CIUDAD DE MÉXICO ► Un
tribunal federal revocó el auto de formal prisión dictado contra María de los
Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca
Velázquez, porque el tribunal que confirmó el auto de formal prisión en su
contra no tomó en cuenta pruebas de descargo que ella ofreció.
A pesar del
fallo del tribunal, Pineda Villa no podrá recuperar su libertad, porque el
amparo que obtuvo fue para que el Quinto Tribunal Unitario con residencia en
Toluca reponga el procedimiento y valore las pruebas en el juicio donde se le
relaciona con los grupos criminales que participaron en la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa.
A partir del
análisis que realice, deberá emitir un nuevo auto, ya sea de formal prisión o
de libertad.
El fallo fue
emitido por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal, en Toluca, luego de
que la esposa de Abarca promovió un amparo contra la confirmación del auto de
formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la causa penal
105/2014.
El tribunal
determinó, dentro del expediente 15/2015, que el Quinto Tribunal no agotó el
tiempo para revisar las pruebas de descargo que presentó Pineda.
PGR dice que no sale
Por su parte,
la PGR dijo que el fallo es solo para el efecto de reponer el procedimiento y
eventualmente el tribunal emita un nuevo auto, “lo cual en ningún momento
implica la libertad de Pineda Villa”.
“Es
importante precisar que María de los Ángeles Pineda Villa también se encuentra
bajo otro proceso, ante el juez Tercero en Materia de Procesos Penales
Federales de Tamaulipas, por el delito de delincuencia organizada en la
hipótesis de cometer delitos contra la salud”, por el cual se le dictó auto de
formal prisión.
Cabe
mencionar que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a María de
los Ángeles de dedicarse —desde 2005 hasta noviembre de 2014—, a la compra de
bienes muebles e inmuebles con el dinero que el cártel de los Beltrán Leyva y
Guerreros Unidos obtenían por la venta del tráfico de drogas, grupos a los que
daba protección.
Lo anterior
se desprende del expediente que la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (Seido) consignó ante el juez federal, donde se
menciona que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró ingresos
no comprobables de 2009 a 2011.
Por Rubén Mosso | Milenio
Abril/27/2015
www.libertadguerrero.net
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