CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- A
casi seis años de su creación, la Fiscalía Especializada de Chiapas para la
investigación de delitos en el caso Acteal presentó un informe en el que
responsabiliza penalmente al ex presidente Ernesto Zedillo de la matanza de 45
indígenas tzotziles en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997.
El documento es base de la demanda que
presentaron en septiembre pasado, en Estados Unidos, abogados de los familiares
de 10 de las víctimas en contra de Zedillo, a quien reclaman por la vía civil
la reparación del daño.
A lo largo de 126 páginas, el informe argumenta
que el ex mandatario y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz,
así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, son penalmente responsables
de los homicidios por omisión impropia conspirativa, pues tuvieron información
para impedir la matanza desde un año antes y no lo hicieron.
Señala además que la masacre fue resultado de
una política de contrainsurgencia, denominada Plan de Campaña Chiapas 94, que
fue aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez,
diseñada y puesta en marcha por la administración de Zedillo para enfrentar al
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que incluyó el fomento a la
creación de grupos paramilitares.
“Ambos funcionarios (Zedillo y Sáenz)
incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los
hechos: antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya
que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos
que se les hicieron sobre la inminente matanza”, dice el reporte.
La Fiscalía determinó la responsabilidad penal
de Zedillo y Sáenz, así como de Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR al
ocurrir la masacre, a partir de testimonios ministeriales, entre ellos el del
entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y otras pruebas
documentales y periodísticas que refieren la existencia del Plan de Campaña
Chiapas 94.
Según el informe, dicho plan, del cual tiene una
copia la Fiscalía, tenía el objetivo central de destruir o desorganizar las
unidades regulares, comandos y guerrillas locales del EZLN.
El plan dice también que “ejercerá dirección,
coordinación y control sobre todas las fuerzas de seguridad pública haciéndolas
responsables de la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o
control de las organizaciones de masas”, señala el informe al detallar la
supuesta guerra de baja intensidad que emprendió Zedillo contra el EZLN.
“En medio de instrucciones muy específicas sobre
otros temas, el documento desliza el siguiente señalamiento: ‘las operaciones
militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para
que participen en los programas de seguridad y desarrollo’ , lo que comprobaría
definitivamente la hipótesis de formación y entrenamiento de grupos
paramilitares desde el gobierno”, destaca el informe.
De acuerdo con la evidencia recopilada a lo
largo de casi seis años, la Fiscalía concluye, además, que los gobiernos
federal, estatal y local tenían conocimiento sobre la posibilidad de que
ocurrieran hechos de violencia desde al menos un año antes de la masacre, que
costó la vida a 45 integrantes de la sociedad civil Las Abejas.
Sin
culpables, tras 14 años
A casi 14 años de la matanza de Acteal, ésta
sigue sin esclarecerse totalmente, además de que se han diluido las
responsabilidades fincadas inicialmente por la PGR, que nunca incluyeron a
servidores públicos de primer nivel de los gobiernos federal y estatal, sino a
83 indígenas tzotziles y a unos cuantos funcionarios de segundo o tercer nivel
del gobierno chiapaneco.
La versión oficial de la masacre, difundida por
la PGR el 19 de noviembre de 1998 en el llamado Libro blanco sobre Acteal, fue
la de un enfrentamiento entre comunidades rivales, derivada de conflictos
limítrofes y disputas sobre la propiedad de bienes comunales, como el banco de
arena de Majomut.
La confrontación se habría intensificado en el
contexto de añejas diferencias religiosas entre católicos y evangélicos,
sumadas a las fricciones generadas en las comunidades por la presencia del
EZLN.
El informe de la fiscalía chiapaneca destaca que
el gobierno federal consideró los hechos del 22 de diciembre de 1997 como el
resultado de un conflicto intra e intercomunitario.
“Esta versión descarta que Acteal forme parte de
la lógica mayor del tenso ambiente político chiapaneco de aquellos años: fue un
incidente aislado, cuyos móviles se cifran esencialmente en los conflictos
tradicionales entre comunidades tzotziles. Así se da a entender en los
diferentes documentos y pronunciamientos como el Libro blanco de la PGR y los
posicionamientos oficiales”, señala el documento.
