Lupa ciudadana sobre
LOS AGUIRRE
Por
Rodrigo Huerta Pegueros*
Cada
sexenio que se inaugura—cuando menos en el estado de Guerrero—la lupa ciudadana se ubica sobre la figura principal
del gobierno que representa al jefe del ejecutivo—en este caso—estatal.
Los
apellidos, casi en forma mágica se convierten en una especie de ‘’marca’’ o ‘’blasón’’
y la familia que lo ostenta se ganan el mote de ser parte de una ‘’dinastía’’
como en los viejos tiempos de las monarquías. No en balde a los gobernadores de
la República Mexicana se les menciona en diferentes ámbitos como ‘’virreyes’’ quienes
se convierten en amos de vidas y haciendas.
De modo que, en este nuevo sexenio inaugurado
el pasado mes de Abril, el apellido Aguirre
tuvo esas y otras más connotaciones que han sido en forma repetitiva mencionadas
en espacios periodísticos y en otros medios de comunicación audiovisuales.
El
gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero lo sabe y sabe bien que estos
señalamientos no son ociosos sino que responden a las nuevas formas de
participación ciudadano en temas que tienen que ver con la ley en materia de
servidores públicos y las de transparencia.
Por ello,
cuando se menciona que en la actual administración estatal el apellido Aguirre se repite en forma continua en
distintos funcionarios públicos del círculo cercano, ha tenido a bien recordar
a su líder político y mentor, el ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado,
quien al ser requerido por los periodistas sobre el mismo tema, decía que no tenía él la culpa de haber sido electo
gobernador años después de que sus hermanos o familiares se desempeñaban ya
como funcionarios públicos.
Sería
un despropósito, reiteraba una y otra vez el ex gobernador Cervantes Delgado,
que por llegar a la gubernatura tenían ellos (sus parientes) de prescindir de
sus labores que habían venido desempeñando durante varios lustros. Y con estas
respuestas, el ex gobernador cerraba el capítulo que le provocaba escozor, como
sin duda también hoy, le ha de causar al gobernador Aguirre cuando se le hace
la misma pregunta, una y otra vez.
Hace
unos días atrás, en el diario El Sur
que se edita en Acapulco, se mencionó que el hermano del gobernador Aguirre, de
nombre Carlos Mateo Aguirre Rivero, es el típico caso del nepotismo sexenal,
pues se le designó dentro del llamado ‘’gabinete simplificado’’ como
coordinador general del ejecutivo estatal.
El
nombramiento en sí no nos dice más que su hermano se presta a ayudarle a
coordinar el trabajo que realiza y quizá a dar solución a los problemas que se
le presentan. En este punto, el nombramiento que ostenta es lo de menos, el
hecho en sí, es que su hermano de sangre no debiera ejercer dicha posición.
La
verdad es que la aplicación de la ley en la materia es difícil de instrumentar,
particularmente cuando no existe una sola denuncia formal en los tribunales que
tienen que ver con dicha violación a las leyes de los servidores públicos al
servicio del Estado. Y como no sucede esto, pues no se abre juicio y solo queda
como una anécdota periodística.
Pero la
pregunta es ¿que tan válido es que un gobernante haga uso de sus familiares
para que lo ayuden a llevar a buen puerto a la entidad que gobierna? Quizá la
respuesta sea la de la confianza, más allá de la lealtad, la que necesita un
gobernante de otras personas para poder depositar en ellos las
responsabilidades del cargo que ostentan. Pero en descargo, se puede decir que
el ejecutivo no dio una posición relevante a ninguno de sus familiares. Son
puestos donde el mandatario requiere de personal fiable y que le den los
resultados que espera. Sin embargo, en política, no todo lo que se ve es real y
por ello son los cuestionamientos que se
le hacen al gobernador guerrerense.
