CHILPANCINGO ► El diputado del PRI, Héctor Vicario Castrejón,
aseguró que no es “definitiva” la inhabilitación por 10 años que aprobó en su
contra la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar cargos públicos.
“Es un asunto que no está concluido; no es
definitivo”, declaró el legislador este jueves en entrevista por teléfono,
quien precisó que la sanción de la SFP es administrativa, por irregularidades
en las que Vicario Castrejón habría incurrido cuando se desempeñaba como
delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu).
El inculpado añadió que la sanción de la SFP
en su contra no es por desvíos financieros o por otras causas graves.
De acuerdo con el Sistema de Registro de
Servidores Públicos Sancionados, la sanción fue aprobada el 9 de agosto
mediante resolución 0061/2017 por “negligencia administrativa”, la cual está
publicada en el portal oficial de internet de la SFP.
Vicario Castrejón anunció que en los próximos
15 días presentará 21 elementos de prueba “que desvirtúen la acusación” y en
consecuencia se declare sin efecto la resolución de la SFP.
Explicó que si el órgano de control de la
dependencia federal sostiene la sanción, recurrirá entonces al Tribunal de
Justicia Administrativa “donde haremos valer estas 21 pruebas que desvirtúan
los señalamientos”.
El legislador del PRI, quien se ha
caracterizado por defender las políticas públicas del gobierno de Héctor
Astudillo Flores en la cámara de diputados, insistió en que la sanción responde
a “procedimientos administrativos”.
“A partir de la tragedia (de Ingrid y Manuel
en septiembre del 2013), fueron de tal magnitud los problemas en todo el
estado, que quizá, no observamos estrictamente alguna norma, pero eso no
implica que se haya dado alguna desviación de recursos u otra cosa; los
recursos los tuvieron las empresas que ejecutaron las obras (de
reconstrucción).
“Pudo haber algunos procedimientos
administrativos que no se siguieron pero fue precisamente por la gravedad de la
emergencia, pero de ninguna manera pudieran ser atribuibles a la comisión de un
predeliberado delito”, deslizó.
Tan es así, insistió, que cuando fue relevado
de la Delegación de la Sedatu en Guerrero, en noviembre del 2014, “todos los
contratos (de otra) estaban vigentes y (las empresas) estaban trabajando” en
las labores de reconstrucción.
Al preguntarle si la sanción de la SFP deja
sin efecto su cargo de diputado local, explicó: “Esa inhabilitación no aplica
en cargos de elección popular, me limita para ser servidor público de los tres
niveles de gobierno”.
Porque, explicó, “no hay criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que tratándose
de un cargo de elección, aplique, pero además, en el momento que presente el
recurso de impugnación se suspende la inhabilitación”, afirmó.
(www.agenciairza.com)
Fuente: IRZA
Agosto/17/2017
www.libertadguerrero.net
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