ESPAÑA ► “Por supuesto que no tengo nada que ver con Los Zetas.
Ellos mataron a mi hijo”, aseguró ayer el ex gobernador de Coahuila Humberto
Moreira a su salida de la prisión de alta seguridad de Soto del Real.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago
Pedraz tomó su declaración y unas horas después firmó un auto en el que ordenó
su puesta en libertad sin fianza. Sin embargo, fijó dos restricciones al menos
hasta que venza el plazo para que se presente algún recurso a su decisión: no
salir de España y entregar su pasaporte.
Moreira Valdés, de 49 años, vivió a lo largo
de 2013 en Barcelona tras el asesinato de su hijo, José Eduardo Moreira.
El ex presidente nacional del PRI llegó el
pasado 15 de enero al aeropuerto de Madrid procedente de la ciudad de México
para presentar un examen del doctorado de educación que cursaba, pero antes de
ingresar al país y tras recoger sus maletas fue detenido por la Policía
Nacional española por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata,
que ese día se encontraba de guardia.
La petición de su detención vino de los
fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José de la Rosa, quienes habían
estado investigando al político mexicano desde hace más de un año y medio, con
una revisión exhaustiva de sus movimientos financieros, vigilancia y escuchas
telefónicas. En función de los datos que recabaron y de las pruebas y
testimonios que obtuvieron, decidieron elevar la petición al juez y aprovechar
la presencia de Moreira Valdés en España para ordenar su detención.
El juez de guardia aceptó y decretó la formal
prisión sin derecho a fianza, alegando riesgo de fuga, y aceptó los delitos
imputados por la Fiscalía Anticorrupción: blanqueo de capitales, asociación
delictiva, cohecho y malversación de fondos públicos.
Desde el pasado 15 de enero Moreira Valdés
vivió recluido en la cárcel de máxima seguridad de España, que fue construida
con el objetivo de encerrar ahí a los presos más peligrosos. Ahí se encuentran
cumpliendo condena o esperando a ser juzgados personajes vinculados a
organizaciones extremistas islamistas, narcotraficantes, integrantes de las
mafias rusa e italiana, o políticos acusados de corrupción.
Una semana después de su detención, el ex
gobernador de Coahuila salió finalmente de su celda para ser trasladado a
Madrid (Soto del Real está a unos 60 kilómetros de la ciudad) y comparecer así
ante el juez Pedraz. Como cualquier preso, llegó a la sala de vistas custodiado
por la policía y en un vehículo policial. Ahí se encontró por primera vez con
el magistrado y con los dos fiscales que impulsaron tanto su investigación como
la causa en su contra.
Una vez dentro de la sala del juez, Moreira
Valdés escuchó la lectura de sus derechos y fue cuestionado sobre si quería
asumir su derecho a no declarar. A lo que respondió: No, quiero declarar y
colaborar en lo máximo posible con la justicia, según relató su abogado a la
salida de la vista.
Los fiscales interrogaron al político
mexicano durante más de 45 minutos. El ex dirigente nacional del PRI respondió
una a una las preguntas. Los fiscales inquirieron en un primer momento sobre el
origen de los 200 mil euros que se investigan por supuesto lavado de dinero, que
movió durante 2013, cuando fijó su residencia en Barcelona. Tanto él como su
defensa aportaron cuantiosa información y documentos oficiales que habrían
demostrado la procedencia lícita del dinero, así como los correspondientes
justificantes de las transacciones comerciales de las dos empresas investigadas
y a nombre de Moreira Valdés, Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios.
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Después, los fiscales centraron las preguntas
en la supuesta vinculación de Moreira Valdés con el cártel de Los Zetas,
basándose sobre todo en informaciones periodísticas y en declaraciones hechas
en Texas por el testigo protegido y ex prestanombres del imputado, Rolando
González Treviño.
Tanto el ex gobernador de Coahuila como su
defensa alegaron en todo momento que no tiene ni ha tenido nunca vínculos con
el crimen organizado o con el citado cártel.
El auto judicial que decretó la libertad de
Moreira Valdés, firmado por el juez Pedraz y al que tuvo acceso La Jornada,
dice a la letra: “No se acredita el origen ilícito del dinero y se trata en
definitiva de traspasos de dinero de cuentas de sociedades de las que es socio
mayoritario el señor Moreira a cuentas de él mismo en España; sin que además
exista indicio alguno de que se trate de sociedades ‘pantalla’ o ‘fantasmas’”.
El juez también advierte que el único delito
que puede reconocer la legislación española es el del blanqueo, que ahora
desestima, y advierte que las investigaciones abiertas en México sobre
malversación de fondos públicos y el supuesto lavado de ese dinero han sido
archivadas.
Ahora la Fiscalía Anticorrupción tiene entre
tres y cinco días para recurrir la decisión del juez. En caso de que no lo
haga, la causa será archivada.
Después de hacer pública la decisión, el juez
trasladó al centro penitenciario de manera oficial el auto de libertad, que
tardó en llegar más de seis horas, por lo que Moreira Valdés salió de la cárcel
alrededor de las ocho de la noche, hora de Madrid.
A su salida el político mexicano señaló: “Yo
venía a la universidad, pero no sabía que a esta universidad. Entonces estoy
muy contento de poder salir y con un enorme deseo de comer patatas bravas.
Estoy muy bien anímicamente y muy agradecido... Fue una experiencia para la
vida y que llevaré siempre, además que Dios me permitió la oportunidad de
conocer a mucha gente, saber las necesidades, los problemas que tienen... Fue
una experiencia de vida”.
Al ser cuestionado sobre las graves
acusaciones en su contra, Moreira Valdés se limitó a señalar que de los temas
de carácter legal, como yo no soy abogado, prefiero que sea el defensor el que
hable. Además, yo no tengo la terminología de aquí en España. Sin embargo,
afirmó tajante: “Por supuesto que no tengo nada que ver con Los Zetas. Ellos
mataron a mi hijo”.
Reconoció que durante la semana que duró su
reclusión no recibió ninguna llamada ni mensaje del gobierno de Enrique Peña
Nieto ni de su partido. Únicamente recibimos la asistencia consular habitual,
indicó.
Fuente: La Jornada
Enero/22/2016
www.libertadguerrero.net
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