El crimen de los estudiantes marcó el
peor momento en los dos años que lleva de gobierno el presidente Enrique Peña
Nieto y dejó en evidencia el grado de corrupción que existe entre autoridades
locales y la delincuencia organizada
CIUDAD DE MÉXICO ► La fiscalía
general de México llegó a la conclusión de que 43 estudiantes desaparecidos en
septiembre fueron masacrados por un grupo de narcotraficantes que los confundió
con una banda rival, comenzando a cerrar las investigaciones de una tragedia
que conmovió a los mexicanos y sacudió al Gobierno.
Felipe "el Cepillo"
Rodríguez, miembro del grupo narco Guerreros Unidos detenido días atrás,
organizó la ejecución de los jóvenes por instrucciones de un líder de la
organización, dijo el martes la fiscalía tras la confesión del criminal.
"Evidencias permiten determinar
que los normalistas (estudiantes de magisterio) fueron privados de la libertad,
de la vida, incinerados y arrojados al río, en ese orden", dijo el fiscal
general, Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa.
"Esta es la verdad histórica de
los hechos que debe tener validez jurídica", agregó.
Sus conclusiones se basan en las
declaraciones de 99 detenidos y en el hallazgo de restos humanos y materiales
en un basurero de Cocula, un pueblo del sureño estado de Guerrero.
Los estudiantes, en su mayoría hijos de
campesinos pobres, pertenecían a una escuela rural de magisterio. Habían salido
la tarde del 26 de septiembre hacia Iguala a recolectar fondos para participar
en una protesta en la Ciudad de México, distante más de 300 kilómetros de la
escuela.
Las investigaciones, que son rechazadas
por familiares de los jóvenes, indican que fueron detenidos por policías en la
vecina ciudad de Iguala después de enfrentarse con los agentes, y luego fueron
llevados hasta el basurero en camionetas.
Convencidos de que entre los
estudiantes había infiltrados de la organización criminal rival Los Rojos, dos
cabecillas de Guerreros Unidos ordenaron a Rodríguez matarlos a todos y no
dejar rastros, según la investigación.
Algunos llegaron muertos al basurero y
otros recibieron un disparo en la cabeza en el lugar. Luego, sicarios a las
órdenes de "El Cepillo" organizaron una gran hoguera con neumáticos y
leña para desaparecer todo rastro, según su confesión.
El director de la agencia de investigación
criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, explicó que la masacre tuvo que ver con
la defensa del territorio por parte de Guerreros Unidos.
El estado de Guerrero, uno de los más
pobres del país, sufre constantes pugnas entre grupos de la delincuencia organizada
que se dividieron el territorio tras la caída de los líderes del cártel de los
Beltrán Leyva, que llegó a ser uno de los más fuertes del país en la década
pasada.
El famoso centro turístico de Acapulco,
en la costa de Guerrero, es considerada actualmente como una de las ciudades
más violentas del mundo.
Jesús Murillo Karam. |
COMIENZA EL PROCESO
El crimen de los estudiantes marcó el
peor momento en los dos años que lleva de gobierno el presidente Enrique Peña
Nieto y dejó en evidencia el grado de corrupción que existe entre autoridades
locales y la delincuencia organizada.
El mandatario dijo el martes que el
país debe superar el caso de los estudiantes y mirar hacia adelante. "Este
momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor no puede
dejarnos atrapados", señaló.
Murillo dijo que el caso no está
cerrado totalmente porque falta aún detener a los autores intelectuales de la
masacre, pero que las investigaciones son firmes como para presentar cargos
contra los detenidos y continuar con el proceso.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca,
quien según la fiscalía dio la orden de detener a los estudiantes y cuyos
policías los entregaron a los sicarios, será acusado de desaparición forzada.
Abarca y su esposa, María de los
Angeles Pineda, formaban parte de la organización criminal.
Rodríguez y varios de los sicarios bajo
su comando serán acusados por el homicidio de los estudiantes. La fiscalía
pedirá para él una condena de 140 años de prisión.
Los familiares de los estudiantes han
liderado protestas masivas y acusado al Gobierno por no haber hallado a los
jóvenes. Incluso algunos de ellos creen que los estudiantes aún están vivos y
que el Ejército podría tenerlos secuestrados.
Murillo dijo que no hay ninguna
evidencia de la participación de soldados en la masacre.
Familiares también han dicho que solo
reconocerán la muerte de los jóvenes si les entregan los cuerpos, algo que
según la fiscalía no es posible dado el grado de calcinación. Parte de los
restos fueron triturados y arrojados al río.
Algunos pocos fueron enviados en
diciembre a la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero sólo se logró
identificar al estudiante Alexander Mora. Actualmente siguen trabajando con
técnicas más sofisticadas.
Fuente: Reuters
Enero/27/2015
www.libertadguerrero.net
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