ENTRESEMANA
• ¿Ahora
sí?
[ Por Moisés Sánchez Limón ]
Este miércoles 25 de febrero, el coordinador
de la diputación federal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ha cumplido 36 años de
edad y forma parte de la generación que creció en un México señalado como uno
de los países más corruptos del mundo: ocupa el sitio 103 de 174 países de todo
el orbe, según evaluación del Índice de Percepción de Corrupción de
Transparencia Internacional.
Dice el queretano Anaya Cortés que la
corrupción hoy le cuesta a México, cada año, 1.5 billones de pesos; esto
equivale a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de
México, todos los años.
Pero, no es que México, antes de febrero de
1979 --cuando nació el joven Anaya—brillara como una nación despojada de
pillastres de cuello blanco ni que, por ejemplo, sus cuerpos policiacos
estuvieran integrados por diáconos o monaguillos. Infortunadamente la
corrupción es una especie de sello connatural del ser humano; hay quienes
nacieron para ello. ¿La corrupción se mama, se aprende o se contagia?
En esto no hay medias tintas, se es corrupto
y punto. Y viene a colación irremediable la paráfrasis de aquel lema de campaña
de José López Portillo y Pacheco “La solución somos todos” que devino, al
término de su administración en “La corrupción somos todos”, convertida en
deporte y acto de fe de funcionarios públicos que se hicieron millonarios en el
cargo, especímenes de esa fauna de los nuevos ricos sexenales.
Los miembros de la generación que nació en
aquel sexenio que vomitó camadas de nuevos ricos, pocos de ellos juzgados
penalmente cuando Miguel de la Madrid Hurtado echó a andar la “Renovación Moral
de la Sociedad” y entambó al mejor espécimen ejemplo de la corrupción, Arturo
“El Negro” Durazo Moreno, hoy son burócratas, directivos, secretarios de despacho,
legisladores, artistas, académicos, desempleados, jefes de familia, docentes y,
en fin, ciudadanos que han sido víctimas de la corrupción cuando no actores de
ésta, impávidos cómplices o partícipes obligados por las circunstancias en la
comisión de la misma.
Han pasado 33 años desde aquella pretendida
acción moralista y persecutoria de corruptos en el sector público que emprendió
la administración de Miguel de la Madrid con el contador público Francisco
Rojas Gutiérrez como el primer titular de la naciente Secretaría de la
Contraloría General de la Federación (Secogef) –29 de diciembre de 1982-- que
transitó con más pena que gloria hasta convertirse en la Secretaría de la
Función Pública, cuya muerte por decreto fue mentís porque, por razones poco claras,
finalmente el presidente Enrique Peña Nieto le devolvió la vida con un cuate
suyo –como ha sido práctica elemental—, Virgilio Andrade Martínez con carácter
de titular.
Por supuesto, la corrupción debe combatirse
mediante acciones de pirámide inversa, es decir, desde los altos cargos, de
arriba para abajo. Porque el policía que extorsiona paga una parte al jefe
inmediato superior y de ahí hacia el alto mando, como ocurre con el jefe de la
oficina que sella documentos y otorga permisos o da el VoBo a una licitación y
se reporta con el diezmo hacia el jefe, el director, el subsecretario y, por
antonomasia del ilícito, al funcionario de mayor jerarquía que, al final de
cuentas, dirá que desconocía lo ocurrido en su ámbito.
Pero, bueno, la página negra de la historia
nacional registra contados casos de altos funcionarios que hayan sido juzgados
por corruptos y encarcelados. Los más fueron parte del cobro de facturas a sus
jefes. Ajuste de cuentas políticas con la ausencia de voluntad política para
aplicar las leyes porque, como refería mi colega y columnista Miguel Ángel
Rocha Valencia, ¿para qué hacer tantas reformas, si con aplicar las leyes
vigentes como debe sería suficiente para meter a chirona a los delincuentes de
cuello blanco?
En efecto, hay leyes que de tanto ser
enmendadas dejan de ser efectivas y se vuelven sólo buenos deseos o mecanismos
utilizados como petate del muerto.
El de Pancho Barrio Terrazas es ejemplo
estrella. Cuando secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el
sexenio de Vicente Fox, ofreció meter a prisión a verdaderos peces gordos, es
decir, funcionarios públicos corruptos, mas no tocó ni charales. Vaya, se le
fue vivo el mismo Vicente y sus hijastros, cuya fortuna se nutrió del tráfico
de influencias y conflicto de intereses. ¿De dónde salió la lana para construir
el Centro Fox y las dos haciendas en donde hasta antes del año 2000 se
transpiraban deudas? ¿Fueron los ahorros de doña Marta?
¿Cuántas fortunas se han amasado, ampliado,
robustecido y nunca compartido con los habitantes de zonas miserables del país,
a lo largo de 33 años? Ofende el enriquecimiento ilícito e indigna la
flexibilidad de la ley que se aplica selectivamente y, decía en la entrega
anterior, procede con rudeza contra quien se roba un pan pero con delicada
impunidad contra aquellos que transan cientos de millones de pesos desde el
alto cargo en perjuicio del erario federal.
Han pasado 33 años y, después de un estira y
afloje, negociaciones entre los coordinadores de las tres principales fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Unión, la LXII Legislatura federal
está a punto de parir el Sistema Nacional Anticorrupción.
Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada
del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sus contrapartes del PRD,
Miguel Alonso Raya y, del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunciaron este martes que
llegaron a un acuerdo y determinaron concretar en comisiones la iniciativa de
reforma constitucional que dará vida a este compromiso de combatir, desde todos
los ángulos y los tres niveles de gobierno, a la corrupción.
Y este jueves 27 de febrero, en la sesión del
pleno camaral llevarán el dictamen para obviarle procedimiento y someterlo a
discusión y aprobación, luego turnarlo al Senado para su procedimiento en los
congresos locales, por tratarse de una reforma constitucional.
Indudablemente habrá una renuencia, elemental
y prácticamente parte del escenario legislativo, de diputados de esa oposición
que asombraría si aprobara una sola iniciativa en el pleno camaral. Desfilarán
personajes como Ricardo Monreal, Ricardo Mejía Berdeja, Rafael Huerta Ladrón de
Guevara y María Luisa Alcalde Luján, en especial, pero sin duda procederá la
mayoría calificada.
Para Ricardo Anaya, ésta reforma que dará
vida a todo un esquema jurídico y administrativo en el combate a la corrupción
en México, tiene estatura similar al de las reformas estructurales, la reforma
política de 1977 que abrió la puerta del Congreso de la Unión a los partidos de
oposición. Sí, sin duda será la resultante de la voluntad política mayoritaria.
¿Combate en serio a la corrupción? ¿Ahora sí? Conste.
MIÉRCOLES. Por cierto, la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside el priista jalisciense Abel
Octavio Salgado Peña, aprobó punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Energía rinda informe del resultado de la aplicación de las Normas Oficiales
Mexicana relativos al cumplimiento de condiciones de seguridad y operación de
las empresas distribuidoras de gas LP en territorio nacional. Este es,
indudablemente, un imperativo. Digo.
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