►Niega abogado
estar ligado con el crimen y ejecuciones; pide a la periodista Denise Maerker,
de Televisa, derecho de réplica por reportaje
ACAPULCO ► El presidente del Colegio de Abogados Penalistas del
Estado de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, acusó una campaña de “linchamiento” a
través de ataques mediáticos para dañarlo moralmente en su imagen profesional y
personal.
En entrevista telefónica, el letrado indicó
que este jueves en el programa “Punto de Partida” que dirige la periodista
Denise Maerker y se transmite por Televisa, abordan un conflicto entre
particulares y lo hacen pasar como un asunto de interés público, sorprendiendo
a periodistas de medios nacionales.
El mismo caso, recordó, fue publicado de
manera “tendenciosa” en el periódico El Universal hace dos semanas, relacionado
con un litigio que se ventila en el juzgado IV del Ramo Civil con sede en
Acapulco con número de expediente 363/2015-II.
En el reportaje, detallan un par de
entrevistados que el abogado, por intentar quedarse con unas propiedades, los
amenazó con que de no cedérselas, se atendrían a las “consecuencias”.
Luego relacionan al abogado con una serie de
crímenes (de abogados de su contraparte) y además una colusión con funcionarios
de primer nivel, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Robespierre Robles Hurtado.
“Se trata de un ardid utilizado en mi contra
usando para el efecto la grave situación de inseguridad y violencia que ha
afectado en los últimos meses tanto el puerto de Acapulco”, dice en su defensa
el abogado penalista.
Asegura que no anda huyendo de la justicia
porque no existe orden de aprehensión en su contra, y si la existiera, “el
Fiscal no tiene por qué andar divulgándolo, ni ningún funcionario a su cargo,
porque me pondría sobre aviso para evadir la detención, pero no es mi caso”.
Pérez Zárate precisa que el conflicto con
Glafira Pineda y Javier Nava Calleja es porque se dicen representantes de
Bertha Calleja, supuesta propietaria de un departamento que rentó para
establecer su despacho en abril de 2014, en la calle Horacio Nelson número 15C
del fraccionamiento Costa Azul.
El reconocido abogado negó además tener
protección del gobernador Héctor Astudillo y del presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, como acusan sus detractores,
sin mostrar pruebas de sus dichos.
Alfredo Pérez Zárate solicitó difundir una
carta aclaratoria realizada por él mismo, acompañando el texto de la entrevista
sobre el caso, con la finalidad de presentar su testimonio a la población y a
la vez solicitar a Denise Maerker derecho de réplica.
En la carta, el penalista advierte que “se
prepara de manera sistemática una embestida del fiscal general del estado en mi
contra”.
Y precisa respecto de sus acusadores: “Javier
Nava Calleja y Glafira Pineda son de estas personas que se dedican a acusar sin
probar lo que, en este caso, llegan al extremo de decir: que tengo vínculos con
la delincuencia organizada, lo que pone en peligro mi vida, particularmente en
este atribulado puerto de Acapulco en el que las bandas criminales mantienen
una sangrienta disputa que ha llegado a extenderse a la población civil. Quizá
es lo que buscan, hacerme objeto de alguna agresión, por lo que si algo me
llega a pasar los hago responsables directos de algún atentado en mi contra.
“Lo peor del caso es hacerme responsable de
la muerte de dos empleados o intermediarios suyos, situación que me lastima y
me ofende dado que es público y notorio que en Acapulco en los últimos meses
han ocurrido múltiples asesinatos contra diferentes personas -taxistas,
comerciantes, líderes populares-, y el gremio de abogados también ha aportado
su cuota de sangre a esta vorágine de violencia galopante”.
Alfredo Pérez Zárate solicitó difundir una
carta aclaratoria realizada por él mismo acompañando el texto de la entrevista
sobre el caso, con la finalidad de presentar su testimonio a la población y a
la vez solicitar a Denise Maerker derecho de réplica.
A
continuación la carta que el abogado ha difundido en Facebook.
POR UN CONFLICTO ENTRE PARTICULARES, se
prepara de manera sistemática una embestida del fiscal general del estado en mi
contra.
C. LIC. DENISE MAERKER SALMÓN
DIRECTORA DEL PROGRAMA PUNTO DE PARTIDA
PRESENTE.
El día de ayer el programa televisivo Punto
de Partida que Usted dirige publicó un reportaje en el que se me hace una serie
de imputaciones que me causan difamación y me presentan como un criminal y
homicida.
Dado que los datos ofrecidos al público son
totalmente falsos y me generan un grave daño moral, tanto en lo personal como
en lo profesional, con base en el derecho de réplica le solicito que haga
pública esta carta en la que le ofrezco los datos que obran en un expediente
civil en el que se desahoga el caso como lo que es: UN LITIGIO ENTRE
PARTICULARES (EXPEDIENTE 363/2015-II JUZGADO IV DEL RAMO CIVIL EN ACAPULCO).
