Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (25/Marzo/2026).- La diputada
Leticia Mosso Hernández, de la Representación Parlamentaria del Partido del
Trabajo, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los municipios, en
coordinación con los Sistemas DIF municipales y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, a reforzar las estrategias que
garanticen la implementación de mecanismos de atención, gestión y entrega de
aparatos funcionales dirigidos a los sectores en condición de vulnerabilidad
que así lo requieran.
Se plantea la implementación de procedimientos
eficientes, accesibles y libres de cargas administrativas innecesarias, con el
objetivo de asegurar una cobertura amplia, oportuna, equitativa y sin
discriminación, contribuyendo a la inclusión social, la rehabilitación y la
mejora de la calidad de vida de las personas.
Al presentar dicho exhorto, que fue turnado a las
Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Atención a las Personas
con Discapacidad, la diputada señaló que el acceso efectivo a los servicios de
asistencia social constituye un pilar fundamental para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos, particularmente de aquellas personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, indicó que los aparatos
funcionales como sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, prótesis y
auxiliares auditivos representan un elemento indispensable para la
rehabilitación, movilidad y autonomía personal, y que su acceso oportuno no
solo impacta en la salud física de las personas, sino que incide directamente
en su integración social, educativa y productiva.
“El acceso a aparatos funcionales se convierte en
una necesidad urgente para miles de personas que, por condiciones físicas, edad
o estado de salud, requieren de estos apoyos para desarrollar sus actividades
cotidianas. Sin embargo, las limitaciones económicas de las familias, aunadas a
las dificultades de acceso a los servicios institucionales, generan barreras
que impiden que estos apoyos lleguen de manera oportuna a quienes los
necesitan”, expresó.
Aunque reconoció que el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado, en coordinación con los sistemas municipales
DIF, ha realizado esfuerzos importantes para la entrega de apoyos funcionales,
consideró necesario fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar
estrategias integrales que permitan atender de manera más eficaz y equitativa a
la población.
Por ello, propuso mejorar los procesos de gestión,
atención y entrega de estos apoyos, así como hacer más ágiles los trámites para
acceder a los aparatos funcionales, mediante procedimientos simplificados,
accesibles y libres de cargas administrativas, a fin de reducir las barreras de
acceso, especialmente para personas adultas mayores, personas con discapacidad
y habitantes de comunidades rurales e indígenas.
INICIATIVAS
La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó
una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 878 del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Ley de Aprovechamiento y
Gestión Integral de los Residuos, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Guerrero, Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero y la Ley de
Cambio Climático todas del Estado de Guerrero, para armonizar la legislación
ambiental estatal consolidando la transición definitiva de la antigua
Procuraduría de Protección Ecológica hacia la actual Procuraduría de Protección
Ambiental del Estado de Guerrero, garantizando certeza jurídica, evitando
vacíos normativos y fortaleciendo sus facultades de inspección, vigilancia y
sanción. Fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo
Sustentable y Cambio Climático.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena)
presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, para
reconocer el valor probatorio de las constancias emitidas por autoridades
comunitarias, parteras tradicionales, testimonios de integrantes de la
comunidad u otros medios de prueba idóneos, así como flexibilizar los
requisitos para el registro de nacimientos y defunciones en comunidades
indígenas y afromexicanas, garantizando el acceso efectivo al derecho a la
identidad con un enfoque intercultural. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó
una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la
Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Guerrero y se reforma el artículo 218 de la Ley de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, a fin de que se erradiquen los
tiraderos a cielo abierto mediante la definición de este concepto, el
fortalecimiento de las facultades de la autoridad ambiental para su clausura y
la asignación de responsabilidades a los municipios para su saneamiento,
garantizando la protección al medio ambiente y la salud pública. Fue turnada a
la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó una iniciativa para adicionar el artículo 351 Bis al Código Civil del Estado de Guerrero, con el objetivo de garantizar el respeto pleno a la identidad y expresión de género de las personas transgénero, incluso después de su fallecimiento. La propuesta plantea establecer un mecanismo legal que evite su revictimización y la negación de su identidad en la expedición del acta de defunción, asegurando así el reconocimiento digno y conforme a sus derechos humanos. El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros se adhirió a dicha iniciativa. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó una iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 59, se adiciona un artículo 59 Bis, se reforma el artículo 273 y las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al artículo 279 de la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero, para fortalecer la regulación de los servicios de salud privados, estableciendo la obligación de contar con Unidades de Cuidados Intensivos, así como reforzar los mecanismos de supervisión y responsabilidad sanitaria, para garantizar una atención médica oportuna, segura y de calidad. Fue turnada a la Comisión de Salud.
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