ENTRESEMANA
¿Sanción ejemplar contra Grupo México?
Por Moisés Sánchez Limón
Lo ocurrido el pasado 6 de agosto cuando una falla en la tubería de salida de la mina Buenavista del Cobre, sita a ocho kilómetros al suroeste de Cananea, Sonora, provocó un derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre, arsénico, cadmio, cromo, mercurio y ácido sulfúrico que contaminó a los ríos Sonora y Bacanuchi, es apenas parte de un tejido de corrupción, intereses políticos y económicos, de complicidades bajo los cuales ha operado, por años, la empresa Grupo México, en perjuicio de sus trabajadores, los habitantes y el medio ambiente de las zonas donde opera en el país.
El informe de la comisión especial legislativa federal instalada desde el pasado 26 de agosto y que ha dado seguimiento al caso, demuestra que sólo en el caso de dicha mina “(…) se violaron aproximadamente 30 leyes de conservación ecológica y ambiental, así como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral para América del Norte, pero principalmente las 46 NOM expedidas por Semarnat en materia de Cuidado de Aguas Residuales, Prevención de Contaminación de Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales, así como de Control de Residuos Peligrosos, entre otros”. Casi nada.
La previsión es que este miércoles 17 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados apruebe el informe y las conclusiones de la Comisión Especial que da seguimiento a la crisis ambiental, social y agropecuaria provocada por el derrame de tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi, por una mina propiedad de Grupo México, operada por su subsidiaria Buenavista del Cobre.
De acuerdo con el informe entregado el viernes de la semana pasada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, que preside el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, entre sus objetivos específicos, en los incisos 5 y 6 plantea:
“Solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los resultados de su investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Sonora afectados por el derrame.
“Solicitar a la Procuraduría General de la República agilice las investigaciones para que puedan aplicarse las penas correspondientes a los responsables del vertimiento de sustancias contaminantes a los Ríos Sonora y Bacanuchi”.
Los integrantes de esta comisión plural legislativa estuvieron en aquella región sonorense el pasado 3 de este mes y se entrevistaron con vecinos de las localidades afectadas, así como con los alcaldes de siete municipios. Recomiendan, en este informe que hoy debe ser votado por el pleno camaral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se incluye al municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas.
Ya adelantaba el viernes último algunas de las conclusiones contenidas en este informe legislativo, en el que se cita al gobierno del estado como omiso y de alguna forma corresponsable por no haber aplicado, en su momento, las sanciones procedentes por la inobservancia de medidas básicas de funcionamiento de la mina propiedad de Grupo México.
Así, en el último punto de sus conclusiones, el informe de la Comisión especial que encabeza el diputado federal priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente además de la Comisión de Energía de la Cámara baja, prevé:
“Con la información recabada al momento la Comisión Especial, exigirá a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México”.
Este punto es relevante si se toma en cuenta que, de acuerdo con los integrantes de dicha comisión, el Grupo México “está incumpliendo e inobservando una serie de disposiciones legales”, entre las que se encuentran la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la de Aguas Nacionales.
Otras irregularidades con las que opera la minera Grupo México “se relacionan con la ausencia de protección durante el manejo de residuos; la falta de registro ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado, como generador de residuos de manejo especial, lo cual violó el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la contratación de empresas no autorizadas para el controlo residual”.
Minera México es, de acuerdo con el resultado del trabajo de los legisladores, una empresa que viola las leyes y abandona a la salud de sus trabajadores. “Grupo México –cita el informe—no ha implementado un programa de evaluación médica adecuado para determinar el estado de salud de sus trabajadores que están expuestos a contaminantes en el aire (…) Es también notorio que las radiografías de tórax de mineros activos mostraron signos de silicosis (…)”.
En los hechos, la mayoría de las minas en México operan indolentes, impunes, por encima de la ley, en perjuicio de sus trabajadores y del entorno social y ambiental donde se encuentran. La tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, es una muestra del poder económico y de influencia política que la Minera México presume… y demuestra.
Por aquella tragedia hubo indemnizaciones insultantes, pasividad oficial indolente, ausencia de seguridad para los deudos de los 65 mineros que perdieron la vida el 19 de febrero de 2006, cuando explotó, en esa localidad de San Juan de Sabinas, en Nueva Rosita, estado de Coahuila, donde los llamados pocitos son remanentes de yacimientos de carbón, explotados a baja escala y en la que los empresarios contratan menores de edad porque son los que caben en esos hoyos.
Sí, trabajar en las minas es un enorme riesgo. Se juega la vida todos los días. Pero Grupo México es el mejor ejemplo de la indolencia y el valor del dinero por encima de la observación de las leyes.
La creación de un fondo inicial de dos mil millones de pesos para atender el severo problema ambiental, social y agropecuario de por lo menos siete municipios de la región afectada por el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, es apenas una aspirina para un grave mal que se llama corrupción. Porque violar las leyes tiene un precio y ello entraña corrupción. ¿Se atenderá a la recomendación legislativa? Digo.
MIÉRCOLES. Por cierto, no hay que perder la pista a la recomendación de la CNDH al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por el caso del homicidio del niño José Luis Tehuatlie. ¿Se procesará a Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública de esa entidad, por omisión, complicidad, encubrimiento y mentir a una autoridad? Conste.
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