ACAPULCO (www.libertadguerrero.net).- El ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, será llamado a rendir declaración en torno al crimen cometido en contra del fallecido Armando Chavarría Barrera, y aclaró que el expediente del caso jamás estuvo extraviado, como se especuló recientemente.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, dijo que el ex mandatario perredista Torreblanca Galindo habrá de declarar en torno al crimen del entonces diputado local y presidente de la Comisión de Gobierno, Chavarría Barrientos.
Lo anterior en conferencia de prensa, en Protur, donde el fiscal general en la entidad, Iñaky Blanco, afirmó que hay importantes avances en la investigación y ofreció resultados en fechas próximas.
“El (ex) gobernador (de Guerrero) Zeferino Torreblanca ha declarado ya en dos ocasiones y sus reposados obran en la averiguación. Ya declaró por escrito y vamos a valorar en su momento la pertinencia que declare personalmente”, respondió el fiscal guerrerense ante los cuestionamientos.
Contrario a lo expresado por familiares del diputado local perredista, Chavarría Barrera, el fiscal genera reveló que hay cuatro líneas de investigación abiertas las que se pretende buscar la relación con delincuencia organizada, grupos subversivos, cuestiones políticas, entorno social, detalló.
Blanco Cabrera aclaró que el expediente de 20 tomos y más de nueve mil fojas, nunca estuvo desaparecido.
“Más allá de las fuentes o de quienes en su oportunidad dijo que el expediente se extravió y la Procuraduría General de la República, ejerció facultad de atracción de este asunto, ello implica que se le entregaran las constancias y las actuaciones que obran dentro de la averiguación y después lo regresó para que se continuará con la investigación del crimen cometido”, explicó.
En relación a las supuestas declaraciones del comandante de la Policía Investigadora Ministerial Trinidad Zamora Rojo, aclaró que es un elemento más para robustecer la investigación.
Aunque en seguida aclaró que el mando de la PIM era comandante en la plaza de Chilapa de donde fue sacado con violencia y su cuerpo descuartizado y sus restos fueron arrojados frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, y un mensaje del crimen organizado.
Al respecto el fiscal guerrerense considero que si el comandante Zamora Rojo había hecho declaraciones sobre los presuntos responsables, era obligación del entonces gobierno del estado, brindarle medidas cautelares y no lo hicieron.
Por Javier Trujillo
Agosto/19/2014
www.libertadguerrero.net
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