Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (8/Marzo/2026).- El diputado
Jesús Parra García presentó una iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis
denominado “De la violencia contra las Personas Adultas Mayores” a la Ley 375
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, con el fin de que
se reconozca y defina de manera expresa la violencia ejercida contra este
sector de la población, se clasifiquen sus distintas modalidades y se
establezcan obligaciones claras para su prevención, atención, sanción y
erradicación por parte de las autoridades estatales y municipales.
Al exponer el tema, el diputado señaló que la
violencia contra las personas adultas mayores no es un asunto privado, sino una
violación directa a la dignidad humana. Por ello, no se trata únicamente de
reformar una ley, sino de trazar una línea ética y jurídica que impida la
indiferencia, el maltrato, el abandono, el despojo y la humillación hacia quienes
han contribuido al desarrollo de la sociedad.
Recordó que la violencia no sólo se manifiesta en
agresiones físicas, sino también en maltrato psicológico, abuso patrimonial y
económico, violencia sexual, retención de documentos, despojo de pensiones y
abandono; conductas que con frecuencia ocurren en el ámbito familiar o en
espacios que deberían brindar protección.
Aclaró que, aunque la Ley Número 375 contiene
principios relevantes, actualmente no define de forma clara la violencia contra
las personas adultas mayores ni clasifica sus tipos, lo que dificulta la
identificación de los casos y la actuación oportuna de las autoridades.
Por ello, la iniciativa propone incorporar una
definición amplia de violencia como cualquier acción u omisión que cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, e incluso la
muerte, tanto en el ámbito público como privado. También incluye una cláusula
abierta para abarcar otras formas análogas; establece la obligación de las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el estado para prevenir,
investigar, atender y sancionar estos actos, además de facultar a cualquier
persona para presentar denuncias.
Asimismo, busca armonizar el marco jurídico estatal
con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador, los Principios de las
Naciones Unidas y la legislación federal en la materia, para garantizar que la
vejez en Guerrero sea sinónimo de respeto, protección y dignidad, y no de
miedo, abuso o silencio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a los Adultos Mayores para su trámite legislativo.
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