La mayoría de los indígenas inicialmente
acusados han salido de prisión luego de un juicio de casi 12 años que llegó a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que la PGR había
fabricado evidencias y aportado pruebas falsas e ilegítimas, por lo que el 13
de agosto de 2009 amparó a 26 de ellos, ordenando la inmediata libertad de 20.
En el caso de los seis restantes, el máximo
tribunal ordenó la reposición del proceso, para que se les dicte una nueva
sentencia tomando en cuenta sólo las pruebas que no se consideraron ilícitas.
Otros han ido obteniendo su libertad mediante incidentes de reconocimiento de
inocencia, con base en los criterios que estableció la Corte en agosto de 2009.
El 5 de noviembre de ese año, la Primera Sala de
la Corte ordenó, por cuatro votos contra uno, la libertad absoluta e inmediata
de otros nueve acusados por la matanza; a 16 más les otorgaron “amparos para
efectos”, a fin de que un tribunal unitario determine su situación jurídica,
tomando en cuenta exclusivamente pruebas lícitas, y desechó seis demandas de
amparo.
Entre los indígenas sentenciados se encuentran
cinco autores confesos de la matanza, quienes declararon a la Fiscalía Especial
que fueron nueve solamente los que atacaron el campamento de Las Abejas, en
venganza por los 18 muertos que ya había cobrado en su grupo la confrontación.
Cuatro autores materiales, señalados por sus
compañeros presos, no han sido detenidos. Ellos son: José Mucio Vázquez Luna,
Julio López Hernández, Agustín López Hernández y Agustín Santiz López.
El 22 de diciembre de 2008, el ministerio de
Justicia de Chiapas detuvo a Antonio Santiz López, acusado de ser autor
intelectual de la matanza y de ser el principal proveedor de las armas con las
que integrantes de la comunidad de Los Chorros atacaron a los miembros de Las
Abejas el 22 de diciembre de 1997.
Santiz López ya había sido absuelto en 2001 por
tribunales federales de la responsabilidad penal de la masacre, debido a las
deficientes pruebas de cargo presentadas en su momento por la PGR, pues la
acusación se formuló en contra de Antonio López Santiz, de 50 años, y el
inculpado demostró que se llama Antonio Santiz López y que tenía 55 años, por
lo que fue exonerado de los ilícitos de homicidio, lesiones calificadas y
portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La nueva detención fue resultado del trabajo de
la Fiscalía especial, pero Santiz López sólo pudo ser acusado de delitos
previos a la masacre (daños y robo con violencia a integrantes de la sociedad
civil Las Abejas), y enfrentó el proceso en libertad bajo fianza.
La Fiscalía lo señaló como el líder de un grupo
civil armado en la comunidad de Los Chorros, que formó para hacer frente a
presuntos asaltos del EZLN, organizando una colecta para comprar armas y
detener el avance de los zapatistas, que habían constituido el Concejo Autónomo
de Polhó y establecido un gobierno autónomo dentro del territorio del municipio
de Chenalhó.
Los
acusados
Tras una serie de peritajes y de 328
declaraciones en las que se señalaba como presuntos responsables a 267
personas, la PGR determinó acusar penalmente por la masacre a 145 (128 civiles,
de los cuales 83 eran indígenas tzotziles, y 15 oficiales de seguridad pública
local), según el informe de la fiscalía.
De los 83 indígenas sujetos a proceso, seis
fueron exonerados luego de pasar ocho años en prisión y uno murió en la cárcel.
Los 76 restantes fueron condenados a 28 y 36 años de cárcel en los dos juicios
que llegaron a la Corte, donde se ordenó la liberación de 29. Otros 24 purgan
condenas de 36 años con tres meses de prisión y el resto aguarda sus
sentencias, de acuerdo con el informe.
También fueron procesados y condenados a ocho
años de prisión 15 servidores públicos, por los delitos de homicidio y lesiones
por omisión, acusados de no cumplir con su deber de salvaguardar la integridad
de los indígenas el día de los hechos.
