CHILPANCINGO ► El Poder Judicial del
estado requiere entre 800 y 900 millones de pesos en el 2017 para cumplir con
las disposiciones del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, sin descuidar el sistema
tradicional que se encuentra en periodo de transición.
Robespierre Robles Hurtado, presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), estimó que en un plazo de entre uno y cinco años
cumplirán al cien por ciento con la transformación del nuevo modelo de justicia,
aunque agregó que estudios internacionales indican que tardaría entre 10 y 15
años.
“Lo estamos haciendo en tiempo y forma. Guerrero
cumplió con los decretos en la fecha de entrada en vigor; cumplió en
infraestructura. Estamos viendo que la previsión de este sistema no sea sólo
para salir del paso”, indicó.
“Si está vigente el sistema tradicional, obviamente
el costo se incrementará con el nuevo sistema hasta en tanto podamos extinguir
el anterior. Son temas que debemos balancear administrativamente”, señaló.
En entrevista, insistió en que el nuevo sistema de
justicia penal que entró en vigor en junio de este año, se encuentra en vías de
consolidación, pero aclaró que “ya está instaurado, ya está en vigencia en todo
el estado y el país; ahora estamos trabajando para generar confianza ciudadana
con información, resultados y que se ataque la corrupción y se privilegie la
rendición de cuentas”.
Robles Hurtado explicó que para consolidar el nuevo
sistema de justicia en Guerrero, el TSJ requiere para el próximo año un
presupuesto de entre 800 y 900 millones, lo que significa un aumento del 30 por
ciento en comparación a los 600 millones de este 2016.
Agregó que el Poder Judicial asumió la titularidad
de la Defensoría Pública, los nuevos edificios de la implementación de la
reforma penal, así como los servicios como medios alternativos de solución de
controversias.
“Entiendo que no son momentos fáciles, pero tendrán
que repercutir también en el presupuesto, porque a nivel federal se han
aplicado recortes de recursos a las entidades. Si bien hay carencias, nosotros
estamos tratando de ajustarnos al presupuesto para que, a pesar de estos
recortes, los servicios de justicia no se vean disminuidos”, dijo.
Informó que también está prevista la creación de
nuevas plazas para el sistema de oralidad, incluyendo los gastos
administrativos que esto causará, así como de la Unidad Permanente de
Capacitación y el programa de digitalización del Poder Judicial, que se prevé
poner en marcha a partir del 2017.
“No podemos aumentar plazas hasta en tanto no esté
aprobado el presupuesto; estamos tratando de cuidar esta situación
administrativa. Buscamos que los jueces, secretarios y personal administrativo
adscritos al sistema tradicional, migren al nuevo sistema de justicia previa capacitación
y evaluación, y procuramos que no nos impacte tanto al tener en operación dos
sistemas”, expuso. (www.agenciairza.com)
Por Fernando Polanco Ochoa | IRZA
Octubre/16/2016
www.libertadguerrero.net
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