CONTEXTO
POLÍTICO
❍ Saúl Beltrán y el fuero
Tal parece que el representante del distrito
local 17, Saúl
Beltrán Orozco, tiene un padrino que lo apoya fuertemente para que no sea
desaforado en el Congreso del Estado.
A alguien
le interesa que el político priísta de la región de Tierra Caliente no responda
ante la autoridad correspondiente por los delitos que se le imputan. Grave, muy
grave.
Y todo
tiene que ver con el maldito (o bendito) fuero, que no es otra cosa que una prerrogativa de impunidad que tienen los representantes
populares para cometer infinidad de fechorías.
Desde
luego que no todos los representantes populares han utilizado el fuero para
delinquir o evitar ser detenidos. Hay
quienes han utilizado el fuero para defenderse de una persecución política por
parte de gobernantes autoritarios.
De
acuerdo a Wikipedia,
“Los fueros locales, fueros municipales o fueros eran los estatutos jurídicos
aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era, en general,
regular la vida local, estableciendo un conjunto de norma jurídica/normas,
derechos y privilegios, otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio
concejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Fue un sistema de derecho
local utilizado en la Península Ibérica a partir de la Edad Media y constituyó
la fuente más importante del Derecho altomedieval español. También fue usado en
ciertas zonas de Francia”.
Eso es en
lo que respecta al antecedente histórico, pero la doctrina jurídica clásica
concibe al fuero “como aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como
de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de
ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o
procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que
pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea. El término es de uso coloquial o
común y suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria”.
Y de
acuerdo con diversos artículos de la Carta Magna, principalmente el artículo
111, en México son mil 854 los servidores públicos quienes gozan de esta
inmunidad procesal.
Se trata
del Presidente de la República, los 500 diputados federales, 128 senadores de
la República, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 7
consejeros de la Judicatura Federal, 20 secretarios de Estado, 66 integrantes
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
También,
el procurador General de la República; el procurador de Justicia del Distrito
Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal; los nueve integrantes del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los mil 71 diputados
estatales de las 31 entidades, así como sus 31 gobernadores.
Hay
quienes han propuesto la eliminación del fuero constitucional. El
gobernador Héctor
Astudillo Flores, por ejemplo, solicitó a los legisladores locales discutir
la vigencia del fuero para que ya no siga siendo aval de impunidad.
“El
gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no está de acuerdo en que el fuero
constitucional sirva para proteger a los representantes populares de la
comisión de ‘algún abuso’, pero será un asunto que discutan los diputados en el
Congreso local”. (El Sur/15-II-2017).
Dijo que
dependiendo del punto de “vista con el que se vea” se debe discutir, pero
advirtió que no está de acuerdo en que el fuero sirva para protegerse “de algún
abuso”.
El
senador guerrerense Armando Ríos Piter, quien recientemente
renunció al PRD y se declaró independiente, también se ha pronunciado al
respecto.
"(Es)
una figura obsoleta, su aplicación ya no tiene razón de ser, se convirtió en un
mecanismo de impunidad para algunos funcionarios y ya no es una forma eficiente
para proteger a los servidores públicos frente a la persecución política y la
represión autoritaria". (El
Financiero/30-X-2016).
Estoy
seguro que la mayoría de los ciudadanos estamos (me incluyo) a favor de que el
fuero sea eliminado de la Constitución para que
ya no sirva como instrumento de impunidad e impida que la justicia actúe de
manera inmediata contra algún funcionario o representante popular que haya
incurrido en un delito grave.
Lo que sí
debe cuidarse es que los legisladores que sean críticos de los gobernantes en
turno no
sean perseguidos por sus opiniones emitidas en tribuna o en la prensa.
Y
regresando al tema del diputado Saúl Beltrán Orozco, no queda más que señalar
que intereses
oscuros lo protegen para que no sea desaforado en el Congreso local y
aprehendido por la Fiscalía General del Estado. Y se aprovechan de esa prerrogativa o
privilegio que la Constitución sigue otorgando.
Saúl
Beltrán puede fugarse en cualquier rato y en las narices de las autoridades, tal como ocurrió con el ex alcalde
perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en octubre
de 2014, y con el ex alcalde priista de Tlapa, Willy
Reyes Ramos en 2012.
El
diputado calentano que trae de cabeza al Congreso local es señalado de ordenar
los homicidios de un sacerdote de San Miguel Totolapan y un trabajador del
Ayuntamiento de ese municipio, según testigos que actualmente se encuentros
presos.
Además, y
aunque no es un delito, ha sido evidenciado de ser compadre del líder del grupo
delictivo “Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte (a) “El Tequilero”, señalado de
generar terror en los municipios de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del
Progreso.
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E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com
Facebook: Efraín Flores Iglesias
Twitter: @efiglesias
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opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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