CIUDAD DE MÉXICO ► A 10 años de la guerra
contra el narcotráfico, la realidad es que las Fuerzas Armadas
no pueden regresar a sus cuarteles porque las autoridades civiles no tienen la
capacidad para enfrentar al crimen organizado. Con esa estrategia implementada
al inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón, los picos más altos de
violaciones a los derechos humanos ocurrieron entre 2010 y 2012.
En entrevista con El
Universal, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) señala que la presencia de las Fuerzas Armadas en las
calles debe tener un tiempo límite, pero mientras no haya policías bien capacitadas
no se podrá
En el marco del Día
Internacional de los Derechos Humanos, el ómbudsman nacional comenta que en
México persisten la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la intolerancia y la
impunidad. Si bien hay avances con un marco normativo de gran calado, no se
aplica, por lo que a la CNDH le preocupa
que persistan la práctica de tortura, las desapariciones, las fosas
clandestinas, desplazamientos forzados y un salario mínimo que no es suficiente.
Al analizar los primeros
dos años de su gestión, el presidente de la CNDH advierte que hay voces que
pretenden descalificar el trabajo del organismo que encabeza, con el único
propósito de desviar la atención. Asegura que su trabajo y señalamientos han
sido incómodos, pero seguirá en el camino para que la ley se cumpla.
¿Cuál es la opinión del
presidente de la CNDH sobre la guerra contra el narcotráfico?
—En estos 10 años se incorporó a las Fuerzas
Armadas en temas de seguridad pública. Las policías se vieron rebasadas en
zonas donde se dio una colusión con el crimen organizado.
Pero la intervención tiene
que ser limitada en términos de tiempo. La autoridad civil es la que tiene que
encargarse. Ha sido insuficiente el trabajo para profesionalizar a las
policías. Se han destinado muchos recursos y no tenemos policías locales
confiables.
¿La estrategia impactó de
manera considerable en el respeto a los derechos humanos?
—Sí. Los años de mayores
violaciones a los derechos humanos fueron 2010, 2011 y 2012. En 10 años ese el
pico.
¿Falta un marco normativo
para que sigan las Fuerzas Armadas en las calles o se cumplió el tiempo para
que regresen a sus cuarteles?
—Me gustaría decir que
sería deseable que ya regresaran, pero las condiciones en el país no están para
eso, hay que ser realistas. Otro derecho humano es la seguridad, de ahí la
necesidad de las Fuerzas Armadas [en las calles]. Es una realidad, pero tiene
que estar acotada en términos de quién debe conducirla. Hay que darle certeza
jurídica a las Fuerzas Armadas, pero con límite en los derechos humanos.
¿Estamos mal en materia de
derechos humanos?
—Claroscuros. Buenas
normas, pero no logramos materializar en su extensión esos derechos. Estamos
mal en desapariciones, pobreza y desigualdad. La CNDH ha señalado que el
salario mínimo tiene que ser aquel que satisfaga los derecho a la vivienda,
educación, alimentación y salud. ¿Cómo se van a obtener con un salario por
debajo de la canasta básica? Reconozco el incremento pero es insuficiente.
Ómbudsman, ¿no le tiembla
la mano al señalar a las autoridades?
—Estoy cumpliendo con lo
que propuse. El ómbudsman va a tener diálogo, interlocución y comunicación,
pero va a ser incómodo. Sí, he sido incómodo. Estoy seguro que no gusta que se
diga la verdad, como el caso Tanhuato, para el que espero que haya justicia.
Se nos ha querido
descalificar alegando muchas veces que defendemos delincuentes. Eso es desviar
la atención y confundir a la opinión pública. Lo que hacemos es observar que se
cumpla con la ley. Nosotros no nos oponemos al uso legítimo de la fuerza, de
acuerdo con criterios de racionalidad y proporcionalidad.
En el marco del Día de los
Derechos Humanos, ¿cómo se encuentra México en estos momentos?
—Tenemos claroscuros en el
tema de derechos humanos. Por un lado tenemos grandes avances en materia
normativa, la reforma de mayor calado desde 1917 es la de 2011. Hay leyes de
vanguardia sobre niños y adolescentes; tenemos una ley de víctimas perfectible
porque se discute en el Congreso; hay normas protectoras y garantistas como el
Nuevo Sistema de Justicia Penal. El avance normativo es bueno; sin embargo,
muchos de esos contenidos no se aplican en la cotidianidad.
