ESTRICTAMENTE
PERSONAL
❍ El caso contra Kate
[Por Raymundo Riva Palacio]
El horizonte legal de la actriz Kate del
Castillo está pintado de negro. A diferencia del actor Sean Penn, a quien llevó
a ver a Joaquín “El Chapo” Guzmán a su escondite en la Sierra de Durango para
hablar de una película y entrevistarlo, al Gobierno de Estados Unidos –de
acuerdo con lo que han transmitido a Los Pinos– está dispuesto a quitarle la
ciudadanía y entregarla a la justicia mexicana. Si se le encontrara culpable de
los delitos por los que se le investiga, de todas las celebridades de Hollywood
en la licuadora judicial del entramado financiero de Guzmán y el cártel del
Pacífico, ella sería la pieza desechable. Paradójicamente, ella puede cambiar
su destino.
El Gobierno mexicano, a través de la Unidad
de Inteligencia Financiera, el SAT y la PGR, están armando el enjambre
financiero de Guzmán, que según los investigadores, es muy amplio y complejo.
Dentro de toda esa telaraña se encuentra la pista de la actriz, que tiene tres
empresas, Royal Makeup, Kate del Castillo Productions y Tequila Honor, que están
siendo puestas de cabeza por especialistas de la Secretaría de Hacienda y el
Departamento del Tesoro. El propósito es construir el mapa de transferencias de
dinero de esas empresas a individuos y otras compañías con recursos que se
presume eran del cártel del Pacífico.
La idea de la película de “El Chapo”
producida por el cártel del Pacífico para exaltar la imagen del criminal y
fustigar al Gobierno fue descubierta por un trabajo de contrainteligencia del
Cisen. En el momento que se supo del plan, dijeron funcionarios federales, se
buscó establecer los vínculos que les aportara más información. De esa manera
se llegó a la conductora Yolanda Andrade, agregaron, por el hecho
circunstancial de que su padre era compadre de Guzmán. Pero las investigaciones
sobre ella mostraron que no había existido ningún contacto con él o sus
abogados.
La investigación dio resultados en 2014,
cuando detectaron una llamada entre los abogados de Guzmán y la señora Del
Castillo, a partir de lo cual se fue desenvolviendo la trama más interesante de
lo que iba a ser la película de “El Chapo”. En esas llamadas, de acuerdo con la
información de inteligencia –que aún no forma parte de la indagatoria en la
PGR–, las llamadas intervenidas ese año condujeron a pagos y comisiones de las
empresas de la actriz a nueve holdings y varias personas de la industria del
entretenimiento en México y Estados Unidos, que están bajo sospecha por la
presunción de que esas operaciones fueron realizadas por miembros del cártel
del Pacífico.
Desde el primer momento se involucró al
Gobierno de Estados Unidos, en lo que comenzó como una operación binacional,
que se ha vuelto multinacional. Desde 2014 la PGR trabaja esta línea de
investigación con el FBI y la DEA, y el SAT con el Departamento del Tesoro,
dijeron funcionarios federales.
El FBI también intervino los teléfonos de la
señora Del Castillo en Estados Unidos, en donde surgió un abogado en Nueva
York, cuyas conversaciones llevaron a la presunción de que la actriz también
podría estar involucrada en el lavado de dinero del cártel del Pacífico en ese
país. Estas investigaciones aún no se integran a la indagatoria en México,
donde sin embargo hay al menos tres empresarios que están señalados como
probables testigos de elementos constitutivos de delito, que aún no han sido
llamados a declarar en la PGR.
La investigación sobre la señora Del Castillo
continúa ampliándose, con lo que su desenlace legal está lleno de
incertidumbres. El lavado de dinero es uno de los delitos más difíciles de
probar, y la experiencia mexicana en ese campo ha sido desfavorable para las
autoridades. La PGR citó a declarar a la actriz en Estados Unidos, pero al ser
ciudadana estadunidense desde septiembre de 2015, tiene la doble nacionalidad y
es altamente probable que el Departamento de Justicia no permita que los
ministerios públicos federales mexicanos hablen con ella.
Tiene que presentarse a declarar, porque la
citaron en calidad de testigo, pero sería ante un fiscal en la Corte Federal de
Miami, donde el Gobierno de Estados Unidos decidió radicar el caso. La PGR, de
cualquier forma, podría formular preguntas previamente.
Iniciar el proceso en contra de la señora Del
Castillo en Estados Unidos es más riesgoso para ella. Según explicaron
funcionarios mexicanos, cuando menos hay dos delitos por los cuales podrían
procesarla. Uno es el de conspiración, donde no necesita haber cometido un
crimen, pero basta que supiera de un plan e intentara romper la ley.
El otro es por haber ayudado a
narcotraficantes internacionales, que se encuentra vigilada por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
Pero al mismo tiempo, la fortaleza de un caso
contra ella en Estados Unidos, le da, paradójicamente, más posibilidades de
evitar la cárcel. La ley le permitiría llegar a un acuerdo con el Departamento
de Justicia para que a cambio que declarara contra los involucrados, le
otorgaran inmunidad. Esto, en caso de que hubiera pruebas sólidas de un acto
criminal o que decidiera colaborar con los fiscales unilateralmente. El costo
sería el final de su carrera, posiblemente una nueva identidad, y cortar con
todo lo que ha sido y la rodea hasta ahora, volteando a ver siempre para atrás
sobre su hombro. Ningún camino es fácil para ella.
[Usted acaba de leer un
artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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