BAJO FUEGO
• Expediente abierto
[ Por José Antonio Rivera Rosales ]
Aunque hasta
ahora el reparto de culpas por la tragedia de Ayotzinapa se ha centrado
primordialmente en las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), hay otros responsables que han guardado silencio pero que, igualmente,
llevan sobre sí una pesada lápida de responsabilidad.
En su momento, el
exalcalde José Luis Abarca fue postulado por una coalición integrada por
Movimiento Ciudadano y por el Partido del Trabajo, además del propio PRD. Los
señalamientos, con justa razón, se centraron en los dirigentes partidistas más
obvios, como Jesús Zambrano Villalba, Carlos Reyes Torres, Sebastián de la Rosa
Peláez, Víctor Aguirre Alcaide y el exsecretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso.
Claro que sobre
ellos pesa la mayor carga de la responsabilidad al extremo de que debían estar
bajo investigación de parte de la Procuraduría General de la República (PGR),
especialmente Mazón Alonso y Sebastián de la Rosa, quienes lo protegieron hasta
el último momento a pesar de todas las evidencias en contra.
Sin embargo,
otros dirigentes partidistas ayudaron a servir la mesa: dado que se trató de
una coalición, los dirigentes de MC y del PT debían estar también en la mira de
las autoridades federales. Ellos son Efraín Ramos Ramírez y Fredy García
Guevara, quienes en 2012 eran los dirigentes estatales de MC y PT, en forma
respectiva.
El caso de Ramos
Ramírez reviste una particularidad especial: su partido, MC, es en realidad una
franquicia cuyo dueño, al menos en el estado de Guerrero, es Luis Walton
Aburto, el actual candidato a la gubernatura.
Efraín Ramos
Ramírez, como ahora Adrián Wences Carrasco, fungía como dirigente estatal
formal de MC, pero en realidad era un empleado de Walton Aburto.
Es decir, en
realidad fue Luis Walton quien aprobó y respaldó, junto con los líderes
perredistas y petistas, la candidatura de José Luis Abarca para la alcaldía de
Iguala, que finalmente ganó con los resultados por todos ya conocidos.
Sería saludable,
pues, que la PGR llame a declarar tanto a Walton como al dirigente petista
García Guevara para explicar cómo es que formalizaron una coalición que postuló
al infame Abarca a un cargo de elección popular. ¿Cuáles fueron los acuerdos
para impulsarlo? ¿Con qué compromisos?
Por cierto,
Walton no tuvo el menor empacho para que Lázaro Mazón -el mismo que abrió las
puertas del PRD a José Luis Abarca- lo acompañara en su arranque de campaña en
la misma ciudad de Iguala, donde ocurrieron tan infaustos acontecimientos que
todavía siguen bajo investigación penal y cuyo expediente no cerrará hasta que
se conozca el paradero final de los muchachos de Ayotzinapa.
En este punto
habría que revisar otros aspectos poco explorados de este doloroso episodio. En
días recientes el diario Milenio dio
a conocer parte de los reportes de operaciones entregados en tiempo y forma por
oficiales del 27 Batallón de Infantería (27 BI) al mando de la 35 Zona Militar
con sede en Chilpancingo.
Como era de
esperarse, esos reportes del 27 BI se registraron en tiempo real mientras se
perpetraron los ataques de policías y sicarios contra los estudiantes aquella
noche del 26 de septiembre de 2014. Lo primero que esos informes confirman es
que los militares estuvieron informándose en todo momento sobre lo que estaba
ocurriendo y que, llegado el caso, hicieron acto de presencia en los hospitales
donde se refugiaron los sobrevivientes .
Desde luego que
esto deja como un mentiroso al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien en
entrevistas de prensa dijo que los soldados jamás habían intervenido en el
conflicto. Ahora sabemos que sí lo hicieron, pero para saber lo que estaba
ocurriendo realmente dado que el jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores,
siempre trató de tergiversar los hechos ante el mando del 27 BI, coronel José
Rodríguez Pérez.
En realidad, con
su presencia en los hospitales donde estaban los sobrevivientes, los militares
coadyuvaron a preservar vidas humanas porque ningún sicario ni policía en su
sano juicio habría atacado a los normalistas frente a tropas fuertemente
armadas.
Sin embargo, hay
algo más perturbador de los propios militares que hasta ahora no ha salido a
flote: en realidad es poco conocido que cada batallón cuenta con una sección
denominada Servicio de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO), un órgano
de búsqueda de información que, en los hechos, funciona como una suerte de
inteligencia operativa adscrita a cada BI.
Por necesidad, el
SIIO debió estar informado desde mucho antes del 26 de septiembre de las
operaciones ilícitas y las relaciones peligrosas a las que era adicto el
matrimonio José Luis Abarca-María de los Ángeles Pineda.
Esto significa
que, al menos desde que Abarca ascendió al poder local en 2012, el mando del 27
BI debió estar informado de la multiplicidad de ilícitos en que incurrió el
munícipe en el municipio de Iguala y circunvecinos, dado que era el área de
influencia de los Guerrero Unidos encabezados por Mario Casarrubias, de los que
el edil y su esposa eran parte activa.
Homicidios,
secuestros, asaltos, extorsiones, traslados de valores y un largo etcétera
debieron ser del conocimiento del jefe del 27 BI desde tiempo atrás y, por
extensión, debieron ser reportados a la 35 Zona Militar que, a su vez, debió
informar al Mando Territorial con sede en Acapulco.
Esto es, los
mandos militares con seguridad contaban con una buena porción de información
sobre los manejos ilícitos del alcalde, mismos que debieron hacerse del
conocimiento del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa.
¿Y qué fue lo que
pasó? Nada.
¿Qué harán ahora
para investigar las omisiones históricas en que incurrieron los mandos
involucrados?
Usted acaba de leer un artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.
0 comments :
Publicar un comentario
Por favor, ingresa tu correo electrónico para poder contactarte posteriormente... Gracias por visitarnos.