CIUDAD DE MÉXICO ► El caso de
los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra de
cómo en México se vive en un contexto de“desapariciones
generalizadas” en las que muchas veces participan agentes del
Estado cometiendo el delito de
desaparición forzada, concluyó este viernes el Comité contra la
Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su informe final sobre México.
El Comité insistió en que lo ocurrido
el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero -cuando policías municipales
atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis
Abarca- no sólo es un caso de desaparición forzada si no que “ilustra los
serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención,
investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de
personas desaparecidas”.
México se sometió el pasado 2 y 3 de
febrero a evaluación ante este Comité, que tras analizar el informe del Estado
sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición
de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y
representantes de la sociedad civil, emitió este viernes sus observaciones
finales, que son las siguientes:
-Es preocupante que México no cuente con información estadística precisa
sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide
conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de
políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. Al Comité le
preocupa que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas con el que cuenta el país no incluya información para determinar
si se trata de casos de desaparición forzada -es decir, que participan agentes
del Estado en el delito-; por lo que recomienda adoptar medidas para tener un
registro confiable.
-El Estado mexicano debería redoblar
esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una
persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial,
aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.
-México deberá adoptar las “medidas
legislativas necesarias” para que
el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal
como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que
se trata de “extrema gravedad”.
-El Comité llamó a que al interior de
la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la
investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y
personal capacitado.
-El Estado mexicano debería aprobado “a
la mayor brevedad posible” una ley
general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán
participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH.
-Uno de los puntos en los que sociedad
civil insistió más durante la evaluación de México ante el Comité fue en que
éste pueda recibir y examinar
casos individuales de desaparición forzada, es decir, presentados
directamente por los ciudadanos. En ese sentido, en las recomendaciones se
“alienta enérgicamente” al Estado a reconocer esta facultad para que los
expertos de la ONU puedan revisar casos.
-Otra de las recomendaciones es que se
adopten medidas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un
militar queden expresamente excluidas
de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y
juzgadas por autoridades civiles.
-El Comité también incluyó una
recomendación para que México
coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención
e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los
responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.
Guerra Sucia
Durante la evaluación de México, se
trató el tema de la Guerra Sucia, conocido así en México el periodo entre 1960
y 1980 en el que ocurrieron diferentes medidas de represión militar y política.
Al respecto, el Comité mostró su
preocupación porque a pesar del tiempo transcurrido “no hay avances significativos en la
investigación y sanción de los responsables de las desapariciones
forzadas”.
Además, los expertos de la ONU hacen
énfasis en que la reparación del
daño a las víctimas ha sido lento.
“El Estado parte debería intensificar
sus esfuerzos con miras a: a) Asegurar que todos los casos de desaparición
forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra
sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de
ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus
actos; b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personasque
hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período; c) Garantizar el derecho a la verdad respecto
de lo ocurrido; d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con
los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya
los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género”.
Tras la evaluación de México el pasado
2 y 3 de febrero el Estado se comprometió no sólo a recibir y analizar las
observaciones y recomendaciones del Comité, si no a que para a más tardar junio
de este año habría una Ley General sobre Desaparición Forzada que sería
procesada en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Fuente:
Animal Político
Febrero/13/2015
www.libertadguerrero.net
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