►Exigen al presidente
Andrés Manuel López Obrador la detención del líder del grupo delictivo Los
Ardillos, Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local perredista Bernardo
Ortega
Por
Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro., 22 de enero de 2020.- Integrantes de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de
Chilapa marcharon y presentaron a 19 menores de entre 6 y 15 años de edad
armados, en su mayoría huérfanos por la violencia, para exigir al presidente
Andrés Manuel López Obrador la detención del líder del grupo delictivo Los
Ardillos, Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local perredista Bernardo
Ortega.
Ello debido que la CRAC-PF desde el año
pasado ha venido responsabilizando a esta banda criminal de lo ataques armados
y ejecuciones de indígenas en la zona serrana de Chilapa, que suman a la fecha
28 crímenes, entre ellos la decena de músicos asesinados el pasado viernes 17
en la misma región.
Según información de El Sur, 17 de los
menores son originarios de la comunidad de Ayahualtempa, en José Joaquín de
Herrera, y dos de Xochitempa, en Chilapa.
Los inconformes también demandaron la
presencia de López Obrador como condición para desbloquear la carretera
Hueycantenango-Chilapa que permanece bloqueada desde hace cinco días.
Además, los líderes de la guardia comunitaria
afirmaron que el gobierno de Héctor Astudillo, así como autoridades municipales
y castrenses brindan supuesta protección al grupo de Los Ardillos, afincados en
el poblado de Tlanicuilulco y expandidos en al menos seis municipios donde el
representante distrital es el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
Esta es la segunda ocasión que los miembros
de la CRAC-PF presentan niños armados como milicianos para enviar un mensaje
contra sus adversarios y el gobierno.
En mayo de 2019, dirigentes de la guardia
comunitaria del poblado indígena de Rincón de Chautla difundieron un video en
el que aparecía un grupo de niños realizando ejercicios militares y portando
“armas” de palo para enviar un mensaje contra los grupos delictivos de Los Rojos
y Los Ardillos.
En ese entonces, los niños milicianos se
asumieron como sobrevivientes de una masacre ocurrida el 27 de enero del mismo
año, cuando se reportaron al menos 12 muertos y cuatro heridos durante una
irrupción armada del grupo de Los Ardillos a los poblados de Zoyapexco y Rincón
de Chautla.
“Por cada comunitario que maten, vamos a
matar 10 sicarios”, advirtieron los niños con armas de palo para llamar la
atención de los tres niveles de gobierno.
Después, fueron ejecutados en Chilapa dos
promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ),
José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastian.
No obstante, el grito de auxilio no fue
escuchado por el gobierno de López Obrador y el mandatario priista Héctor
Astudillo Flores emitió un comunicado para condenar la acción de la CRAC-PF.
Ello debido a que el gobierno estatal
advirtió que la participación de niñas, niños y adolescentes en los grupos de
la Policía Comunitaria “no debe ser alentada bajo ninguna circunstancia” y se
comprometió a garantizar los derechos de los menores en esta zona indígena
nahua, donde se padecen elevados niveles de marginación y pobreza ante la
ausencia de servicios educativos, médicos y desarrollo.
Casi un año después, la CRAC-PF retomó la
estrategia de presentar niños milicianos pero ahora portando fusiles reales
para insistir en su exigencia de detener a los líderes del grupo de Los
Ardillos y garantizar la seguridad en Chilapa.
Cerca del medio día, los miembros de la
comunitaria marcharon sobre la vía que está bloqueada donde participaron 19
menores entre 6 y 15 años, portando rifles de bajo calibre para exigir
justicia.
Algunos niños, afirmaron, son huérfanos de la
violencia que ha dejado la confrontación entre miembros de la CRAC-PF y Los
Ardillos.
Luego dieron lectura a un comunicado donde
exigieron la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la
detención de los líderes de ese grupo delictivo.
En su mensaje, recordaron que desde agosto
pasado entregaron un pliego petitorio al gobierno federal, donde demandan
específicamente la creación de un nuevo municipio con poblados de los
municipios de Chilapa y Hueycantenango, así como recursos para operar la
guardia comunitaria.
Los civiles armados
anunciaron que van a permanecer en la vía de comunicación hasta obtener una
respuesta del presidente Obrador.
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