Vemos rezagos, brechas
salariales entre hombres y mujeres, violencia contra las mujeres, temas tan
lacerantes como la desaparición y fosas que se están encontrando. Es dramático
ante la insuficiencia investigatoria del Estado que los colectivos de
familiares se han impuesto en la búsqueda. Es un tema de preocupación.
Vemos intolerancia cuando
no se reconocen los matrimonios igualitarios. Hay una falta de consulta en las
comunidades indígenas cuando hay proyectos que pueden afectar su cosmos.
Seguimos observando
detenciones arbitrarias. No hemos hecho realidad las leyes en su extensión.
Su administración ha
insistido en crear un registro nacional de fosas clandestinas, un sistema
nacional de búsqueda y un sistema nacional de información genética.
—Desde febrero de 2015
acudí al Comité de desapariciones forzadas de la ONU. Trabajamos un diagnóstico
realista, llevamos 15 propuestas, fuimos como institución independiente del
gobierno. Propusimos fortalecer el banco de información de desapariciones porque
el sistema que tenemos no permite saber cuántas son desapariciones forzadas,
cuántas son desaparecidas por crimen organizado y cuántas simplemente se
ausentaron. Se tiene que fortalecer porque ese registro lo alimentan las
procuradurías de los estados, pero no hay uniformidad. Necesitamos un banco de
datos confiable.
La ley de desaparición por
sí no va a resolver los problemas. Se requiere de voluntad política e
instrumentar la profesionalización del personal.
¿Qué sucede con lo derechos
de la población indígena?
—Lamentablemente esta
población ha sido discriminada. No se les toma en cuenta para el desarrollo de
proyectos en su territorio. Las quejas por esas circunstancias han crecido.
¿Tortura y malos tratos?
—Siguen estando presentes.
Las quejas crecieron este año.
Tuvo dos casos importantes:
Tanhuato y Tlatlaya.
—En estos dos casos, como
en cualquiera de la CNDH, nos vamos a pronunciar con las evidencias y pruebas
sólidas que se desprendan del expediente. Así debe ser el ejercicio del
ómbudsman autónomo.
Lo que se desprenda del
expediente y la recomendación de Tlatlaya la recalifiqué como un hecho grave,
que lo es. En el caso de Tanhuato, uno no quisiera que hubiese ese tipo de
hechos, pero encontramos cosas delicadas: ejecuciones arbitrarias, sembrado de
armas, falsedad en partes informativos. Eso es lo que dijimos.
La CNDH es sólida,
analizamos expedientes para tener certeza. Y eso nos da credibilidad; nuestro
reto es que se confíe y se crea en un organismo protector y en ese camino
andamos.
¿Desplazamiento forzado?
—La Comisión está marcando
pautas. Por primera vez emitimos este año el primer informe. De ser cierto lo
que dice un funcionario, jefe de unidad de la Secretaría de Gobernación, de que
solamente son identificables poco más de 4 mil casos, yo quisiera que se asomaran y que vieran
mucho más.
Al Estado le toca
investigar eso. Hay informes de organismos que hablan de 250 mil. Lo de
nosotros fue una muestra de 35 mil, pero de ahí a que digan que son 4 mil 500
los identificables, no se apega a la realidad.
Hay 2 mil recomendaciones
pendientes de instancias internacionales en los últimos 10 años. ¿Por qué no se
les ha dado respuesta?
—La CNDH con la Corte
Interamericana [de Derechos Humanos] y el Sistema Universal de Derechos Humanos
nos estamos imponiendo que nos vamos a convertir en monitores, así como en
impulsores para que México cumpla con esas recomendaciones.
Un día me invitaron a la
Secretaría de Relaciones Exteriores porque se conformó un grupo de trabajo con
todas las entidades para darle seguimiento a cada una de las recomendaciones
del ámbito internacional. Yo celebré que formaran ese grupo pero también les
señalé que ojalá formaran un grupo para dar seguimiento a las recomendaciones
del ómbudsman nacional.
En el pasado no se
aceptaban algunas recomendaciones, hoy se aceptan todas; sin embargo, se demora
su cumplimiento. Hace poco más de tres meses teníamos 300 recomendaciones
aproximadamente, las cuales sólo están parcialmente cumplidas.
Impunidad... ¿hay que
atracarla?
—La mejor forma de
transitar a un estadio diferente en temas de seguridad es que se castigue a los
responsables, poniéndolos a disposición de un juez y que les den el rigor de la
sanción.
En la medida en que no hay
consecuencias se propicia que se repitan estas conductas. Violencia,
inseguridad, impunidad y corrupción son una cuarteta maléfica que hay que
atacar.
Fuente: El Universal
Diciembre/10/2016
www.libertadguerrero.net
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