CIUDAD DE MÉXICO ► En Uruguay, la implementación de políticas
públicas para la salud de las mujeres, la garantía del derecho a decidir sobre
la maternidad, así como la atención a la primera infancia, derivadas del
Consenso de Montevideo, han permitido reducir los índices de muerte materna
(MM) y de pobreza extrema.
Así lo expuso Cristina
Lustemberg, viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud de Uruguay,
durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina (AL) y el Caribe, que se realiza del 6 al 9 de
octubre en esta capital.
Al presentar ante las y
los delegados los avances del país sudamericano en la implementación del
acuerdo regional, la representante del Estado uruguayo reiteró que el Consenso
de Montevideo brinda la orientación específica para que los países de la región
implementen los compromisos de la Agenda de El Cairo, aprobada hace 20 años
durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
En ese sentido,
Lustemberg informó que Uruguay implementó un marco legal y políticas públicas
focalizadas en población y desarrollo, tomando como base los derechos de la
ciudadanía, sobre todo el derecho a decidir y a garantizar el acceso a estas
garantías sin discriminación.
Los resultados, “aunque distan
de ser suficientes, alcanzan para comprobar la funcionalidad del Consenso de
Montevideo” para garantizar mejores condiciones de vida, destacó la
viceministra.
Aseguró que la pobreza en
su país cayó en tres cuartas partes desde 2004, al mismo tiempo que la tasa de
mortalidad infantil en ese año fue de 7.8 por cada 100 mil nacidos vivos.
Cristina Lustemberg
reconoció que para reducir aún más la mortalidad infantil aún es necesario
seguir impulsando el marco normativo que permita que las paternidades y
maternidades sean elegidas y responsables, y continuar brindando servicios de
acompañamiento adecuados para las mujeres embarazadas.
“Estos indicadores
también nos desafían a resolver las inequidades que aún hay en el país”, dijo
la representante de Uruguay al aclarar que aunque se pueden presumir avances en
el país, todavía enfrentan múltiples retos.
“La discriminación de
género, el no respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia
contra la mujer y el feminicidio deben considerarse como una situación
intolerable para la sociedad, pero sobre todo como un flagelo que como gobierno
estamos dispuestos a redefinir, mediante un acceso a la salud sexual y
reproductiva y asegurando la atención en salud en todas las etapas de la vida,
la humanización del parto, garantizando la licencia por paternidad y maternidad
y la prevención del VIH”, enumeró la especialista al invitar a todos los
Estados a generar los cambios necesarios.
Abundó que la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) implementada desde 2012, además de
asegurar el derecho a decidir de las mujeres y permitirles acceder a un aborto
seguro, es resultado de la visión de Estado que considera que “la
criminalización del aborto debe terminar ya, porque lo único que se logra es una
multidiscriminación, angustia, más abortos y más muertes”.
Y si no se considera su
despenalización, al menos se debe disminuir el riesgo por abortos inseguros
mediante el compromiso del personal de salud para dar atención a las mujeres
que se ven obligadas a recurrir a ellos.
La Ley de IVE –prosiguió
la funcionaria– ha permitido tener nuevos indicadores, toda vez que la MM bajó
a 14 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, lo que coloca a la nación
sudamericana, sólo detrás de Canadá, entre los países con menor índice de
mortalidad, “indicadores que estamos muy decididos a sostener”, remarcó.
Finalmente, Lustemberg
precisó que se ha incorporado la perspectiva de género de manera transversal,
por ejemplo en las políticas de cuidado a las personas adultas mayores, en las
que se ha puesto mayor énfasis en las mujeres, pues son ellas las que tienen
mayor esperanza de vida, y en ellas recae mucho el cuidado de otras personas.
“Nuestro continente tiene
claras desigualdades que deben ser atendidas de manera integral”, llamó la
viceministra al reconocer el rol de la sociedad civil para avanzar en la agenda
de desarrollo, especialmente de las organizaciones feministas y de mujeres.
Por Anais Zamora Márquez | Cimac Noticias
Octubre/07/2015
www.libertadguerrero.net
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