CIUDAD DE MÉXICO ► Antes de su partida, los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entregaron a la
Procuraduría General de la República (PGR) 20 recomendaciones para dar
seguimiento a la investigaciones del caso Ayotzinapa y los hechos del 26 de
septiembre del 2014 que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes y la
muerte de seis personas más.
Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos
Beristáin, Claudia Paz, y Francisco Cox entregaron el documento a la
procuradora general de la República, Arely Gómez González el pasado viernes,
con el propósito de que la institución a su cargo de continuidad a las
pesquisas realizadas por el GIEI.
El GIEI explicó que entre las 20
recomendaciones se encuentran purificar las distintas causas penales que se
siguen contra implicados en la desaparición de los normalistas, incluyendo las
que todavía siguen en el fuero común; no fragmentar la derivación previa 1/2015
para que la oficina del caso Iguala de la PGR pueda tener en cuenta el patrón de
actuación del contexto de todos los delitos cometidos alrededor de estos
hechos; evitar las confrontaciones entre la oficina del caso Iguala y la
Subprocuraduría Especializada en Investigación (SEIDO) puesto que se requiere
una investigación integral del caso.
Además se pide investigar graves violaciones
a los derechos humanos y otros delitos que están petrificados en contra de los
presuntos responsables desde las desapariciones de los normalistas, los
homicidios en agravio de seis víctimas, las tentativas de homicidio en contra
de heridos graves el encubrimiento, la obstrucción a la justicia del abuso de
autoridad por parte de fuerzas policiacas, así como la tortura y el uso
excesivo de la fuerza contra presuntos indiciados.
De igual forma se piden realizar
ministeriales que están pendientes entre ellas, las de las autoridades
políticas del estado de Guerrero, los mandos policiacos de la Policía de
Huitzuco, el presidente municipal de es misma alcaldía y las declaraciones de
todos aquellos funcionarios que se encontraban en Barandillas la noche del 26 y
26 de septiembre.
En este mismo marco el GIEI insistió en que
se debe entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en
Iguala como lo planteó en su informe final.
Asimismo, se pide mayor seguimiento a la
información de telefonía de los celulares de los normalistas y de los aparatos
que utilizaron los perpetradores y autoridades clave al momento de la
desaparición de los estudiantes, puesto que estos no han sido investigados.
En materia de balística, es necesario
realizar una confrontación de la evidencia encontrada en los escenarios de
Santa Teresa y Juan L Álvarez de las armas asignadas a policías municipales de
Cocula, Huitzuco, Policía Federal y Policía Estatal de Guerrero, ya que algunos
de su miembros estuvieron presentes en dichos lugares el día de los hechos.
Además se solicita esclarecer la diligencia
practicada por el SEIDO el 15 de noviembre de 2014 en el basurero de Cocula, de
la cual se derivó el hallazgo de 42 casquillos que no corresponden a las armas
utilizadas el día de los hechos.
El documento también tiene recomendaciones en
materia de Videos, investigaciones sobre el tráfico de drogas en Iguala, la
identificación del quito autobús, las denuncias por malos tratos y torturas en
contra de procesados y la necesidad de realizar nuevas capturas con el
propósito de profundizar la investigación de los hechos, en este sentido el
SEIDO advirtió que las líneas de investigación propuestas, así como las
recomendaciones estructurales respecto a este caso deben traducirse en el
servir para fortalecer del estado de derecho y luchar contra la impunidad en
este caso señalando que este organismo seguirá apoyando a las víctimas hasta
que este caso de los normalistas desaparecidos tenga resolución.
Estas son las recomendaciones que el Grupo
entregó y hoy las da a conocer a fin de que se dé seguimiento al desarrollo de
las mismas.
1.
Unificación de las distintas causas penales
Se requiere una acumulación procesal para
investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Las distintas
causas penales deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces
competentes y accesibles.
2.
Evitar la fragmentación
Las distintas Averiguaciones Previas que se
han iniciado en contra de los procesados vinculados con la investigación 1-2015
deben incorporarse a esta investigación en su totalidad, para evitar la
fragmentación de la investigación y para que la Oficina del Caso Iguala pueda
tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los
delitos cometidos, lo que se considera que es clave para determinar la
responsabilidad y modus operandi.
3. Investigación integral
Es necesario que se realice una investigación
integral de los hechos, no es posible separar el esclarecimiento de los hechos
del 26 y 27 de septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que
participó en los mismos. Actualmente, los primeros se investigan en la Oficina
del Caso Iguala y los segundos en la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de la Delincuencia Organizada, SEIDO. Es necesario que la
información relativa a esta organización criminal que sea relevante para el
caso de los 43 sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina
del Caso Iguala, e integrada en la investigación 1-2015. Se deben evitar
interferencias de SEIDO en la investigación que debe ser dirigida únicamente
por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante
la CIDH.
4.
Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos
Es necesario investigar de manera adecuada
otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el
caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas
penales, entre ellos: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas
de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad,
5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que
sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar
los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar
los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su
caso.
