Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (17/Abril/2026).- El diputado
Alejandro Carabias Icaza propuso reformas y adiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con el fin de establecer la
obligación de incluir análisis de constitucionalidad y convencionalidad en los
dictámenes legislativos.
Asimismo, la propuesta busca facultar a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios para emitir opiniones técnicas de
viabilidad jurídica que reduzcan el riesgo de que las leyes sean invalidadas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la iniciativa, que analiza la Comisión de
Estudios Constitucionales y Jurídicos, el legislador expone que el dictamen no
solo cumple una función formal dentro del procedimiento legislativo, sino que
constituye el espacio en el que se expresan las razones que justifican la
creación, modificación o derogación de normas. Por ello, su contenido debe
responder a los más altos estándares de rigor jurídico.
Señaló que la ausencia de un análisis sistemático
de constitucionalidad y convencionalidad dentro de los dictámenes incrementa el
riesgo de que las disposiciones sean impugnadas y, eventualmente, invalidadas.
Por lo anterior, propone adicionar una fracción al
artículo 256 de dicha ley para establecer, de manera expresa, la obligación de
incluir en los dictámenes un análisis de constitucionalidad, convencionalidad y
armonización normativa. Este análisis deberá verificar la compatibilidad de las
iniciativas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución local, los tratados internacionales, las leyes generales
aplicables y la jurisprudencia obligatoria.
“La incorporación de este elemento permitirá fortalecer
la calidad técnica de los dictámenes, mejorar la coherencia del sistema
jurídico y reducir el riesgo de invalidez de las normas aprobadas. Asimismo,
contribuirá a consolidar un Poder Legislativo más profesional, responsable y
alineado con los estándares del Estado democrático y constitucional”,
puntualizó el legislador.
Finalmente, añadió que la iniciativa se vincula con los principios de buena administración pública, parlamento abierto y transparencia legislativa, en la medida en que promueve decisiones mejor fundamentadas y accesibles para la ciudadanía.
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