Lo más grave de los supuestos presentados
como hechos en dicho reportaje, es que los reporteros hacen pasar UN CONFLICTO
ENTRE PARTICULARES como una situación generalizada en el puerto de Acapulco -es
decir, de interés público- y, peor aún, como una problemática homicida y
criminal en la que, quienes orquestaron esta difamación, involucran a funcionarios
públicos que nada tienen que ver con este diferendo entre particulares.
Los autores de la difamación, con quienes
sostengo un litigio ante un juzgado civil, presentaron recientemente la misma
cantaleta ante el diario El Universal que, con un cabezal tendencioso, la hizo
pública el pasado día 30 de abril del año en curso.
Por desgracia, se trata de un ardid utilizado
en mi contra usando para el efecto la grave situación de inseguridad y
violencia que ha afectado en los últimos meses tanto el puerto de Acapulco en
lo general, como en el fraccionamiento Costa Azul en lo particular, donde tengo
ubicado mi despacho, al extremo que el día 22 de abril próximo pasado el
gobernador Héctor Astudillo ordenó un operativo especial de las Fuerzas
Federales, integrado por 100 militares y 40 agentes de la Policía Estatal, para
patrullar dicha colonia ubicada junto a la Costera Miguel Alemán.
Esa medida extrema ordenada por el
mandatario, insólita por tratarse de una colonia de clase acomodada del puerto,
se suscitó debido a varios incidentes de violencia previos en los que bandas
criminales han atacado a civiles, entre ellos ataques contra sitios de taxis y
contra particulares, sin que se conozcan los motivos de los diversos atentados
que han causado la muerte de diferentes personas, lo que me obligó a mudar de
residencia para mi seguridad personal y de mis colaboradores.
NIEGO TERMINANTEMENTE, COMO LO ASEGURA DE
MANERA FALAZ EL REPORTAJE EN CUESTIÓN, SER UN PRÓFUGO DE LA JUSTICIA DADO QUE
ESE ES UN SUPUESTO A PARTIR DE LA EXISTENCIA DE ALGUNA ORDEN DE APREHENSIÓN DE
LA QUE EL INDICIADO SE SUSTRAE PARA EVADIR A LA LEY. EN MI CASO, NO EXISTE
ORDEN DE APREHENSIÓN ALGUNA POR LA SENCILLA RAZÓN DE QUE NO HE ME VISTO
INVOLUCRADO EN NINGÚN ILÍCITO.
En todo caso la existencia de una orden de
aprehensión, no es facultad del Fiscal General andarla divulgando y resulta una
falta de ética profesional grave.
Hay, eso sí, señalamientos falsos de personas
que se han visto afectadas por mi actuar crítico, especialmente por parte de policías
federales y fiscales abusivos, que han buscado por todos los medios
involucrarme en algún procedimiento jurídico para perjudicarme.
La verdad histórica de los hechos es la
siguiente:
Este suscrito, Mtro. Alfredo Pérez Zárate,
con cédula profesional número 2555959 expedida por la SEP, le solicito
atentamente haga usted valer mi derecho a réplica dado que lo publicado carece
de veracidad y se trata de medias verdades utilizadas para hacerme daño:
1) Mediante un contrato de arrendamiento
instalé mi despacho en la calle Horacio Nelson número 15C del fraccionamiento
Costa Azul, Acapulco Guerrero, en abril del 2014. Debo aclarar que nunca
tuvimos conflicto alguno con quien dijo ser la administradora del lugar, porque
siempre como hasta la fecha he cumplido puntualmente con mis pagos como lo exige
el contrato, vigente aún.
2) En el mes de febrero por requerirlo mis
necesidades profesionales, surgió la necesidad de ampliar mis oficinas, para lo
cual hice un nuevo contrato por una casa adjunta ubicada en la misma propiedad
en condominio (por cierto, régimen condominal no constituido legalmente), a lo
cual quien se presume propietaria por conducto de sus representantes accedió.
3) Por acuerdo de las partes, se me dio la
posesión física de manera inmediata de la casa identificada con el # 15 B , sin
embargo, una vez que le invertí sobre adecuaciones, remodelaciones y de
conformidad con el proyecto de ampliación de mi despacho, el sedicente
propietario sin explicación alguna rompió de manera unilateral y expresa el
contrato, que ya se había firmado, a lo que por supuesto no estuve de acuerdo,
sin embargo fui despojado del inmueble con violencia en los hechos,
reservándome la acción penal que me correspondía. Por lo que se generó un
conflicto, que llevo a la parte contraria a tocar las instancias legales del
Tribunal Superior de Justicia en Guerrero. Acto continuo como represalia, fue
presentada sin causal alguna, sino más bien por capricho personal, demanda de
desahucio en mi contra con el fin de quitarme también el inmueble 15 C que he
venido ocupando de manera pública, pacífica y continua, asunto que se ventila
actualmente en el juzgado IV en materia civil del TSJG, cuyo expediente
efectivamente es el 363/2015-II.
