BAJO
FUEGO
❍ Los jóvenes perdidos
Al
cumplirse dos años del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, queda más
que claro que los jóvenes estudiantes no fueron cremados en el basurero de
Cocula, como preconizaba la versión oficial.
El
investigador español José Torero, especialista en comportamiento del fuego, en
días pasados llevó a cabo un experimento en el campus Gatton de la Universidad
de Quennsland, Australia.
Torero,
quien coadyuvó con los trabajos de investigación del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes, el GIEI, quemó el cuerpo de un cerdo de 70
kilogramos utilizando 630 kilos de madera. El resultado: cuando el fuego se
consumió aún quedó el 10 por ciento de los restos de la carne.
Torero
sostiene que para quemar 43 cuerpos humanos se habrían necesitado más de 27 mil
kilos de madera y, aún así, habría subsistido un resto de material orgánico.
Además, un fuego tan intenso habría dejado marcas en el tronco de los árboles
más cercanos. No había marcas en los árboles cuando Torero visitó el basurero
de Cocula.
A
los resultados de este experimento habrá que agregar que, la noche de los
ataques contra los jóvenes de Ayotzinapa, hubo una lluvia intensa en la región
de Iguala y Cocula, lo que habría hecho materialmente imposible encender y
mantener una pira de gran dimensión para quemar los cuerpos de los jóvenes
estudiantes.
Pero
entonces ¿qué fue lo que sucedió esa noche en Iguala con los muchachos de
Ayotzinapa?
En
anterior entrega observábamos que para capturar a todos los jóvenes que corrían
por su vida en medio de una noche lluviosa, se habría necesitado al menos de
una fuerza de 150 policías.
Ello
induce a pensar que otras fuerzas, además de los encapuchados de negro, se unió
a la Policía Preventiva Municipal de Iguala para capturar a la mayor parte de
los estudiantes, que bien podrían ser los policías de Cocula y los de Huitzuco.
El
informe del GIEI presentado en abril pasado da cuenta de que los teléfonos
celulares de algunos de los jóvenes se mantuvieron activos aún después de que
en teoría fueron capturados.
El
seguimiento de la activación de las antenas permite saber que uno de los
jóvenes, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, envió un mensaje de texto a su madre a las
01:16 horas del día 27, cuando se supone que ya estaban en poder de los
sicarios.
No
sólo eso: el 28 de noviembre de 2014 salen nuevos mensajes de texto de ese
número de celular, mismo que se siguió utilizando durante los meses de
diciembre, enero, febrero, marzo y abril ya de 2015.
El
9 de febrero de 2015 sale una llamada del mismo celular a otro número propiedad
de un familiar de Jorge Aníbal.
Otro
de los normalistas, Carlos Iván Ramírez Villarreal, activó la antena de
comunicaciones de Villa Guadalupe el día 27 de septiembre de 2014 a las 19:17,
cuando se suponía que ya estaría muerto.
Ninguna
autoridad ha explicado, hasta ahora, cómo es que se utilizó ese número de
teléfono 21 horas después de la detención.
Otro
estudiante, Jorge Luis González Parral, por vía del uso de datos envió un
mensaje el 30 de septiembre de 2014 a las 18:58, aunque en este caso el chip
fue cambiado a otro aparato.
Julio
César Patolzin recibió tres llamadas desde Huitzuco a las 22:21, las 23:47 y
las 23:56 el día 30 de septiembre. Posteriormente su teléfono registró otras
llamadas que fueron captadas por las antenas del centro de Iguala.
Un
dato inexplicable es que estos datos nunca fueron utilizados en la
investigación oficial enderezada por la Procuraduría General de la República,
la PGR de Jesús Murillo, hay que aclarar.
Hay
más, en trascendidos confiables que nunca se hicieron públicos, un organismo de
inteligencia civil hizo un seguimiento de las actividades de varios de esos
celulares en las que captaron palabras de los jóvenes en el sentido de que se
encontraban perdidos. Eso ocurrió al menos 15 días después de la fatídica noche
del ataque. Posteriormente tres de esos celulares se activaron en el estado de
Chiapas.
Ese
organismo de inteligencia civil sólo pudo ser el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN).
Una
versión más, que nunca pudo ser confirmada porque las fuentes fueron
amenazadas, señala que un joven que tenía el aspecto de uno de los normalistas
desaparecidos, llegó en estado lamentable a una comunidad del municipio de
Huitzuco. En estado de shock, el joven narró que huyeron por los cerros hasta
llegar a la comunidad, pero que un compañero que lo acompañaba se extravió en
esas montañas.
Los
habitantes de la comunidad, por acuerdo con el comisario, decidieron dar parte
a la Policía Municipal de Huitzuco, que procedió a llevarse al joven diciendo
que lo internaría en un hospital. Nunca volvieron a verlo.
Ahora
sabemos que esa noche de los cuchillos largos estuvieron en operaciones de
patrullaje las tropas del 27 Batallón de Infantería, así como la Policía
Federal, la Policía del Estado y los grupos de inteligencia acantonados en la
región. Todos ellos estuvieron enterados, pero nadie intervino en favor de los
perseguidos.
A
dos años, es necesario que esta masacre que aclare y se finquen
responsabilidades en quienes estén involucrados. Si están involucrados
funcionarios públicos de los órdenes estatal y/o federal, deben ser llevados
inexcusablemente a los tribunales.
Primero
la verdad, después la justicia. Es lo único que coadyuvará a destensar la
situación que se vive en Guerrero como una herida que supura, más ahora que
antes.
[Usted acaba de leer un artículo de
opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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