Lo que
si podemos decir también es que no todos los que se apellidan Aguirre son
parientes o llevan la misma sangre en las venas. El apellido puede ser mera
coincidencia y esto lo decimos porque en un breve vistazo que le dimos al
directorio oficial del gobierno del estado de Guerrero solo pudimos constatar
que son menos de 15 las personas que llevan el apellido ‘’real’’ y no todos suponemos
son parientes.
Y
podríamos mencionar a Juan Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien funge como
coordinador general de proyectos estratégicos del gobernador o Luis Ángel
Aguirre Pérez quien es su secretario adjunto; Luz del Carmen Reyna Aguirre,
directora general de relaciones públicas; Rosalinda Aguirre Rivero, directora
general del sistema DIF; Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de gobierno de
desarrollo político; Oscar Aguirre Morga, director general de administración y
finanzas; Santiago Ernesto Aguirre Cámara, subsecretario de planeación
educativa; Miguel E, Aguirre Pérez, director de eventos especiales; Martín Mora
Aguirre, director general de fomento tecnológico; Arturo García Aguirre,
director general de recursos naturales; Irma Aguirre Pérez, directora general
de institucionalización del enfoque de género; y Blanca Estela Reina Aguirre,
directora del centro cultural Acapulco, entre otros.
Como se
puede ver, el apellido Aguirre está ahí, pero no tan a menudo como se pensaría
sucedería en una administración nepotista. Y deberíamos también de aplicar la
máxima de los abogados de darle al gobernador ‘’el beneficio de la duda’’ pues
sería saludable que los arriba apuntados pudieran deslindarse del parentesco
directo con el mandatario a fin de poner en su exacta dimensión el número real
de familiares que están colaborando en el actual gobierno estatal.
Con
esto no queremos decir que estamos de acuerdo con el nepotismo, pero sí de que
no se puede prohibir a nadie trabajar por el solo hecho de ser consanguíneo del
titular de la dependencia.
Hoy,
quizá la lupa ciudadana la deberíamos colocar en otro lugar.
O sea, en los funcionarios públicos que han desviado los recursos
presupuestales con fines partidistas o electoreros como ha sido el caso
denunciado durante las pasadas elecciones internas del PRD, en donde más de un
funcionario del primer nivel ha sido acusado de malversar fondos públicos.
Ahí es
donde debemos demandar que el gobierno estatal se deslinde y ponga a cada quien
en su lugar. Para ello tiene al controlar general Julio César Hernández
Martínez, a quien ciertamente no le temblará la mano para descubrir los malos
manejos que se han hecho con los recursos públicos o desmentir a quienes han
lanzado las acusaciones. Una u otra cosa deben hacer los del gobierno para
quitarse de encima el lodo que les han aventado sus propios compinches.
Y
también la lupa ciudadana debe estar
puesta en los actos de corrupción que en forma escandalosa se dieron a conocer
a la opinión pública con el descubrimiento de los malos manejos que en los
penales de Guerrero están haciendo los funcionarios designados por el
gobernador.
A estos
funcionarios se les debe aplicar la ley y no hacer como si se les castigará y
el tiempo los cubre con el velo del olvido y nada pasa como ocurrió en meses
pasados cuando otras violaciones a la ley se cometieron en el mismo penal de
Acapulco.
¿Quiénes
son los culpables directos de tanta corrupción. Quienes solaparon que el penal
de Acapulco se convirtiera en una especie de isla paradisiaca en donde la venta
de estupefacientes estuviera al orden del día y que los mas altos deseos de los
presos pudientes se les cumplían con el consabido pago por servicios?
La lupa ciudadana no debe desmayar, debe
seguir siendo una fiel acompañante de los actos de gobierno y no desmayar en el
propósito de coadyuvar a que las cosas se corrijan en Guerrero y que los
funcionarios públicos sean realmente servidores del pueblo y no viles
mercenarios del ejercicio del poder.
Periodista y Analista Político*
observar@gmail.com
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