AYUTLA
DE LOS LIBRES ► Este martes el gobernador Rogelio Ortega
Martínez visitó a Arturo Campos Herrera quien se encuentra preso junto con seis
policías comunitarios en la cárcel de Ayutla de los Libres.
Los procesados por el deito de secuestro y otros,
son integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso que forma parte de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Campos Herrera fue detenido el 1 de diciembre de
2013 en Chilpancingo, luego de participar en un evento realizado en la Alameda
Granados Maldonado, como parte de las actividades en defensa de sus compañeros
policías detenidos. Lo relacionan con la causa penal 191/2013, que instruye el
Juzgado 4º del Distrito Judicial de Tabares con sede en Acapulco, Guerrero.
Desde su captura fue trasladado al Centro Federal de
Readaptación Social Número 1 «Altiplano», ubicado en el Estado de México. Se
trata del tristemente célebre penal de Almoloya, esa prisión de Máxima
Seguridad que se volvió famosa por albergar en su frío interior a legendarios
narcotraficantes o famosos magnicidas.
El pasado viernes 5 de junio Campos Herrera fue
trasladado al penal de Ayutla como parte de las acciones que realiza el
gobierno estatal a favor de los presos políticos y luchadores sociales encarcelados
durante la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En contraparte, los seis policías comunitarios estaban
recluidos en el penal de Acapulco, pero el viernes 5 de junio fueron
trasladados a la cárcel de Ayutla, donde se encontraron con Arturo Campos que también
recién había llegado del Altiplano.
En su visita, Ortega ofreció apoyo de su gobierno
para darle seguimiento a los procesos jurídicos con el objetivo de que
recuperen su libertad quienes han sido encarcelados injustamente, por realizar actividades
de seguridad para beneficio de sus pueblos y comunidades.
Antes de acudir a la cárcel de Ayutla, el gobernador
acudió al 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, para participar en una
reunión del Grupo de Coordinación Guerrero.
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| El gobernador dialoga con Arturo Campos. |
¿Quién es Arturo Campos?
Arturo Campos Herrera
tiene 45 años de edad. Es indígena Na savi. Con su pareja, Agustina, tiene seis
hijas e hijos, dos de ellas tan pequeñas que ni siquiera han empezado sus
primeros estudios.
Arturo nunca pudo
alcanzar su sueño de ser abogado por la falta de recursos económicos. Su padre
Cirilo falleció cuando tenía tan sólo tres años de edad, por lo que su madre
tuvo que asumir la responsabilidad de educar a siete hijos e hijas, de los
cuales cinco eran hombres y dos mujeres. Pero Arturo decidió desde pequeño que
se abriría oportunidades para estudiar. Así que sus 12 años de edad, como
muchos otros niños y niñas en la región de Ayutla, se trasladó a la cabecera
municipal para poder ingresar a sus estudios secundarios.
Arturo ha sido uno de los
más comprometidos denunciantes de la masacre del Charco. Para él, este era el
más extremo ejemplo de los alcances que tenían la militarización y la impunidad
de las violaciones a derechos humanos que el Ejército cometía en las
comunidades indígenas de Ayutla. Muchas de las mujeres que perdieron a sus
familiares en los hechos del de la comunidad del Charco y que perpetúan la
lucha por justicia, reciben a Arturo todos los años como se recibe a quien
conoce el dolor y las heridas que una lucha tan larga deja, pero que no deja de
acompañar con la misma determinación de siempre.
Debido a su larga
experiencia en la lucha social, Arturo fue uno de los promotores más
entusiastas frente a la creación de la CRAC-PC en la zona de Ayutla en el 2012.
En su empeño de participar en los esfuerzos comunitarios por conseguir
seguridad, no se arredró con las amenazas de los narcotraficantes que dominaban
Ayutla ni tampoco cuando empezaron las detenciones de quienes buscaban
desencadenar nuevos procesos de seguridad comunitaria, como Nestora Salgado
García.
Luego de su captura en diciembre de 2013, sucedió un hecho inexplicable. La decisión del gobierno
de Ángel Aguirre Rivero de enviar a Arturo al penal de Almoloya no tiene
parangón: es una medida que no se había aplicado ni siquiera contra aquellas
personas a quienes la justicia guerrerense les había imputado los más graves
delitos.
Pensemos en dos ejemplos evidentes: los policías ministeriales
acusados de la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús, normalistas de Ayotzinapa, no fueron enviados a un penal
federal; tampoco fue enviado a un penal federal el comandante implicado en la
desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, pese a que se le acusa
de una de las graves violaciones a derechos humanos.
Lo ocurrido en estos casos demuestra que para los activistas de la
policía comunitaria hay prisiones federales de máxima seguridad; para quienes
atentan contra estudiantes o personas defensoras de derechos humanos, las
cárceles ordinarias del estado o peor, cartas blancas de impunidad.
Pos Staff de Redacción
Junio/17/2015
www.libertadguerrero.net
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