>>Ciudadanos
presentan más de 150 quejas por irregularidades en Jóvenes Construyendo el
Futuro; acusan usurpación de identidad, robo de datos personales, moches y
retención de tarjetas bancarias
Por
Staff de Redacción
CIUDAD
DE MÉXICO (29/Abril/2022).- En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes
Construyendo el Futuro (JCF) caben todos: servidores de la nación, funcionarios
de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.
Un
análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió
identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y
obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
En
los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo
de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias
y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores
públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de
capacitaciones, entre otros.
En
2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a
la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a Andrés Manuel López
Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta
marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del
programa federal.
Un
60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores
Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la
administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.
Los
expedientes fueron turnados a la Secretaría de la Función Pública (SFP),
responsable de investigar y de sancionar las posibles irregularidades.
En
la versión pública de las quejas entregadas, la SFP testó el nombre del
ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y cargo del
funcionario. Lo que sí se puede conocer son algunas de las formas en que se llevan
a cabo las irregularidades.
Usurpación de identidad
“Atienda
este aviso, URGENTE RESPUESTA”, se lee en un mensaje de WhatsApp que una
empresaria afiliada a Jóvenes Construyendo el Futuro recibió a finales de 2019.
El texto llegó cuando la propietaria de una estética canina llevaba cuatro meses
capacitando a dos becarios.
La
persona que le envió el mensaje se identificó como “servidora de la nación”, y
la amenazó con dar de baja su negocio del programa. Para no hacerlo le exigió
la ficha de alta y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave.
Accedió.
Un
par de semanas después, la veterinaria intentó ingresar a la plataforma de JCF
pero su correo electrónico y contraseña habían sido modificados. Cuando logró
recuperar su cuenta descubrió que el nombre del tutor, el teléfono, correo
electrónico y domicilio habían sido cambiados.
Con
su mismo RFC y registro la estética canina pasó de capacitar a cinco becarios a
convertirse en una agencia de diseño gráfico con cabida para 75 jóvenes.
“Hay
una empresa distinta dada de alta en el programa con mi RFC. Lo anterior además
de resultar una indebida utilización de mis datos personales, también implica
un indebido ejercicio de los recursos públicos y corrupción”, expuso la afectada
en la denuncia de hechos.
Casos
similares son relatados en 16 quejas que acusan usurpación de identidad,
amenazas y hostigamiento presuntamente cometidos por “servidores de la nación”
y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
“En
mi negocio se presentó un representante del programa. Me preguntó cuántos
jóvenes tienes, yo le contesté que tres, él me dijo que necesitaba darle mil
pesos por cada uno, si no me daría de baja. No le tomé importancia, pero hoy me
llegó un correo que mi empresa fue dada de baja, no sé qué hacer, espero me
puedan ayudar”, se narra en otra denuncia del 12 de junio de 2020.
La
usurpación de identidad no fue exclusiva de las empresas. Destacan historias de
personas a quienes les robaron sus datos personales para registrarlos en
Jóvenes Construyendo el Futuro sin que estuvieran enterados.
Así
le ocurrió a un universitario de San Diego de la Unión, Guanajuato, quien fue
contactado por una asociación civil que le prometió mil pesos mensuales para
sus gastos de traslado.
Para
recibir el supuesto apoyo el estudiante entregó su acta de nacimiento, Clave
Única de Registro de Población (CURP), credencial de elector y un número de
celular. Luego lo agregaron a un grupo de WhatsApp en donde había otras 32
personas, ahí se les explicó que recibirían una tarjeta bancaria con mil pesos
mensuales. Además, la asociación les iba a retener la tarjeta de pago para
llevar un “estricto control”. Él no relacionaba este dinero con el programa
juvenil.
Pero
el argumento para asegurarles las tarjetas no le dio confianza al universitario
y no aceptó el apoyo. Tiempo más tarde, al realizar otro trámite ante el IMSS,
descubrió que llevaba tres meses afiliado a JCF, a pesar de ser estudiante y no
cumplir con el principal requisito del programa: no estudiar ni trabajar.
“Busqué
información en internet de JCF e intenté registrarme, pero me salió una leyenda
que decía que ya estaba registrado. Yo desconocía que era beneficiario y no he
recibido ningún beneficio”, narró el universitario que acudió ante el Órgano
Interno de Control de su municipio.
Los
sistemas de fraude al programa se corroboraron con entrevistas a jóvenes que
han sido becarios del programa federal.
Piden moches
El
condicionamiento de la beca a cambio de un porcentaje del dinero y la retención
de las tarjetas bancarias personales es uno de los esquemas de defraudación que
más ciudadanos acusaron.
En
43 casos revisados se señala este sistema operado por supuestos gestores que
“ayudaron” a becarios a ingresar a la plataforma y a cambio les pidieron de 800
a 2 mil 500 pesos mensuales.
En
2019 la beca juvenil alcanzó un pago mensual de 3 mil 600 pesos y al año
siguiente se incrementó a 3 mil 748 pesos.
Según
las denuncias los intermediarios habrían retenido entre 25% y 70% del apoyo.
En
un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describe la operación de una
supuesta red de corrupción que es coincidente con lo narrado en la mayoría de
las quejas. En esta estructura hay empresas, jóvenes y funcionarios
involucrados.
“Hay
un cabecilla que organiza a la gente. Consiguen pequeños propietarios que se
presten al esquema para usar su documentación. Luego consiguen becarios para
darlos de alta en el sistema y registrarlos en los negocios que son de ellos.
El cabecilla se queda con las tarjetas y cuando cae la beca reparte el dinero
entre los jóvenes, los propietarios y un funcionario que se presta a este
esquema”, detalla.
Otro
expediente de octubre de 2019 narra una operación similar, pero con un
ingrediente adicional: el desvío de recursos públicos para campañas políticas.
Según
se explica, un grupo político local creó una empresa ficticia que registró como
centro de trabajo de JCF. En esa empresa pantalla se asignaron a 20 jóvenes con
los que previamente se acordó que entregarían 2 mil 600 pesos de su apoyo a
cambio de no asistir a las capacitaciones. Es decir, habrían retenido 70% de
las becas y, según se denunció, con los recursos obtenidos se financió una
campaña política municipal.
Este
caso llegó a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores, estructura que
realizó un análisis de la denuncia y detectó tres probables faltas
administrativas graves: desvío de recursos públicos, abuso de funciones y
cohecho.
Además,
se encontraron otros ocho expedientes en los que también se señala el uso del programa
para fines electorales.
De
las 155 denuncias, en 43 casos se acusa el condicionamiento del programa a
cambio de un porcentaje de la beca y la retención de tarjetas bancarias, y en
25 quejas se señala el uso de JCF para beneficiar a familiares y amigos de
servidores públicos.
También
destacan 16 expedientes de empresas que denuncian usurpación de identidad, robo
de datos personales, amenazas y hostigamiento.
La
beca consiste en 5 mil 258 pesos mensuales, cuenta con un presupuesto en 2022
de 21 mil millones de pesos y se estima una incorporación de más de 400 mil
beneficiarios.
Se
buscó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Función
Pública (SFP) para conocer sus opiniones. Ambas pidieron cuestionarios.
La
Secretaría del Trabajo y Previsión Social no respondió, y la Función Pública
detalla que tiene más de 160 expedientes de investigación abiertos. También
explica que no tiene facultades para sancionar los casos que involucran a
becarios afectados por tutores o externos, debido a que no son servidores públicos.
Con información de El Universal.
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