ESTRICTAMENTE
PERSONAL
❍ Discusión hipócrita
La
discusión en el Congreso sobre la nueva Ley de Seguridad Interna animada desde
el gobierno y respaldada por el PRI, es engañosa. Se detonó por el mensaje del
secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, de urgir al legislativo
a dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad
pública en las calles mexicanas, en una llamada de atención que no ha sido
todavía del todo analizada. El general criticó al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, sin mencionarlo, al expresar que el papel de ser
policía pertenece a policías y no a militares, que no han hecho su trabajo
porque la encomienda a su colega de gabinete de fortalecerlas, ha sido
incumplida. Pero también fue maniqueo al no hacer una autocrítica por su silencio
ante las decisiones del Ejecutivo de frenar la profesionalización de las
policías, que trajo como consecuencia el desgaste y el descrédito de las
Fuerzas Armadas, por lo cual reclamó airadamente la semana pasada.
Que el Senado y la Cámara de Diputados no se equivoquen una vez
más. Quieren dictaminar al vapor la Ley de Seguridad Interna que exigió el
general secretario la semana pasada, arrollados por la coyuntura del ciclo
mediático al que se sumó la clase política encabezada por el presidente Enrique
Peña Nieto, quien afirmó que es esencial legislar en la materia. Antes de que
avance la militarización del país, hay que entender y explicar porqué se ha
llegado a este punto de crisis de gobierno que el legislativo quiere resolver.
Si existe una debilidad institucional y las policías estatales y municipales
son el eslabón más vulnerable de la seguridad pública, es porque quienes ahora
buscan apresurar la Ley de Seguridad Interna, son quienes, en función de sus
necesidades políticas de corto plazo, sacrificaron la profesionalización de las
policías. Se puede argumentar que intentan cubrir sus errores y deficiencias
con otro error aún mayor y sin punto de retorno. Si se han dado cuenta o no de
esta contradicción, es tema para otra discusión.
La profesionalización de las policías fue desechada como
estrategia de largo plazo por el gobierno del presidente Peña Nieto, lo que las
hubiera dotado de mayores recursos y posibilidades para enfrentar a la
delincuencia. No se puede saber cuáles hubieran podido ser los resultados
alcanzados en este momento, pero sí está claro qué no habría podido hacer el
gobierno en el momento en que comenzó a aplazar el desarrollo y mejoramiento de
las policías: desarrollar la estrategia de aniquilación del cártel de Los
Caballeros Templarios en Michoacán en 2013, mediante el uso de paramilitares
–algunos de ellos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación-, disfrazados
grupos de autodefensas. Esto le dio herramientas retóricas al gobierno para
presumir que su lucha contra criminales, a diferencia del gobierno de Felipe
Calderón, sí funcionaba.
Todo aquello fueron juegos pirotécnicos. Durante la
administración actual, el gobierno y el PRI frenaron sistemáticamente la
evaluación y el control de confianza de los policías, violando las
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que
entró en vigor el 2 de enero de 2009. El artículo 183 especificaba sanciones al
servidor público que inscribiera en una institución a una persona sin contar
con el certificado de evaluación y control de confianza. El artículo 139
establecía sanciones a quien nombrara a un policía, ministerio público o perito
a quien no hubiera sido certificada y registrada en términos de esa ley, con un
Tercero Transitorio que marcaba un plazo de cuatro años a partir de la entrada
en vigor del decreto, para practicar las evaluaciones.
La ruptura del camino para profesionalizar a la policía comenzó
antes de que Peña Nieto cumpliera un mes en la Presidencia, cuando el senador
Omar Fayad –hoy gobernador de Hidalgo-, presentó una iniciativa de reforma al
Tercero Transitorio, aprobada el 28 de diciembre de 2012, seis días antes de
vencer el plazo para evaluar al personal de seguridad, para ampliarlo10 meses más.
El 15 de octubre de ese año, Fayad presentó una segunda reforma, apoyada por
senadores del PAN y el PRD, para aumentar otra vez el periodo.
Este se venció el 31 de octubre de 2014, cuando todos los
integrantes de los cuerpos de policías que no tuvieran la certificación de los
centros de evaluación y control de confianza, tendrían que haber sido separados
de sus cargos. Tampoco se sancionó a quienes nombraran a policías, ministerios
públicos o peritos sin pasar por ese proceso. Los hubieras no existen,
pero cabe la pregunta retórica: de haberse cumplido en tiempo y forma lo que
marca la ley, ¿la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por
policías de tres municipios de Guerrero coludidos con criminales, habría sido
la misma?
La discusión encabezada por el gobierno y el PRI para que se
dictamine la Ley de Seguridad Interna, también es hipócrita. Frenar la
profesionalización de las policías alargó el tiempo de los militares en las
calles. A esa negligencia que permitió actividades criminales, ahora quieren
sumar la atrocidad de militarizar el país. Una vez más hay que insistir. La
solución al problema no es la Ley de Seguridad Interna, sino un nuevo modelo
policial en el país que profesionalice esos cuerpos. Ya han sido
suficientemente irresponsables –por las consecuencias humanas, sociales y
políticos causados-, para que vuelvan a caer en el mismo error. La simulación
sólo ahonda los problemas, y eleva costos y tiempos para su solución.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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