Además de ellos, también fueron acusados
penalmente y condenados a prisión 11 agentes de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal, por haber permitido que civiles portaran armas en días previos
a la masacre.
Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de
Chenalhó, fue la autoridad que recibió la sentencia mayor: 36 años y tres meses
de prisión, en contra de la que promovió un amparo directo.
El ex presidente Zedillo, su secretario
particular Liébano Sáenz y el ex procurador Jorge Madrazo, así como el ex
gobernador Julio César Ruiz, no fueron acusados por la PGR, pese a que tanto
familiares de las víctimas como organizaciones indígenas y de derechos humanos
los han señalado durante estos 14 años como responsables de la masacre.
El escándalo derivado de la matanza provocó la
renuncia del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, quien
actualmente es presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Chuayffet, en su declaración ministerial del 20
de diciembre de 2008, rendida en Toluca, Estado de México, refirió “que el
gobierno federal, y por necesidad su titular, el presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León, conocieron hasta con más de un año de anticipación, por lo
menos, que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante
intensificación”, destaca el informe.
“Esto porque la información no sólo llegaba al
Presidente mediante conductos como el CISEN, sino que de hecho buena parte de
esta información era totalmente pública y conocida, siendo que la situación fue
reportada, investigada y documentada también por los medios de comunicación”,
precisa el documento.
“La información estaba ahí desde el primer
semestre de 1997, y sirvió para intensificar las medidas de conciliación,
respuesta a los problemas sociales y reinstauración del Estado de derecho de
las que ya hablé”, dijo en su testimonio el ahora diputado, quien reconoció la
gestación de la matanza en otro apartado de su declaración.
“El conflicto de Chenalhó comenzó a gestarse
mucho tiempo antes de las noticias del obispo Vera y de la propia matanza de
Acteal: desde febrero de 1996 y, en su espiral más violenta, desde mayo de
1997.
“Todos los funcionarios federales compartíamos
esa información, y las de las circunstancias que la rodeaban, y en las
distintas instancias de coordinación para los asuntos de Chiapas, toda esa
información era la base para la adopción de decisiones: proteger la seguridad
de las personas, restaurar el Estado de derecho”, detalló.
Del testimonio de Chuayffet la fiscalía también
deriva las responsabilidades de Liébano Sáenz y Jorge Madrazo. En el caso del
primero, al incluir en la investigación la grabación, validada pericialmente,
de una conversación telefónica del propio ex secretario de Gobernación, que
refiere la influencia del secretario particular del presidente en las
decisiones de gobierno.
En la conversación, Chuayffet confirma haber
entregado a Zedillo la carta en la que el obispo coadjutor Raúl Vera exponía la
gravedad de la situación en Chiapas, aclarando que “ya no me dio instrucciones,
no me dice qué haga, nada, nada, nada”.
Su interlocutor afirma que Liébano Sáenz “quiere
manejar las cosas como pasó en Aguas Blancas para echarle la culpa al
gobernador. Esto lo podríamos entender como que sigue operando para Ernesto”,
dice.
Chuayffet responde “por supuesto que sigue
trabajando. Ahora tiene un centro estratégico y es asesor”, y más adelante
asegura a su interlocutor que Liébano hacía las funciones de secretario de
Gobernación.
“Se metió en todo, Liébano y Salomón se
enteraban antes que (Esteban) Moctezuma de las cosas, luego al final lo
hicieron conmigo […] Entonces me enteraba yo a posteriori. Y CISEN le reportaba
primero a él cuál era el caso y Zedillo ni modo que..., yo creo que un
presidente no puede dejar de saber todas esas cosas”, afirma.
“De lo anterior se puede coligar que existía una
percepción generalizada en la gran influencia que ejercía el secretario
particular de la Presidencia de la República, Liébano Sáenz Ortiz. Se ha
intentado no relacionarlo con los hechos de la masacre de Acteal, en la cual
tiene una gran responsabilidad, igual a la de Ernesto Zedillo, por el poder que
tenía en ese momento”, sostiene el informe de la fiscalía.
Fuente: El
Universal
Octubre/26/2011
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