BAJO FUEGO
❍ ¿Desarmar a la UPOEG?
El
grave incidente ocurrido en Cacahuatepec, donde siete personas murieron
-incluidos tres menores de edad- en un confuso incidente que no se ha terminado
de esclarecer, motivó que el gobernador Héctor Astudillo decidiera poner “un
hasta aquí” a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG).
Por
consecuencia, las autoridades hablan ya de un desarme de esa y otras guardias
comunitarias que proliferan en la entidad como una reacción obligada de los
pueblos para defenderse de los embates de las bandas criminales.
En
el caso de la UPOEG -la mayor de las organizaciones de autodefensa popular
armada-, la cosa no es tan sencilla.
El
año 2010 fue el de la ruptura entre
varios de los núcleos fundadores del Consejo Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC-PC) que chocaron con una nueva dirigencia mestiza
proveniente de grupos de izquierda que logró enquistarse en la organización
indígena.
Tras
la ruptura, dos grupos importantes se escindieron de la CRAC: uno, que ese año
en Tlapa dio vida a la UPOEG con respaldo
de un numeroso grupo de comisarios y ciudadanos de diferentes comunidades de La
Montaña y la Costa Chica, como un organismo social de gestión destinado a
promover el desarrollo y la economía solidaria de los pueblos pobres de la
región.
El
otro grupo, integrado por 26 de los pueblos fundadores, se remontó a Santa Cruz
del Rincón donde estableció su nueva sede y desde donde ha promovido nuevas
guardias comunitarias como la de El Rincón de Chautla, en Chilapa.
Así,
cada quien desde su trinchera, ha coadyuvado a combatir a los grupos criminales
que han causado luto y desolación en muchas familias guerrerenses, al margen
por completo de la labor aislada que desahogan los comunitarios que se quedaron
en la original CRAC-PC.
En
el caso de la UPOEG, su incursión en el combate a la criminalidad devino en un
hecho insoslayable cuando se conocieron abusos contra numerosas familias de
Ayutla que estaban sometidas a las atrocidades de grupos criminales. Eso motivó
que la UPOEG se diera conocer el 5 de enero de 2013 como un grupo de
autodefensa armada.
Con
6 mil hombres en armas, proceder al desarme de los núcleos que integran el
llamado Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG se antoja
como una locura, porque no responderán los efectivos armados sino las
comunidades rurales que les dan legitimidad, que son probablemente cientos de
pueblos, chicos y grandes.
A
menos que estén decididos enfrentar una revuelta, los gobiernos federal y
estatal tendrán que considerar esta condición para convertir una fuerza
beligerante, que los comunitarios ya lo son, en un aliado del gobierno así como
un eficaz interlocutor con decenas de comunidades de la Costa Chica, la región
Centro y La Montaña.
¿Qué
es entonces lo que debe hacerse frente a la UPOEG?
Bueno,
habrá que preguntarle al diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien ya está haciendo
lo conducente que es, además, lo correcto.
Es
decir, se trata de hacerle los ajustes pertinentes a la Ley 701 para ofrecerle
un cauce legal a los policías ciudadanos de la UPOEG como de otras guardias
comunitarias que, antes que todo, tendrán que estar debidamente legitimadas por
sus comunidades de origen mediante el voto mayoritario de cada uno de los
pueblos.
En
este sentido, las guardias comunitarias deben primero responder al interés
legítimo de los pueblos que pretenden resguardar. Los grupos de supuestas
guardias comunitarias que no cumplan con ese requisito, deberán ser
considerados simplemente como grupos de civiles armados al margen de la ley.
Esos
ajustes a la Ley 701, que podrían transmutarse como una reforma integral a esa
figura legislativa, deben ser sometidos a la consulta de los pueblos, lo que se
significa como un proceso lento y arduo, labor que podría encomendarse al
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que ya tiene la
experiencia previa de las consultas a los pueblos originarios de Ayutla para
llevar a cabo su próxima elección por la vía de la asamblea.
Esa
labor, titánica por donde se le vea, es lo que hace falta para aplicar los
ajustes pertinentes a la Ley 701, que ceñiría en la norma a los diversos grupos
de policías comunitarias que pululan en el estado de Guerrero. Claro que la
responsabilidad recaería en el Congreso local y en el IEPC, que para eso están.
De ninguna manera en el Poder Ejecutivo.
Eso
evitaría también los choques entre grupos de comunitarios enfrentados por
intereses que no se alcanzan a vislumbrar, señaladamente el FUSDEG y la UPOEG,
con la consecuente zozobra que causan entre los pueblos involucrados.
Así
las cosas, un mecanismo de esta naturaleza serviría para depurar a los grupos
de comunitarios que se placean por todo el estado como amos y señores de
ciertos territorios, algunos señalados de servir de fachada a grupos
criminales.
Sólo
las comunidades, en votaciones de asamblea y a mano alzada, en presencia de
escrutadores del IEPC y en coordinación con una comisión especial del Congreso,
podrían encauzar debidamente este proceso en aras de salvaguardar la
gobernabilidad y la paz en el estado de Guerrero.
En
lo que corresponde al caso específico de Cacahuatepec, si la Fiscalía General
del Estado (FGE) concluye que los comunitarios de la UPOEG son los autores de
las muertes en esa comunidad de la zona rural de Acapulco, la dirigencia que
encabeza Bruno Plácido deberá entregar a los responsables para ser castigados
conforme al mandato de la ley.
Eso
servirá como una muestra para los grupos de guardias comunitarias que se asumen
como tal, pero cuyo comportamiento más se equipara al de un grupo criminal, con
resultados totalmente adversos para la población.
Un
“hasta aquí” debe ser aplicado indudablemente para sanear la situación de
inseguridad a la que grupos de supuestos comunitarios le han abonado su cuota,
pero todo este proceso debe estar soportado en el Congreso y en el IEPC, con
pleno apego al convenio 169 de la OIT, ratificada por el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, que estipula el derecho a la consulta de los pueblos
tribales.
De
no ser así, pues...
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