MÉXICO ► Sociedades ‘fantasma’, montajes financieros en los
paraísos fiscales, acciones al portador: el escándalo revelado en los “Papeles
de Panamá” ilustra la sofisticación de las estrategias de evasión fiscal usadas
por los defraudadores. He aquí un repaso de la situación.
¿Qué
mecanismos fueron utilizados?
Ante todo, las llamadas sociedades ‘fantasma’
o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un
propietario real de una cuenta o una sociedad. Se trata de los “trusts”,
estructuras jurídicas “offshore”, basadas en el extranjero y a menudo en paraísos
fiscales.
Son administradas por personas que aparecen
como directivos de estos ‘trusts’, lo que permite ocultar la identidad de los
verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.
“Hay centenas de miles de trusts en el mundo”,
en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas,
explica a la AFP Daniel Lebègue, presidente de Transparency International
France.
El escándalo de los “Panama papers” ilustra
asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las
“acciones al portador” o “bearer shares”, acciones que permiten no divulgar la
identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.
¿Son
ilegales?
Recurrir a sociedades “offshore” no es en sí
ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.
Pero, según Lebègue, “detrás de estas
estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales
(droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante
corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).”
Tampoco las acciones al portador son
ilegales, según los expertos. “En cambio, son contrarias a las normas
internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien
está detrás de ella”, afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra
los paraísos fiscales en la OCDE.
¿Cómo
erradicar la evasión fiscal?
Se han hecho muchos esfuerzos en este sentido
desde 2009, bajo el impulso del G20. Ello permitió una fragilización del
secreto bancario (90 países se han comprometido a intercambiar automáticamente
sus informaciones antes de 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la
optimización fiscal de las multinacionales, el “BEPS”, adoptado en noviembre,
que las obliga a declarar sus actividades país por país.
“El G20 se ha puesto de acuerdo sobre el
objetivo y el principio” pero “no todos (los países) han tomado las medidas
necesarias para aplicarlos” matiza Daniel Lebègue.
Más globalmente, los países tienen
dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de
ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.
“Los defraudadores se adaptan” explica a la
AFP Antoine Bozio, director del Instituto de políticas públicas (IPP), para
quien “la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas
financieras”.
¿Qué
países plantean aún problemas?
Según una lista de la Comisión europea
publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente
cooperativas. Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda,
aunque también Seychelles o Liechtenstein. La OCDE cita por su lado a 38
jurisdicciones que deben hacer más progresos.
Un país centra las críticas: Panamá,
considerado por las ONG como la ‘oveja negra’ de la lucha anticorrupción,
debido a su gran número de sociedades offshore (unas 100.000) y su reticencia a
hacer más transparentes las famosas “acciones al portador”.
“El +black money+ se ha concentrado en las
jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es
Panamá” destaca Pascal Saint-Amans, que alude a una “línea de frente”.
“Cuanto más avanzamos, más los defraudadores
se concentran en los países que no han hecho progresos” explica.
Fuente: AFP
Abril/04/2016
www.libertadguerrero.net
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