ESTRICTAMENTE PERSONAL
• Sacerdotes
guerrilleros
[ Por Raymundo Riva Palacio ]
La participación de la Iglesia Católica en
los movimientos armados en México no es inusual. Desde Miguel Hidalgo y José
María Morelos en el Siglo XIX, hasta quienes sirvieron como correos e
intermediarios de las guerrillas rurales de Genaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas en los 60s y 70s, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel
Ruiz, que en los 90s apoyó al EZLN con dinero mientras los dominicos
articulaban las redes de insurrección y las monjas marinol compraban las armas
para los zapatistas en San Francisco, California, que introducían a través de
las redes religiosas a México. La opción de los sacerdotes católicos por la
lucha armada como camino para el cambio en México nunca se detuvo, como en
Guerrero, donde desde hace juna década dos sacerdotes son parte central de los
intentos insurreccionales en aquél estado.
Desde hace años, los aparatos de seguridad
del Estado Mexicano siguen los pasos de los sacerdotes Mario Reynaldo Campos
Hernández y Hugo Melitón Santillán Cantú, cuyo expediente también es del
conocimiento de la Nunciatura Apostólica, que es el equivalente a una embajada
de El Vaticano. Los dos trabajan en Tlapa, en la región de La Montaña, que es
el punto de encuentro de los actores que se levantaron en contra del Estado
Mexicano desde octubre pasado al iniciar una guerra sofisticada donde el
vehículo para el cambio no son las armas, sino las conciencias. Atrás quedó la
retórica de “la lucha contra el Estado burgués”, una proclama desgastada que
polariza, y dio paso al reclamo de justicia por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, que es una causa incluyente, aglutinadora, legal y
legítima.
Los dos sacerdotes han sido vigilados
permanentemente desde hace casi 15 años, pero nunca se ha interferido con sus
actividades. Campos Hernández se volvió miembro del Centro de Derechos Humanos
de la Montaña “Tlachinollan”, en donde se encuentran los abogados de los
familiares de los normalistas desaparecidos, que es uno de los vectores de por
donde cruzan las fuerzas insurreccionales en Guerrero, en 1994, y desde 2000,
fue identificado en los expedientes gubernamentales como un promotor y
reclutador de cuadros para el EPR y su escisión ERPI en el municipio de
Malinaltepec. Santillán Cantú, tomó la opción guerrillera en 1996, al
declararse a favor del EZLN, y fue vinculándose a los movimientos armados en su
estado, y en particular con el Comandante Emilio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias-Liberación del Pueblo, desprendida también del EPR.
A principio de junio de 2013, los dos
encabezaron una reunión en el municipio Xalpatláhuac, también en La Montaña,
donde expusieron sus planes para armar un nuevo movimiento armado al margen del
ERPI, que hasta antes del crimen de los normalistas de Ayotzinapa era la
guerrilla dominante en Guerrero, por diferencias tácticas con el comandante
eperrista, Beto, y los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio. Los sacerdotes
fueron promotores y respaldaron la creación de las policías comunitarias, que
se encuentran enfrentadas con los hermanos Plácido Valerio, quienes las consideran
“grupos paramilitares”.
Los vasos comunicantes entre todos ellos han
sido extensos a lo largo de los años, y de acuerdo con funcionarios
guerrerenses, las diferencias siempre son menos grandes y profundas de lo que
parecen. Esto explica, por ejemplo, que las alianzas entre esos grupos y los
sacerdotes se alteren con regularidad, porque al final buscan el mismo
objetivo, que no haya presencias exógenas en esa región –por ejemplo, todos se
oponen a las mineras y a los proyectos ecológicos-, y que mejoren las
condiciones de vida de los guerrerenses.
En noviembre de 2013, por ejemplo, Santillán
Cantú urgió a los pobladores de Malinaltepec a organizarse en contra de las
mineras. Un año antes en Tlapa, Campos Hernández afirmó ante sus fieles: “Los
pueblos indígenas deben seguir exigiendo sus derechos porque se quiere engañar
a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan los proyectos
mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano”.
La pastoral social es persuasiva. Santillán
Cantú, inclusive, ha pedido a los sacerdotes a preocuparse por los problemas
políticos, sociales, culturales e ideológicos, y no únicamente a los
religiosos. En Guerrero siete de cada 10 habitantes no pueden cubrir sus
necesidades básicas de alimentación –el 20% de los niños sufre desnutrición-,
vivienda y educación. Pero en la región de La Montaña, 65.3% sufre pobreza
alimentaria, 71.8% no tiene los recursos para acceder a servicios de salud y
educación, y el 84.8% no posee patrimonio propio. Es una zona sin futuro. El
40% de su población son analfabetas, pero el 85% de los mayores de 15 años, ni
siquiera terminó la primaria.
Con una población condenada a la miseria, la
voz de los sacerdotes, que a la perspectiva espiritual se le suma la demanda
material, es poderosa. Campos Hernández y Santillán Cantú no tienen
imputaciones que busquen lucro o bienes materiales en sus expedientes. Están en
la lógica de la opción por los pobres y del cambio, y confluyen con los grupos
insurreccionales tras décadas de abandono institucional. Puede criticarse su
método para el cambio, pero no el objetivo. La insurrección en Guerrero sí
tiene un origen real, la marginación, que no se ve cómo resolverse. Esta parte
de la ecuación nadie puede olvidarla. Ni el Estado Mexicano, ni El Vaticano.
Twitter: @rivapa
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