Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (15/Marzo/2026).- La diputada
Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista presentó una iniciativa para reformar el
artículo 5 y adicionar una fracción VIII al artículo 4 de la Ley Número 838 de
Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer
explícitamente a las y los migrantes guerrerenses en retorno como población
prioritaria, así como fortalecer la protección de sus derechos mediante el
principio de no criminalización.
La legisladora informó que en 2025 Guerrero recibió
3 mil 396.4 millones de dólares en remesas, una cifra histórica que evidencia
la relevancia de las y los migrantes para la economía estatal, donde estos
recursos representan un apoyo fundamental para miles de hogares y comunidades.
No obstante, señaló que el actual contexto migratorio en Estados Unidos ha
generado condiciones más complejas para esta población, con un incremento de
operativos y detenciones, además de nuevas disposiciones que encarecen el envío
de remesas.
Agregó que, debido a ello, el retorno de personas
migrantes guerrerenses a la entidad ha aumentado en los últimos años, lo que
plantea nuevos retos para las instituciones estatales y municipales en materia
de atención, acceso a servicios, regularización documental, salud, educación y
reinserción laboral. Por ello, consideró indispensable actualizar el marco
jurídico estatal para responder a esta realidad con un enfoque de derechos
humanos.
La iniciativa propone reformar el artículo 5 de la
Ley de Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero para establecer de
manera expresa que las personas migrantes guerrerenses en retorno sean
consideradas población prioritaria en las políticas públicas, acciones y
asignación presupuestaria del Estado, especialmente cuando se encuentren en
situación de vulnerabilidad o desventaja.
Asimismo, plantea adicionar al artículo 4 el
principio de no criminalización de las personas migrantes, mediante el cual se
establece que ninguna autoridad estatal o municipal podrá considerar la
condición migratoria —regular o irregular— como elemento único para presumir la
comisión de delitos o faltas administrativas, ni para justificar actos de
molestia o discriminación.
La diputada Eguiluz Bautista recalcó que estas
reformas no buscan sustituir las competencias federales en materia migratoria
ni limitar las funciones de seguridad pública, sino brindar mayor certeza
jurídica a las autoridades estatales y municipales, asegurando que cualquier
intervención se base en criterios legales y objetivos, evitando prácticas
discriminatorias o de perfilamiento por condición migratoria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención
a Migrantes para su análisis y dictaminación.
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