Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (21/Enero/2026).- La diputada
Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se
exhorta a los 84 ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a la
elaboración, o en su caso actualización y difusión a través de medios
electrónicos y digitales del Reglamento Interno de los Órganos de Control
Interno Municipales, con el objetivo de garantizar la eficiencia, eficacia y
legalidad en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones establecidas en la
legislación vigente, detallando su estructura, procedimientos y manuales de
operación, con el fin de garantizar que sus actuaciones se realicen con
eficiencia, objetividad e imparcialidad, fortaleciendo asi la fiscalización de
los recursos públicos municipales.
En tribuna, la legisladora expuso que la
Constitución Política del Estado reconoce la obligación de las autoridades de
conducirse bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de
cuentas, así como el derecho de las personas a acceder a la información
pública. Además, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado otorga a las
contralorías municipales atribuciones específicas en materia de control
interno, fiscalización, auditoría y responsabilidades administrativas.
Añadió que, para ejercer estas funciones con
certeza jurídica, es indispensable que cuenten con reglamentos internos
vigentes, armonizados y de conocimiento público, como lo señala la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Por ello, consideró necesario este exhorto para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales ya existentes e incentivar las buenas prácticas de gobierno abierto, ya que publicar reglamentos internos no es una concesión, sino una obligación legal y ética que brinda certeza a las y los servidores públicos, además de generar confianza en la ciudadanía.
“Este exhorto tiene como propósito fortalecer la
fiscalización municipal, entendida no solo como una función administrativa,
sino como un derecho de la ciudadanía a que cada peso público sea vigilado,
auditado y ejercido conforme a la ley. Una contraloría con reglas claras y
públicas es una contraloría que puede actuar con mayor independencia, eficacia
y credibilidad frente a la sociedad”, indicó. La propuesta fue turnada a las
Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Transparencia y
Anticorrupción.
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