CHILPANCINGO.- La Delegación Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que los 18 trabajadores que se están dando de baja, varios de estos han sido acusados por la población de incurrir en irregularidades y se les sigue un proceso administrativo y anunció que se interpondrá una demanda penal ante la PGR, contra los empleados que tomaron el edificio
Marcos Efrén Parra Gómez, delegado de la Sedesol en el estado, dijo que es incongruente que con el argumento de defender derechos se afecten los de terceras personas, en este caso, los de las personas que se trasladan diariamente para entregar sus solicitudes de ingreso a los diferentes programas que opera la Secretaría desde las siete regiones del estado y que no pudieron ser atendidos al haberse negado el acceso a la Delegación y a la Subdelegación al personal que en estas oficinas laboran.
Parra Gómez, quien la mañana de ayer intentó llegar a un acuerdo con el secretario general del sindicato Jesús Edy Flores López para que realizaran su protesta pero dejaran trabajar al demás personal para no afectar a los ciudadanos que acuden a realizar sus tramites, recordó que la toma de oficinas públicas es un delito por lo que el área jurídica de la Delegación perfecciona una demanda de tipo penal que en breve presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El conflicto por el que trabajadores sindicalizados tomaron varias delegaciones surge a partir de que en Hidalgo, una carta que una beneficiaria del Programa de Estancias Infantiles entregó, en la que manifiesta su inconformidad por el trato discriminatorio a su hijo con capacidades diferentes, la Delegación federal decidió separar de su cargo a quien incurrió en esa falta. A partir de ahí se han suscitado una serie de presiones a la representación de la Sedesol federal para apoyar a dicho empleado.
Sin justificación alguna, un grupo de personas tomó y ocupó, en días pasados, las instalaciones de la Sedesol federal en el estado.
Ante la agresión contra sus instalaciones y sus empleados, la Delegación de la Sedesol federal acudió ante las autoridades correspondientes para evitar se detuvieran las entregas de los apoyos que se otorgan a miles de familias hidalguenses.
La Procuraduría General de la República detuvo a 18 personas por los delitos de motín y obstrucción del servicio público, mismos que fueron puestos a disposición de un juez federal.
“La Sedesol federal reitera su disposición al diálogo, pero manifiesta que no acepta presiones para reinstalar a quien no tenga el perfil ni la sensibilidad para tratar, especialmente, a niños con algún tipo de discapacidad”, dijo.
“Asimismo reitera que no puede permitir que un reducido grupo de personas entorpezca la atención a los beneficiarios”.
Sobre las declaraciones que por separado dio a representantes de los medios de comunicación el empleado de confianza del Programa de Atención a Zonas Prioritarias, Cristian Santiago Nolasco, negó que esta persona haya sido despedida por alguna actitud discriminatoria y explicó que dicho trabajador es señalado por el secretario delegacional de la comunidad de Portezuelo del Clarín, municipio de Iliatenco, de haberle solicitado la cantidad de 3 mil pesos para beneficiar a esa población con una dotación de láminas, por lo cual se sigue un procedimiento en su contra.
Marcos Efrén Parra Gómez, delegado de la Sedesol en el estado, dijo que es incongruente que con el argumento de defender derechos se afecten los de terceras personas, en este caso, los de las personas que se trasladan diariamente para entregar sus solicitudes de ingreso a los diferentes programas que opera la Secretaría desde las siete regiones del estado y que no pudieron ser atendidos al haberse negado el acceso a la Delegación y a la Subdelegación al personal que en estas oficinas laboran.
Parra Gómez, quien la mañana de ayer intentó llegar a un acuerdo con el secretario general del sindicato Jesús Edy Flores López para que realizaran su protesta pero dejaran trabajar al demás personal para no afectar a los ciudadanos que acuden a realizar sus tramites, recordó que la toma de oficinas públicas es un delito por lo que el área jurídica de la Delegación perfecciona una demanda de tipo penal que en breve presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El conflicto por el que trabajadores sindicalizados tomaron varias delegaciones surge a partir de que en Hidalgo, una carta que una beneficiaria del Programa de Estancias Infantiles entregó, en la que manifiesta su inconformidad por el trato discriminatorio a su hijo con capacidades diferentes, la Delegación federal decidió separar de su cargo a quien incurrió en esa falta. A partir de ahí se han suscitado una serie de presiones a la representación de la Sedesol federal para apoyar a dicho empleado.
Sin justificación alguna, un grupo de personas tomó y ocupó, en días pasados, las instalaciones de la Sedesol federal en el estado.
Ante la agresión contra sus instalaciones y sus empleados, la Delegación de la Sedesol federal acudió ante las autoridades correspondientes para evitar se detuvieran las entregas de los apoyos que se otorgan a miles de familias hidalguenses.
La Procuraduría General de la República detuvo a 18 personas por los delitos de motín y obstrucción del servicio público, mismos que fueron puestos a disposición de un juez federal.
“La Sedesol federal reitera su disposición al diálogo, pero manifiesta que no acepta presiones para reinstalar a quien no tenga el perfil ni la sensibilidad para tratar, especialmente, a niños con algún tipo de discapacidad”, dijo.
“Asimismo reitera que no puede permitir que un reducido grupo de personas entorpezca la atención a los beneficiarios”.
Sobre las declaraciones que por separado dio a representantes de los medios de comunicación el empleado de confianza del Programa de Atención a Zonas Prioritarias, Cristian Santiago Nolasco, negó que esta persona haya sido despedida por alguna actitud discriminatoria y explicó que dicho trabajador es señalado por el secretario delegacional de la comunidad de Portezuelo del Clarín, municipio de Iliatenco, de haberle solicitado la cantidad de 3 mil pesos para beneficiar a esa población con una dotación de láminas, por lo cual se sigue un procedimiento en su contra.
Fuente: ANG
Julio/12/2011
www.libertadguerrero.net
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