dólares por información
que facilitase su captura.
En vista del poder que tienen los carteles,
cuesta entender por qué alguien arriesga su vida para ser alcalde en Michoacán.
Cuando el alcalde de Apatzingán fue presionado
por periodistas a que respondiese a preguntas sobre una serie de secuestros en
el pueblo, se quebró.
“Me dan ganas de irme, de renunciar a este
trabajo, porque yo no estoy hecho para esto. No puedo garantizar la seguridad
de todos, no puedo asegurar siquiera la de mis hijos, que también corren
peligro”, declaró el alcalde Genaro Guizar en una emotiva entrevista con el
canal de televisión Milenio.
En el 2009, Godoy Toscano, un supuesto aliado de
un cartel local de Michoacán, ganó una banca en el Congreso nacional, pero fue
expulsado tras circular grabaciones en las que alguien que se supone que es él
hablaba con el líder de entonces de La Familia Salvador Gómez, “La Tuta”.
Toscano quedó prófugo luego de ser acusado de colaborar en el tráfico de drogas
y el lavado de dinero y La Tuta fundó los Caballeros Templarios, que han
reemplazado prácticamente a La Familia.
Godoy Toscano es medio hermano del actual
gobernador de Michoacán Leonel Godoy, lo que alimenta las sospechas de que los
carteles tienen influencias en el manejo del estado, aunque el gobernador dice
que rara vez ve a su hermano y que lo instó a que se entregue.
Los esfuerzos por arrestar a narcopolíticos de
Michoacán han sido un desastre. En el 2009 los fiscales dispusieron la
detención de 12 alcaldes michoacanos y de otros 23 funcionarios locales y
estatales bajo sospecha de que amparaban a La Familia. Para abril, todos habían
sido exonerados. Los fiscales acusaron a un juez de haber actuado irregularmente
en la exoneración de uno de ellos, pero los alcaldes dicen que las acusaciones
eran débiles y a menudo basadas en lo que dijo un solo informante.
El ciudadano común no avizora demasiados
progresos en la lucha contra la narcopolítica en Michoacán. “¿Más seguros? Cada
vez nos sentimos más inseguros, pero no podemos hablar de eso, porque siempre
están escuchando”, expresó un mecánico llamado Josué en un pequeño restaurante
de Maravatio, localidad agrícola del este de Michoacán.
“Nos sentimos un poco mejor cuando están los del
ejército o los federales. Si no fueran por ellos estaríamos a merced de estos
tipos”, dijo Josué, quien no quiso dar su nombre completo por temor a
represalias.
Los Caballeros Templarios, un cartel pseudo
religioso especializado en el tráfico de metanfentaminas, está experimentando
distintas formas de ganar control político y social.
En remotos pueblos de montaña como Arteaga, de
donde es oriundo “La Tuta”, el traficante es una figura popular. Los residentes
dicen que este ex maestro de primaria es un individuo humilde, derecho, que
lucía huaraches y prestaba dinero si un familiar necesitaba atención médica.
En focos de intensa actividad del narcotráfico
como Apatzingán, el cartel es tan fuerte que ha realizado marchas con la participación
de cientos de personas que exigen el retiro de la policía federal. Algunos de
los participantes pintaron consignas como “Templarios 100%” en sus ropas. Las
marchas fueron convocadas para protestar supuestos abusos de las fuerzas
federales contra la población local, incluidos tiroteos y revisiones
injustificadas.
El general Manuel García, secretario de
Seguridad Pública de Michoacán, afirmó que los carteles pagaron a la gente para
que protestase.
Y si están dispuestos a pagar para que
participen en marchas –García dice que el cartel controla a la gente “ya sea
por dinero o por miedo”— también podrían estar dispuestos a pagar u ordenar a
la gente que vote por determinado candidato.
Noviembre/11/2011
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