4) La realidad es que, durante el Desarrollo
del proceso y desahogo de las probanzas quien se decía ser la propietaria de
las casas, la señora BERTHA CALLEJA ( Por cierto en estado de interdicción que
le impide ejercer cabalmente sus facultades mentales desde hace muchos años ),
jamás ha podido demostrar ser la propietaria legitima de los inmuebles y sus
supuestos representantes legales la señora GLAFIRA PINEDA y JAVIER NAVA CALLEJA
han presentado ante el juzgado de manera fraudulenta e ilegal un poder apócrifo
que no les da legitimidad , por lo que ese juicio ha demorado y les ha
incomodado pues la justicia no les ha favorecido en el tiempo que ellos
deseaban. Aunque también hoy me entero, que usurpan y ostentas representaciones
de asociaciones civiles que dudo mucho que las tengan y afirman sin reserva ni medida,
indolencia en su perjuicio de autoridades civiles. Nada más falso.
5) Quiero agregar que a partir del conflicto
legal estos usurpadores, han emprendido una campaña negra en mi contra, en
donde me han calumniado y difamado públicamente, por lo que tomaré las medidas
legales necesarias en su contra.
6) Niego rotundamente ser amigo del
gobernador Héctor Astudillo y de Robespierre Robles, magistrado presidente del
TSJ, como ellos lo afirman.
No omito señalar que es preocupante para mí y
mi familia, lo que estas personas publican porque ponen en peligro mi vida, ya
que en sus aseveraciones me relacionan con la delincuencia organizada sin bases
ni fundamento alguno.
Soy abogado con maestría en derecho penal que
ejerce su derecho profesional desde hace más de quince años.
Asumo y represento asuntos del fuero común y
del orden federal. Por consecuencia, una gran porción de las defensas jurídicas
que asumo son defensas de personas a las que se imputa la comisión de delitos
en ambas materias.
Pero esta noble actividad, escasamente
comprendida, ha llevado a algunas personas a acusarme en mantas infames
colocadas en lugares públicos, de defender presuntos delincuentes o de estar
relacionado con delincuentes, cuando la esencia del abogado es precisamente la
defensa de la presunción de inocencia, principio constitucional en un estado de
derecho, en favor de las personas detenidas, hasta que en sentencia no se les
condene o bien se les absuelva.
Javier Nava Calleja y Glafira Pineda son de
estas personas que se dedican a acusar sin probar lo que, en este caso, llegan
al extremo de decir: que tengo vínculos con la delincuencia organizada, lo que
pone en peligro mi vida, particularmente en este atribulado puerto de Acapulco
en el que las bandas criminales mantienen una sangrienta disputa que ha llegado
a extenderse a la población civil. Quizá es lo que buscan, hacerme objeto de
alguna agresión, por lo que si algo me llega a pasar los hago responsables
directos de algún atentado en mi contra.
Lo peor del caso es hacerme responsable de la
muerte de dos empleados o intermediarios suyos, situación que me lastima y me
ofende dado que es público y notorio que en Acapulco en los últimos meses han
ocurrido múltiples asesinatos contra diferentes personas -taxistas,
comerciantes, líderes populares-, y el gremio de abogados también ha aportado
su cuota de sangre a esta vorágine de violencia galopante.
Por lo que respecta al juicio que se desahoga
ante un tribunal local, será el juez el que tenga la última palabra dado que
ellos se asumen falazmente como representantes del propietario, cuando en los
hechos el predio en disputa está intestado y ellos, especialmente el señor Juan
Nava Calleja, se apropiaron ilegalmente del terreno. La verdad es que la que se
asume como propietaria, Bertha Calleja, era en realidad parte del personal
doméstico del propietario original, un extranjero que falleció sin dejar
herederos, lo que fue aprovechado por la familia Nava Calleja para usurpar y
usufructuar indebida e ilegalmente el predio en cuestión. Todo lo demás son
puras calumnias.
Repito: esas personas han lastimado mi
reputación personal y por tanto me reservo el derecho de actuar legalmente en
su contra.
Sin más, quedo a sus órdenes.
Acapulco; Guerrero, 03 de Junio del 2016
Mtro.
Alfredo Pérez Zárate
Por Francisco Cárdenas
Junio/03/2016
www.libertadguerrero.net
www.libertadguerrero.net
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