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Foto: Cuartoscuro.
El relator
Juan E. Méndez visitó México en 2014.
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CIUDAD DE MÉXICO ► La tortura y los malos tratos en
México por parte de las autoridades hacia los detenidos son generalizados,
concluyó relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez.
Varios casos documentados demuestran
“la frecuente utilización de torturas” en diversas partes del país por parte
de policías municipales, estatales, y federales, agentes ministeriales y
fuerzas armadas, dijo el relator.
Méndez visitó México entre el 21 de
abril y el 2 de mayo de 2014 para recabar la información contenida en el
informe sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, el cual
se presentará este lunes en un debate en Ginebra, Suiza.
El informe menciona que la tortura se
utiliza “predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición
de la persona detenida” ante la justicia.
Una encuesta realizada por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reveló que el 57% de los detenidos
en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34%
dijo haber sido forzado a modificar una declaración.
El relator observó que en México se
detiene para investigar, en lugar de investigar para detener, que se potencia
con la figura del arraigo considerado en el informe como violación al derecho
de la libertad personal, al principio de presunción de inocencia y expone al
detenido a posibles torturas. El gobierno federal informó que de las 534
personas arraigadas en el 2013, 432 fueron consignadas.
El alto número de denuncias y
testimonios recibidos no se reflejan en en el número de condenas que existen
por tortura, “signo preocupante de impunidad”, según el informe. El gobierno
informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013 y
en el Distrito Federal de 388 averiguaciones previas iniciadas en 2008, sólo
dos acciones penales fueron iniciadas.
Méndez observó que uno de los problemas
al denunciar un caso de tortura es que las víctimas no accedieron a una defensa
adecuada desde el principio de la detención. Además, la Procuraduría
General de la República (PGR) es la que autoriza el acceso de la víctima a un
abogado, lo que entorpece los trámites de protección.
Aunque el artículo 20 de Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe “los azotes, los palos, el tormento de
cualquier especie” y sanciona “todo mal tratamiento en la aprehensión o en las
prisiones”, el relator recomienda en sus conclusiones “reconocer públicamente
la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos”.
Fuente:
CNN
Marzo/09/2015
www.libertadguerrero.net
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