BAJO FUEGO
Nada que celebrar
Por José Antonio Rivera Rosales
En el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció finalmente que la Procuraduría General de la República atrajo el caso de Jorge Torres Palacios.
Aunque es relativamente una buena noticia, en realidad nada tenemos que celebrar.
Un día 7 de junio fue sustraído violentamente Marco Antonio López Ortiz, jefe de Información del diario Novedades, por un grupo de sicarios encabezados por dos sujetos de larga data en la delincuencia, protegidos de siempre por mandos policiacos (ambos están ahora presos, pero por la comisión de otros delitos).
En aquel momento exigimos a las autoridades, representadas por quien entonces fungía como procurador de Justicia, Alberto López Rosas, que se buscara a nuestro compañero de inmediato, pero la parsimonia investigadora de esa dependencia obligaba a desahogar primero una serie de procedimientos que dilataron la búsqueda.
En esencia, no existe un protocolo de reacción inmediata que obligue a la autoridad a lanzarse en una operación inmediata de búsqueda y rescate que ofrezca resultados en las primeras 48 horas, consideradas por expertos en criminología como los momentos cruciales en que se puede rescatar con vida a un secuestrado.
En el caso de los periodistas, que por definición se constituye como un sector de la comunidad desde donde se combate a la delincuencia, organizada o no, esta ausencia de protocolo de búsqueda inmediata es como el compromiso de la cicuta, que asegura el exterminio del secuestrado.
En el pasado reciente, cuando hubo asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas (al menos 14 periodistas desde el 2000 a la fecha, lo que equivale en promedio a una víctima por año), no tuvimos ni la conciencia ni la solidaridad ni el coraje para exigir la presentación con vida de estos compañeros. Ello permitió que comenzaran a matar colegas sin el menor contratiempo para los asesinos.
Ahora, gracias a la gallarda actuación de los comunicadores de todo el estado, pero especialmente de los periodistas de Chilpancingo, caímos en cuenta de que no tenemos porqué aceptar un destino trágico. Caímos en cuenta de que, finalmente, somos activos de la comunidad, que nos debemos a la sociedad, que no somos entes apartados del todo, sino parte consciente del todo.
Debemos dejar constancia de que, gracias a esta movilización de colegas de todo el estado de Guerrero -de La Montaña, Tecpan, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, Taxco y la Tierra Caliente- fue que nos hicimos escuchar por las autoridades, que debieron actuar así sea obligados por las circunstancias.
La intervención de compañeras y compañeros de otras latitudes como Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Daniela Pastrana de Periodistas de a Pie (PDP), María Idalia Gómez de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Ricardo González de Artículo 19 (A19), quienes por cuenta propia comenzaron a hacer los movimientos pertinentes para la búsqueda de Jorge Torres Palacios, nos permitió contar con respaldo efectivo en nuestras movilizaciones, lo que finalmente arrojó los resultados que ya conocemos -trágicos resultados, debemos decirlo-.
La conmoción por el levantón del colega fue tal, que reaccionaron de inmediato instancias como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la propia Unión Europea (UE), que en las últimas horas emitieron sendos comunicados en los que instan al gobierno mexicano a esclarecer el atentado y garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico.
Y esta es la clave de la situación: Si asumimos que el asesinato de un periodista lastima a la sociedad toda, una nueva responsabilidad en la que debemos trabajar todos en conjunto es en la construcción de un protocolo inmediato de búsqueda y rescate para obligar a las instancias especializadas, como la Unidad Antisecuestro de la PGJE, o la FEADLE de la PGR, a actuar en consecuencia.
Es pues necesario que, así como reaccionamos ante la privación ilegal de la libertad de nuestro compañero Jorge Torres Palacios, de la misma manera asumamos el rumbo de nuestro destino como un colectivo que informa a la comunidad.
La configuración de un protocolo de búsqueda y rescate sin que deba mediar una denuncia penal, la coordinación operativa de diferentes instancias, la creación de un protocolo personal de autoprotección, y la construcción de redes de comunicación, son tareas obligadas para el gremio ante a las amenazas que se yerguen frente a la comunidad de la información, amenazas que -lamento decirlo- irán en aumento.
Por ahora, del estado mexicano esperamos el total esclarecimiento de este brutal homicidio y la presentación de los culpables ante los tribunales.
Sólo de esa manera se recuperará medianamente la confianza de la sociedad de la información en nuestras autoridades, que deben hacer más por garantizar condiciones dignas de seguridad y desarrollo para todos los guerrerenses.
De otra manera…
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