ENTRESEMANA
La corrupción somos todos
Por Moisés Sánchez Limón
El slogan de campaña “la solución somos todos” que, en 1976 y en solitario, hiciera José López Portillo y Pacheco, como candidato del PRI a la Presidencia de la República, devino en aderezo de la pintura costumbrista de los mexicanos en la práctica del deporte nacional del cochupo, la mochada o el diezmo, la tranza: la corrupción somos todos. Así, sin comillas, al final de cuentas frase de uso común. Paráfrasis indiscutible.
Y parece el cuento de nunca acabar. Cínicos, dirán los beneficiarios de esa praxis que es un mal necesario porque, elemental procedimiento de la justificación criminal, “el que no tranza no avanza”. Y México se encuentra en la posición 106 de los 177 países a nivel global de acuerdo con el reporte del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cuyo más reciente informe data de diciembre del año pasado.
¿Habrá mejorado México en los últimos nueve meses? ¿Descendió en ese top ten mundial en el que, por ejemplo, en el Continente Americano, Canadá ocupaba en diciembre de 2013, el lugar número 9; y de los latinoamericanos, Chile estaba en el sitio 22 y Uruguay en el 19.
Difícil, sin duda. Sobre todo porque, en la escala que mide del 0 al 100 (cero sumamente corrupto y 100 muy transparente), México se ubica en el sitio 34. A la mexicana dirán que estamos casi en medio, es decir, somos medio corruptos en comparación con Somalia, Corea del Norte y Afganistán que, con ocho puntos, se alzan como los más corruptos del mundo, conforme con las mediciones de Transparencia Internacional.
¿Llegaremos a los niveles de Dinamarca y Nueva Zelanda, considerados como los países con menor índice de percepción de corrupción, con 91 puntos de 100? Tal vez ése sea el objetivo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que, finalmente y de acuerdo con el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el presidente Peña Nieto enviará en estos días al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma tendente a cambiarle hasta el modo de andar a la Procuraduría General de la República y desaparecer formalmente a la Secretaría de la Función Pública, una dependencia que tiene raíces en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo lema de campaña fue “la renovación moral de la sociedad” y concretó con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cuyo primer titular fue Francisco Rojas Gutiérrez, tempranamente egresado del gabinete de Peña Nieto.
Beltrones, también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, declaró este domingo 21 de septiembre que “uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia es el combate a la corrupción. De ahí la relevancia de que en los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto envíe al Congreso de la Unión la iniciativa que crea y reglamenta la Fiscalía General de la República y la fiscalía anticorrupción”.
Se trata, calificó el ex gobernador de Sonora, “de un asunto prioritario para los diputados del PRI, que habremos de analizar con toda responsabilidad para dotar a México de los mejores instrumentos a su alcance para prevenir y sancionar este flagelo nacional”.
Indudable el buen propósito; incuestionable la decisión de combatir a la corrupción. Empero, más allá del cambio de nombres de la Procuraduría General de la República por Fiscalía General de la República, y la desaparición de la Secretaría de la Función Pública para crear, en su sitio, a la Fiscalía Anticorrupción, habrá que evaluar el contenido de la iniciativa de reforma.
Cuáles serán esas medidas tendentes a endurecer sanciones contra los delincuentes de cuello blanco, los altos funcionarios públicos, empresarios del sector privado, políticos que trafican influencias y se enriquecen a su paso por el Congreso de la Unión, alcaldías, congresos locales, gobiernos estatales.
Porque de buenos deseos han estado llenas las campañas de aspirantes a cargos de elección popular y de aquellos que se incorporan a la burocracia nacional y prometen portarse bien, mas cuando tienen la oportunidad venden espacios para un trámite, cobran al usuario, el derechohabiente, al público que requiere de un servicio. La corrupción en la burocracia es de escándalo pero nadie se ruboriza. Impunidad insultante.
Dirán que no es lo mismo el acto de un policía que extorsiona automovilistas en una avenida de la capital del país o la calle principal de una ciudad en cualquier estado, que los millonarios moches que cobran legisladores por “bajar” el presupuesto a los municipios, o los gobernadores que maquillan cifras con obras inexistentes y se suman a las camadas de millonarios sexenales.
Ni el tabasqueño Andrés Granier Melo ni el michoacano Leonel Godoy o el coahuilense Humberto Moreira menos el chilango Marcelo Ebrard Casaubón, que endeudaron a sus entidades en niveles que dan calosfrío por el monto mutimillonario, son los únicos, primeros ni últimos políticos bandidos que expían culpas contra sus antecesores. Uno está como huésped distinguido en prisión; los otros andan campantes, impunes que para el caso es lo mismo.
Es el cuento de nunca acabar. Mire usted. Este fin de semana, se conoció el resultado de la “Encuesta sobre mejora regulatoria, gobernabilidad y bueno gobierno de los principales municipios de México”, que elabora el respetable Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Y resulta que Cuernavaca, Morelos, y la delegación Azcapotzalco de la ciudad de México, son las entidades municipales (la segunda está en ese rango) en las que más se solicitan dádivas para facilitar diversos trámites.
Aguascalientes, la capital hidrocálida, y Guasave, Sinaloa, son las de menor incidencia, que no exentas de actos de corrupción en el servicio al público, conforme con la encuesta del CEESP levantada entre empresas del sector privado.
Y, bueno, ya se imaginará usted que los servicios de seguridad pública y los policías obtuvieron la más baja satisfacción entre los servicios que ofrecen los gobiernos municipales. La encuesta se levantó entre octubre de 2013 y julio de 2014, con entrevistas a 12 mil 500 empresas de 50 municipios de todo el país.
A estas alturas y conforme con esos resultados de la galopante práctica del deporte nacional de la corrupción, porque la corrupción somos todos y se antoja una tarea más que imposible de llevar a buen puerto, más vale otorgar el beneficio de la duda a la decisión presidencial de combatir este mal y que no sirva, como ha servido desde siempre, para cobrar facturas políticas, perseguir y encarcelar a los enemigos de la familia revolucionaria. Conste.
LUNES. Abramos semana con ése buen ánimo. Por ejemplo, hay que desear éxito en sus tareas al colega Emilio Trinidad Zaldívar, quien el jueves de la semana pasada debutó como director de Comunicación Social de la Conade que encabeza Jesús Mena. También a Javier Mancilla Talavera, ratificado en la dirigencia de la sección 12 --agrupa a los empleados de producción de Televisa-- del SITATYR, cuyo dirigente nacional, el diputado federal Patricio Flores Sandoval, mantuvo la práctica democrática en el gremio. Mancilla Talavera contendió al frente de la Planilla Verde contra las planillas blanca, roja y naranja. Digo.
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