5.
Llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes
Es necesario agotar todas las declaraciones
testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han
realizado, especialmente las de las autoridades políticas del Estado de
Guerrero que se encontraban en funciones en la noche del 26 y 27 de septiembre
de 2014; el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente
municipal y la declaración de las personas que se encontraban en barandillas la
noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Deben realizarse las entrevistas a
integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el
Informe Ayotzinapa II.
Respecto a las víctimas, el GIEI señala la
importancia de que se tomen y sean incluidos en el expediente los testimonios
de familiares del equipo de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones
relevantes para la investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa
II, y que deben ser escuchadas por la PGR.
6.
Seguimiento a la información de telefonía
Con la información de telefonía incorporada
en el expediente deben trazarse nuevas líneas de investigación como la
identificación de “caminante” y otros teléfonos que parecen relevantes, dadas
las horas críticas en las que tuvieron comunicación con los presuntos
perpetradores. Debe establecerse la identidad de los usuarios de los teléfonos
con quienes se comunican perpetradores y autoridades clave en ese momento y que
no han sido investigadas. Respecto a los estudiantes, deben trazarse líneas de
investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de
detención, se siguieron activando sus teléfonos.
7. Balística
Es necesario realizar la confrontación de la
evidencia balística recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N.
Álvarez, con la de las armas asignadas a la Policía Municipal de Cocula,
Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal, Policía Federal ya que hay
evidencias de la posible participación de algunos de sus miembros en los
sucesos violentos ocurridos esa noche.
También debe investigarse por qué la SEIDO
vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento
para esta nueva diligencia en la cual se levantan 42 casquillos en la zona alta
del basurero cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así
como porque no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.
8. AND
Se debe establecer una fecha para la
recepción de los resultados de Innsbruck. La PGR debe evitar transmitir
información pública sobre las fechas específicas de dichas comunicaciones dado
que aumentan el nivel de expectativa, presión sobre los familiares y estrés. La
incertidumbre sobre el momento en que va a llegar este resultado, aumenta el
sufrimiento de las víctimas. Hay que tener en cuenta que han pasado más de
dieciséis meses desde que se enviaron los restos. La comunicación debe
acordarse de forma consensuada con los peritos de los representantes de las
víctimas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La Oficina de Investigación del caso Iguala
debe continuar con preparación realizada por el GIEI para la identificación de
la ropa y objetos encontrados en los autobuses.
9.
Documentos y videos
La PGR deberá requerir la documentación
militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de
2014, misma que no se ha incorporado a la investigación. También deberá
requerir los planes locales de seguridad, reportes, convenios, competencia de
las distintas autoridades de seguridad que muestren los procedimientos de
actuación. Así como la actuación de las diferentes corporaciones en función de
dichos planes de actuación.
La PGR debe recuperar evidencia de videos de
C4 y otros que no se encuentran en el expediente, incluyendo el material
fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de
Justicia.
10.
Investigar posible traslado de estupefacientes
Es necesario darle seguimiento a la
asistencia jurídica enviada la tercera semana de marzo de 2016 y a partir de la
información que con la misma se obtenga se establezcan las diligencias
necesarias para agotar esta línea de investigación. Entre estas, la indagación
sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del
dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos,
el medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de
transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas, socios.
11.
Plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre
el caso
Deben realizarse los peritajes que sean
necesarios para establecer cuál fue el autobús que efectivamente salió de la
Central Camionera la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, deberá
investigarse si existen funcionarios responsables, de que los hechos sobre este
autobús se omitieran en las distintas consignaciones iniciales.
Por otra parte, las contradicciones entre la
declaración del chofer ante la PGR con su propio manuscrito firmado que
confirma la versión de los normalistas y las declaraciones de los responsables
de la empresa, debe ser investigada en profundidad y así como la plena
identificación de su conductor en relación con las imágenes obtenidas en el
video.
12.
Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías
En el primer informe, se hizo del
conocimiento de la PGR, que el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones
que debían ser investigadas. En el segundo informe se presentan 17 casos que
revisten serios indicios de torturas. Si bien los jueces han indicado a la PGR
la realización de informes basados en el Protocolo de Estambul, estos no pueden
diferirse más en el tiempo y tienen que realizarse con la participación de
peritos independientes con experiencia en la evaluación de casos de tortura y
uso del Protocolo de Estambul.
Por otra parte, y de forma complementaria, el
GIEI espera que la investigación de la CNDH sobre las quejas planteadas ante
dicha institución se base en los mismos estándares, tal y como ha sido el
trabajo realizado por el GIEI con sus equipos.
13.
