ESTRICTAMENTE
PERSONAL
❍ Narcopolítica en Tierra Caliente
[Por Raymundo Riva Palacio]
El asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, desnuda
la vulnerabilidad institucional –la indefensión en la que se encuentran decenas
de presidentes municipales-, y la forma como los partidos políticos son laxos
con sus protocolos de seguridad. Exhibe, sobretodo, las contradicciones del PRD
y de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos, que
hicieron de Guerrero su edén durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre. Las
denuncias que ha hecho el PRD al gobierno estatal y al federal por el
asesinato, son cínicas y extemporáneas.
Deberían ser hechas hacia el interior del partido, que abandonó al alcalde a su
suerte y contribuyó con su indiferencia, a que este crimen se consumara. Culpables
no; responsables, sí.
Porqué si el alcalde estaba siendo presionado y amenazado de muerte, ¿el
PRD no hizo nada por él? ¿Por qué las denuncias sobre la inseguridad que ahora
hace ese partido no fueron reclamos previos para que las autoridades le
brindaran garantías a su vida? De acuerdo con una tarjeta informativa del
gobierno de Guerrero, Soto Duarte estaba siendo extorsionado por dos
organizaciones criminales, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios,
que le exigían 72 millones de pesos anuales, y como parte de las amenazas que
recibió, hubo avisos en la forma de secuestros y asesinatos. Pese a ello, el
PRD fue omiso. Quienes pudieron haber actuado, por cercanía y conocimiento de
causa, estaban más ocupados en ver cómo se podían quedar con el partido, o
guardaron silencio cómplice.
Es el caso de la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos, que caminaron
de la mano del gobernador Aguirre, y que solaparon a candidatos bajo investigación
del narcotráfico a cambio de recursos para sus campañas políticas, sin importar
el origen de los dineros. Los jefes políticos de Nueva Izquierda siempre han
negado las imputaciones, y se han buscando deslindar de las relaciones
peligrosas de sus protegidos políticamente, mediante fugas hacia delante:
acusar a sus acusadores, y buscar el control del PRD. Su última apuesta fue
Beatriz Mojica, que trabajó con Aguirre, que no pudieron llevarla a la
presidencia.
Mojica tiene historia con Soto Aburto, quien entró a la política, como
muchos en Guerrero, con el apoyo del ex gobernador Rubén Figueroa, a principios
de los 90s. En 2004, de acuerdo con la tarjeta informativa del gobierno de
Guerrero, Soto Duarte –también muy cercano a Aguirre-, un transportista en la
región de la Tierra Caliente que ofrecía servicios en Ciudad Altamirano, la
cabecera municipal de Pungarabato, se afilió al PRD tras ser reclutado por las
hermanas Mojica, Teresa, que era diputada federal, y Beatriz, ex candidata a la
gubernatura del estado el año pasado, y secretaria general del partido.
La historia de Soto Aburto, su familia y la corriente de Los Chuchos se
entreveró en la última década. Su primo Isidro Duarte Cabrera, es diputado
local del PRD y fue munícipe de
Cutzamala de Pinzón, donde su esposa Karime Benítez Flores, también de la misma
corriente, es la alcaldesa de ese municipio. No parece casual que a otro primo,
Sebastián Soto Rodríguez, quien era chofer y jefe de escoltas de Soto Duarte,
lo asesinaran y tiraran su cuerpo en un basurero de ese municipio hace tres
semanas, que considera el gobierno estatal que fue la última advertencia de Los
Caballeros Templarios contra el alcalde de Purangarabato, por no pagarles tres
millones de pesos mensuales por protección.
La protesta perredista por el asesinato del alcalde ha sido encabezada
por quienes lo abandonaron en la práctica. Este martes el presidente municipal
de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, acusó a los gobiernos estatal y
federal de no haber hecho nada por la seguridad de Soto Aburto pese a que
sabían, por él mismo, de las amenazas en su contra. El alcalde asesinado estaba
solo. Ni Velázquez Aguirre, que era su compadre, ni otros líderes de la
corriente de Los Chuchos, abogaron por él. Entre las faltas de respaldo más
sobresalientes estuvo la de Catalino Duarte Ortuño, su primo, ex diputado
federal y ex alcalde de Zirándaro.
Duarte Ortuño, de todos los chuchos en Guerrero, es el más conspicuo por
cuanto a relaciones peligrosas se trata. Cuando compitió por la alcaldía de
Zirándaro en 2005, fue atacado por un comando que le disparó con fusiles AK-47.
Quiso huir, pero fue alcanzado por una bala. Sobrevivió porque sus atacantes
pensaron que estaba muerto. Durante los tres años de su gestión hubo alrededor
de 200 muertos en el municipio, y en 2009 empezó a sentir la secuela en carne
propia. Secuestraron a su hermano, y mataron a sus tíos y a uno de sus primos
en el primer semestre de ese año. Varias veces lo acusaron de estar vinculado
al narcotráfico en Tierra Caliente, pero siempre lo negó.
Duarte Ortuño, como Beatriz Mojica, o han guardado silencio, o han sido
tímidos en sus reacciones. Ni ahora, ni antes dijeron mucho, pese a la cercanía
con el alcalde asesinado. Como se dijo líneas atrás, ¿por qué si estaba siendo
extorsionado y amenazado de muerte, el PRD no hizo nada por él? ¿Por qué las
denuncias sobre la inseguridad no fueron exigencias previas para que las
autoridades le brindaran garantías? El asesinato de Soto Duarte deja muchas
incógnitas. Una de ellas es la vertiente de la narcopolítica, donde Los Chuchos
y los Duarte tienen muchas explicaciones que dar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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