CIUDAD DE MÉXICO ► La Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta
con las fichas de identificación de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Lo anterior va en contra de los estándares
internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas o ausentes. El
motivo, que el Ministerio Público de la Federación no se ha entrevistado con
los padres de los estudiantes para elaborar las fichas, revelaron fuentes
federales a Grupo Imagen Multimedia.
Las autoridades federales han dicho que son
los padres los que no se han querido reunir y proporcionar los datos de sus
hijos, debido a su desconfianza y la influencia de los expertos
independientes.Por ello no se ha llevado a cabo dicho requisito, que es
indispensable para localizar a las víctimas.
Este tipo de documento incluye entre las
características generales de la persona, particularidades, es decir lo que se
busca es establecer cualquier aspecto que pudiera ser relevante en las
características físicas de la persona como cicatrices, viejas o recientes, por
ejemplo.
De hecho, la CNDH, dentro de las
recomendaciones que le hizo a la PGR sobre el caso Iguala, enfatizó el hecho de
que no existieran las fichas de identidad.
La PGR cuenta con un Protocolo Homologado
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de
Investigación Forzada, donde se establecen los pasos a seguir de acuerdo al
tiempo que la víctima se encuentra ausente, entre las que se prevé la
entrevista del Ministerio Público con los familiares y la aplicación de un
cuestionario.
Durante la segunda fase del reporte de una
desaparición, es decir, 24 horas mas tarde entra en marcha una segunda fase que
va de las 24 a las 72 horas en la cual se da la entrevista con el Ministerio
Público con los familiares; el apoyo a víctimas y la elaboración del
cuestionario Ante Mortem.
“El cuestionario fue previsto como una
herramienta para recabar datos de personas desaparecidas y asistir en su
localización e identificación. Cada componente del cuestionario es importante
en el proceso de identificación, es fundamental que todas las secciones sean
completadas lo más extensamente posible. La información consignada sobre
personas desaparecidas (DPD) será comparada con los datos postmortem (DPM) que
sean recabados por los expertos forenses durante el examen de los restos
humanos y por corroboración de antecedentes de investigación sobre la persona
desaparecida”, detalla el protocolo.
El cuestionario aplica una serie de preguntas
que abarcan desde el árbol genealógico de la víctima hasta su historial dental,
entre otras cosas, a fin de recabar la mayoría de los datos que sirvan para
identificar los hábitos de la víctima.
El protocolo incluye ejemplos de los oficios
y las diligencias que se deben de seguir para la localización viva o muerta de
una persona.
Deben dar giro drástico: Iglesia
La Arquidiócesis Primada de México señaló que
la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre
el caso Ayotzinapa concluyó “con más preguntas que respuestas”.
Sin embargo, respaldó que, independientemente
de la certeza de las conclusiones sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos
en Iguala, el Informe “toca los males corrosivos del aparato legal (mexicano),
infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades seudolegales dilatorias
de la justicia expedita”.
En su editorial intitulado Decadencia legal,
lamenta la “falta de cooperación y obstáculos (de las autoridades con el GIEI)
que enrarecen el esclarecimiento de la verdad” sobre el caso. Apunta que la
investigación debe entrar en una nueva etapa.
“Conviene a la presente administración dar un
giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al
cansancio y descrédito (sobre las autoridades”, publicó el semanario católico
Desde la Fe.
Agrega que el tiempo pasa y los 43
normalistas son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos, pues
el caso muestra que “los cambios en el sistema de justicia son inaplazables
para reconstruir la confianza, porque muchos mexicanos no están de buen humor ante
la encrucijada que pretende solapar a pocos contra el fortalecimiento del
Estado de Derecho común a todos”.
El artículo toma como base el informe para
poner en duda que los mexicanos no son respetados en cualquier proceso penal y
afirma que, “mientras la causa de Ayotzinapa corre entre preguntas, desacuerdos
y presunciones, la opinión pública, de forma paralela, es impactada por
recientes casos de tortura exhibidos en noticieros”.
El editorial de la Arquidiócesis lamenta y
acusa que “el sistema (penal mexicano) está hecho para cocinar culpables,
desgraciando destino y vida de inocentes”, siendo los propios responsables de
la persecución de los delitos quienes fabriquen pruebas para inculpar a los
acusados.
Fuente: Excélsior
Mayo/02/2016
www.libertadguerrero.net
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