Determinar otras responsabilidades en los hechos y en la investigación
Investigar si la actuación de todos los
cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a
derecho. Especialmente investigar la posible participación de miembros de la
Policía Federal y la Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el
retén anterior a dicho lugar y la desviación del tráfico vehicular cuando se
estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente
del Palacio de Justicia
A la luz de los hallazgos incluidos en el
informe Ayotzinapa II, investigar si todos los cuerpos de seguridad que
estuvieron presentes en diferentes lugares y horas en que se desarrollaron los
hechos como Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal
cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la
obligación de proteger a los ciudadanos. En relación a la Policía Federal y
Policía Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de
investigar a partir de la orden de la PGR de las 22h30 de la noche del 26, y
las correspondientes responsabilidades.
14.
Llevar a cabo nuevas capturas
Capturar a la mayor brevedad, y que sean
dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos
responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de
Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco
Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala.
15.
Investigar el patrimonio de presuntos responsables
Investigar el patrimonio de los presuntos
responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con su
perfil de ingresos, si existen o ha habido transacciones de bienes entre ellos
o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras
fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas
investigaciones deben ser incorporadas al expediente y a las causas penales
abiertas.
16.
Investigar la posible obstrucción de la investigación
Investigar a todos los funcionarios públicos
que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas
cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia
en diferentes momentos de la investigación, que han sido señalados en los dos
informes publicados por el GIEI.
Desde enero de 2016, el GIEI señaló que
existieron dificultades y obstrucciones a la investigación, la fragmentación
del expediente y el control de numerosas peticiones y procedimientos por parte
de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del nuevo equipo de investigación. Por
otra se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el
GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de
octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar
con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de
dichos procedimientos al EAAF.
17. Cambiar la narrativa del caso
La investigación llevada a cabo por el GIEI
en sus dos informes Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que
ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada “verdad
histórica”. En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión
pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las
motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta
de claridad sobre el destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por
qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran
infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni
atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron y otras
circunstancias señaladas como origen del ataque. Incorporar los hallazgos
relevantes ya probados sobre las circunstancias de los hechos, los diferentes
ataques y las actuaciones de diferentes corporaciones.
Es necesario que se señale que no existe
certeza sobre el destino de los normalistas, las evidencias muestran tanto que
uno de ellos fue identificado a partir de un resto óseo, pero también de que al
menos uno de ellos existe evidencia telefónica que señalaría que se encontraba
vivo a la 1:16h de la madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como
escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en
cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el
EAAF, incluyendo aquellos que señalan que no puede responderse a dicha pregunta
y que señalan que se necesitarían hacer nuevos estudios experimentales.
18.
Continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas
informaciones
Las diligencias de búsqueda no deben
interrumpirse puesto que los estudiantes siguen desaparecidos. Mientras no se
esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los
normalistas, las búsquedas deben continuar. La desaparición forzada es una
violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida
abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y
confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias
científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales.
19.
Mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares
El GIEI ha contribuido a abrir espacios de
diálogo con la PGR y las instituciones, y considera que dichos espacios tienen
que responder a las necesidades de las víctimas de tener un seguimiento
efectivo de la investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a
la justicia. Las reglas de comunicación establecidas en distintos acuerdos
deben cumplirse de forma respetuosa y estricta, evitando las formas de comunicación
pública sin informar previamente a los familiares y poder responder a sus dudas
mediante el diálogo y el respeto a sus derechos. De ello depende que las
instituciones recuperen la credibilidad necesaria para generar confianza en las
víctimas.
20.
Evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad
El caso Ayotzinapa los informes del GIEI han
mostrado numerosas formas de nueva victimización de las víctimas en los
procesos de investigación, las versiones públicas de los hechos o los intentos
de estigmatizar a los familiares. Las acciones realizadas contra los familiares
deben ser investigadas también en el futuro para promover un contexto de
confianza y seguridad para quienes son el elemento central del sentido de la
justicia.
El Grupo espera que los hallazgos y líneas de
investigación propuestas, así como las recomendaciones estructurales respecto a
la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a
las víctimas, fortalezcan el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.
El GIEI ha sido un mecanismo novedoso para proporcionar asistencia técnica al
Estado y apoyo en un caso que tendrá todavía un largo recorrido, en el que los
familiares de las víctimas y la sociedad mexicana esperan que se dé su
resolución.
Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos
Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, agradecieron al
Estado, a los representantes de las víctimas, a los familiares y a México la
posibilidad de haber llevado a cabo su trabajo a pesar de las dificultades y,
sobre todo, agradecen también el apoyo, la atención y el monitoreo continuo de
su trabajo por parte de numerosos sectores de la sociedad mexicana e internacional:
los familiares de las víctimas y normalistas sobrevivientes, sus
representantes, las organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas,
periodistas, líderes de opinión, artistas, medios de comunicación, ciudadanos
de a pie, congresistas, organismos internacionales, delegaciones diplomáticas
de otros países, entre muchos otros.
A todos ellos y a las instituciones del
Estado mexicano, el GIEI dejó las recomendaciones, los dos Informes Ayotzinapa
I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las
partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en este caso
que ha conmovido a México y el mundo.
Por Staff de Redacción
Mayo/01/2016
www.libertadguerrero.net
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