►La clase política mexicana ha desvirtuado el verdadero significado del fuero constitucional; anteriormente
servía para proteger a los funcionarios que dieran una opinión, no a los que
cometieran delitos
CIUDAD DE MÉXICO ► La figura del desafuero se ha desvirtuado por cuestiones
políticas, ya que el fuero constitucional fue concebido para proteger a los
legisladores y puedan expresarse sin represalias. La herramienta jurídica no
intenta salvarlos de cuestiones jurídicas ni para contribuir a la impunidad,
opinan politólogos.
Actualmente la Cámara de Diputados debate el
caso de Lucero Sánchez, legisladora local del Congreso de Sinaloa, a quien se
vincula con Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso para su eventual desafuero está
en curso.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden
en que hasta ahora en México los desafueros no han procedido por un nexo con el
narcotráfico, sino por el mal uso de recursos públicos o por intereses políticos.
Además, explican, en ningún artículo de la Constitución se señala que el fuero
sea un impedimento para investigar a algún funcionario por cometer
presuntamente un delito.
El politólogo y maestro en Sociología
Política por la Universidad Iberoamericana, José Antonio Crespo, detalló que el
fuero constitucional servía anteriormente “para proteger a los funcionarios que
dieran su opinión, no a los que cometieran delitos”. Servía, asegura, para
evitar una persecución en contra de quien pensara diferente que el gobernante
en turno, por lo que el investigador califica como una “aberración” llevar a
cabo el desafuero de alguien para poder juzgarlo por un delito.
“En automático, la ley tendría que capturar a
una persona si hay elementos legales que comprueben que incurrió en un delito.
El Congreso no tendría por qué decir sí o no al desafuero. Lo cierto es que en
las pocas veces que se ha aplicado ha sido por cuestiones políticas, como el
caso de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.
La Cámara Baja ha desarrollado siete procesos
de desafuero, los tres primeros en contra de tres diputados federales priístas
—el 1 y 2 de febrero de 1945—: Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez
Vargas, acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en
Estados Unidos.
El cuarto desafuero fue contra el senador por
Sonora Jorge Díaz Serrano (PRI), el 30 julio de 1983, señalado de cometer
ilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos buque tanques cuando
era director de Pemex, un fraude equivalente a 5 mil 100 millones de pesos.
El quinto caso fue el del diputado local René
Bejarano Martínez (PRD), el 5 de noviembre de 2004, por cargos de promoción de
conductas delictivas, delitos electorales y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Después el del ex jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, promovido por el entonces
presidente Vicente Fox, el 8 de abril de 2005, por su presunta responsabilidad
en el delito de abuso de autoridad, al no dar cumplimiento a una suspensión
definitiva en el predio El Encino.
Vino el del diputado Julio César Godoy (PRD),
medio hermano del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el 10 de diciembre
de 2010, por vínculos con la delincuencia organizada.
El profesor e investigador del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Alberto
Aziz Nassif, refirió que la figura del desafuero está desvirtuada, ya que se
han ido pervirtiendo sus características iniciales para crear una figura de
impunidad, cuando la idea original del fuero era evitar que existieran presos
políticos.
“Esto es porque se han ido pervirtiendo los
mecanismos de transparencia, se ha vuelto el desafuero un asunto político.
Recordemos el desafuero de López Obrador, donde lo que imperó fue el uso
político. En caso de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, se están curando
en salud, pues alrededor del caso de El Chapo, lo único que se ve es un asunto
mediático, de ahí que el procedimiento de desafuero puede ser poco creíble”,
aseveró.
El analista político y profesor de la
División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), Jorge Chabat, explicó que el fuero constitucional surgió
para que los legisladores no fueran amedrentados por sus dichos o acciones en
contra del gobierno, pero no para proteger a criminales ni para darles
impunidad, tal como sucede en la práctica.
“El desafuero lo único que permite ver es la
impunidad y la corrupción que hay en el sistema político, tenemos el caso del
ex legislador Godoy. Es lamentable que el fuero sea un elemento que contribuye
a la impunidad y que cause una buena parte de los problemas del país. La
impunidad tiene parte de su origen en el fuero”, añadió.
De ahí que, dijo, la reforma constitucional
en la materia debe definir el uso del fuero, es decir, señalar sus límites y
que es exclusivamente para proteger las opiniones, no para inhibir
investigaciones criminales.
El proceso
El 25 de marzo pasado, después de recibir la
declaración por escrito de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe
Sánchez López, vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de la
Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el priísta Ricardo Ramírez
Nieto, aseguró que el juicio de procedencia o desafuero de la legisladora es
procedente, sin importar si la acusación que hace la Procuraduría General de la
República (PGR) está basada en un delito grave o no.
El priísta rechazó algún tinte político por
el cual se le esté dando una celeridad especial al caso en el seno de la
Sección Instructora, pues este es el único caso que les ha turnado la
Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Rubén Tamayo, representante
legal de Lucero Guadalupe Sánchez López, aseguró que su clienta presentó un
escrito en el que se declara inocente, y argumentó que el delito por el que se
le acusa —falsificación de documentos— no es grave y no tiene por qué proceder un
juicio de procedencia o desafuero.
Fuente: El Universal
Mayo/10/2016
www.libertadguerrero.net
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