Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (26/Mayo/2026).- El Congreso del
Estado solicitó a las autoridades municipales y, en su caso, a los organismos
operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que remitan a esta
Soberanía un diagnóstico integral de las principales problemáticas hídricas, a
fin de contar con elementos técnicos para el análisis y armonización del marco
jurídico estatal con la Ley General de Aguas y demás ordenamientos aplicables
en la materia, así como fortalecer las acciones legislativas encaminadas a
garantizar el derecho humano al agua.
Esto a propuesta del diputado Alejandro Carabias
Icaza, quien argumentó que además de los retos que se presentan en diversos
municipios para garantizar este derecho,
se suman los efectos del cambio climático, la variabilidad
hidrometeorológica, el crecimiento urbano desordenado y la creciente presión
sobre los acuíferos y cuerpos de agua superficiales; factores que incrementan
la vulnerabilidad hídrica de los municipios guerrerenses y dificultan la
prestación de los servicios públicos relacionados con el agua.
Por estas razones, y para armonizar la legislación
estatal con los principios y directrices nacionales en materia hídrica —de modo
que el Congreso cuente con elementos suficientes para los trabajos
legislativos—, señaló que es indispensable disponer de un diagnóstico integral
sustentado en información oficial, el cual deberá ser enviado por los 84
ayuntamientos y el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres.
El diagnóstico deberá ser entregado en un plazo de
60 días y contará con información técnica, operativa, administrativa y
financiera sobre la cobertura y continuidad de los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado y saneamiento; el número de usuarios de los servicios;
infraestructura hidráulica existente y estado de los sistemas de captación,
conducción, almacenamiento, distribución y tratamiento de aguas residuales; fuentes
de abastecimiento de agua actuales y potenciales, así como la calidad del vital
líquido y los mecanismos de monitoreo y control sanitario.
Asimismo, deberá incluir el tratamiento,
disposición y, en su caso, reúso de aguas residuales; zonas con problemática de
desabasto, intermitencia o limitada cobertura de los servicios; capacidad
técnica, administrativa y financiera de los organismos operadores o áreas
responsables de la prestación de los servicios; recursos humanos, materiales y
financieros destinados a los mismos; riesgos hidrometeorológicos, sociales,
ambientales o de contaminación que afecten la operatividad; programas,
proyectos y necesidades prioritarias de inversión en la materia; e información
necesaria para la planeación estratégica, evaluación y fortalecimiento de los
servicios públicos relacionados con el agua.
Para los organismos operadores de agua, además, se
deberá agregar a dicho diagnóstico: estados financieros (balance general y
estado de resultados) de los últimos dos años; plantilla laboral, tanto
operativa como administrativa; modalidad o tipo de contratación del personal;
eficiencia física, recursos humanos y materiales para detectar y atender fugas;
y eficiencia comercial.
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