❍ Devuelve al
Senado artículo 32 y pide nuevo extraordinario; celebra sector empresarial la
decisión del Presidente
CIUDAD DE MEXICO ► El
presidente Enrique Peña Nieto vetó parcialmente la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 32 obligaba a
particulares a presentar su declaración 3de3 cuando tuvieran relación con el
Estado.
Lo anterior,
por considerar que su eventual aplicación inhibiría la relación comercial de
particulares con el gobierno, violentaría los derechos humanos de los mexicanos
y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El encargado
de dar el mensaje fue el consejero jurídico del Ejecutivo, Humberto
Castillejos, mientras el presidente Peña Nieto había regresado a México luego
de viajar ayer a Cuba para atestiguar la firma de la paz entre Colombia y las
FARC-EP.
Castillejos
argumentó que el presidente Peña Nieto ejerce su facultad constitucional de
realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, “conocida como
facultad de veto”. La parte que permite a funcionarios no abrir totalmente su
3de3, no fue vetado.
El anuncio se
dio luego de que el martes el Presidente se reunió con empresarios, quienes
externaron su rechazo al articulado.
Tras anunciar
que Peña Nieto devolverá al Senado para su análisis el artículo 32, incisos B y
C, de la citada legislación, conocida como Ley 3de3, y 15 artículos más que se
relacionan con el artículo, el consejero dijo que se solicitará a la Comisión
Permanente del Congreso un periodo extraordinario de sesiones para procesar
este tema.
Detalló que
el Ejecutivo devolverá la parte en que se obliga a que todo particular o
empresa que ejerza o reciba recursos públicos, o que contrate con cualquier
instancia de gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales y de
intereses.
Procesar millones de datos
Agregó que
dichos artículos apuntan que toda persona que trabaje en empresas que contrate
con el gobierno, “es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa sin
importar su función dentro de la misma”, tendrían que presentar estas dos
declaraciones.
“El gobierno
de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta
medida es excesiva y que haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción,
ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”,
argumentó Humberto Castillejos.
Hizo notar
que, a consideración del Ejecutivo federal, también inhibiría a los
particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, “y lo más
importante” afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones
como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre
otros.
“Con la
convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real
a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida
resultaría contraria a los derechos humanos, previstos por la Constitución
General de la República, al afectar de manera excesiva la vida privada y la
protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros
que no viven en el país, pero que trabajan en una empresa transnacional, el
Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el
Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso.
Acompañado
por el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, el consejero
Castillejos sostuvo que esto “de ninguna manera” disminuye la capacidad de las
autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de
forma irregular ante el Estado.
Informó que
el SNA prevé herramientas novedosas y útiles para su objetivo como la
manifestación, caso por caso y contratación por contratación, de no estar el
particular y el funcionario que intervenga en la contratación frente a un
conflicto de interés, así como en las penas por incurrir en actos de corrupción
que van desde sanciones económicas hasta disolución de empresas y prisión.
“Las observaciones
parciales que se formulan por el Presidente, tienen como objetivo fundamental
colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y
garantizar que todas las normas que se aprueben por el Congreso se apeguen a la
Constitución”, declaró.
Dijo que el
gobierno está convencido de que por ningún motivo se debe retrasar la vigencia
del nuevo SNA.
Fuente: El Universal
Junio/23/2016
www.libertadguerrero.net
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