>>Aprueban diputados locales reducir el porcentaje para proponer leyes o decretos al Poder
Legislativo
Por
Staff de Redacción
CHILPANCINGO, GRO. (03/Julio/2022).-
El Pleno del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes de reforma a la Ley de
Participación Ciudadana del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
para establecer en 0.2 el porcentaje requerido de la lista nominal de electores
vigente en Guerrero para que las y los ciudadanos puedan presentar leyes o
decretos, a través de la iniciativa popular.
Al fundamentar los
dictámenes, derivados de las iniciativas de la diputada Jéssica Ivette Alejo
Rayo, las diputadas Leticia Castro Ortiz y Julieta Fernández Márquez, en su
calidad de presidentas de las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y
Jurídicos y de Participación Ciudadana, respectivamente, externaron que las y
los integrantes de estos órganos legislativos realizaron los análisis
correspondientes a las iniciativas de reforma presentadas por la legisladora
Jessica Alejo Rayo y determinaron aprobarlas porque lo que se pretende es
garantizar el derecho ciudadano y no son violatorias de derechos humanos, ni se
encuentran en contraposición con ningún ordenamiento legal.
La iniciativa ciudadana
es un mecanismo de democracia directa; se trata de la posibilidad amparada en
la Constitución, que consiste en que los ciudadanos del estado puedan presentar
iniciativas de Ley sin ser representantes populares en el Congreso. Dichas
propuestas de Ley deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que
se puedan tomar en cuenta ante el Congreso del Estado, y pueden tratar asuntos
públicos, una reforma de un estatuto o una ley, e incluso una enmienda
constitucional.
Las legisladoras
consideran que el porcentaje de 0.2 por ciento de ciudadanos inscritos en el
Padrón Electoral se considera elevado y constituye un obstáculo para incentivar
la participación ciudadana en los procesos legislativos. Por ello, se considera
necesario reducirlo a una cifra más accesible, en este caso sobre la lista
nominal de electores, que permita a todos los ciudadanos verdaderamente
interesados en impulsar cualquier proyecto de ley o decreto, lograrlo sin mayor
obstáculo jurídico.
Agregaron que la participación ciudadana es un ejercicio democrático activo, propositivo y crítico que da la posibilidad a los grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados o cuyas demandas no han sido atendidas, y es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para atender y dar seguimiento a las propuestas de ciudadanas para construir una posible solución a las problemáticas que afectan la entidad.
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