>>La iniciativa
fue presentada por el diputado perredista Raymundo García Gutiérrez
Por
Staff de Redacción
CHILPANCINGO,
GRO. (08/Junio/2022).- El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado
propuso adicionar el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del
Estado para que, en el caso del personal de instituciones policiales, no
proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones
procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de
separación.
Al
presentar la iniciativa, el coordinador del Grupo Parlamentario, diputado
Raymundo García Gutiérrez, destacó que actualmente la federación, estados y
municipios se han enfrascado en un cúmulo de demandas por parte de elementos
policiacos que han sido dados de baja, alegando que estos procedimientos son
insuficientes y ausentes de las garantías de audiencia y legalidad.
Indicó
que esto origina que los tribunales del ámbito administrativo condenen a las
entidades policiales a pagar prestaciones laborales que terminan siendo una
merma a los recursos públicos, propiamente de los destinados a la seguridad
pública.
Explicó
que a los miembros de las corporaciones de seguridad pública se les considera
como una relación administrativa y no como laboral, por lo que los tribunales a
los que les corresponde resolver son diversos, ya que en la mayoría de las
legislaciones se establecen deberes y organización de su personal, pero es
escasa la normatividad relacionada a los derechos en los casos de terminación
de la relación laboral administrativa.
Resaltó
que la Constitución Política limita o prohíbe al personal que hubiera sido
separado de su cargo, justificado o no, que pueda regresar o ser reinstalado,
ni por mandato de los tribunales administrativos que determinaran que fue
ilegal o sin justificación dicha terminación de servicio; sin embargo, al
reclamar éstos sus derechos o la reparación del daño, es un problema determinar
qué conceptos entraban y cuáles no para su cuantificación y pago, al no existir
suplencia de ninguna legislación.
Por
lo anterior, García Gutiérrez considera que es necesario legislar para la
debida regulación de estos procesos de separación, baja y cese de los elementos
policiales, y a partir de ello mejorarlos, creando un marco jurídico que ayude
tanto a las entidades encargadas de la seguridad pública como a los derechos de
los elementos policiacos.
El
legislador propone, además, especificar que el estado y los municipios sólo
estarán obligados a pagar la indemnización correspondiente, que constará de
tres meses de salario, 20 días por año laborado, y lo que resulte de los
proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de
vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal
acredite que se pactaron expresamente.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso para su correspondiente análisis y dictaminación.
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