Jefito, Jefazo…
Una investigación, tú lo sabes, no se inicia por ociosidad, o nomás porque sí, sino porque existen, al menos, elementos mínimos que sugieren hechos que motivan esa investigación. De otra forma, no se hubiera detenido, en su momento, al alcalde de Cuetzala, Feliciano AlvarezMecino, por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Y en este sentido, si como dice tu vocero, José Villanueva, de que el gobierno federal investiga a alcaldes del estado, a funcionarios de los tres niveles y a legisladores, se entiende que locales y federales, también por los mismos motivos, entonces significa que hay indicios que señalan una relación entre gobernantes, legisladores y delincuentes.
Ciertamente no sería nada nuevo, de comprobarse esa relación, pues los señalamientos públicos hacia funcionarios, diputados y alcaldes de tener ligas con la delincuencia organizada, han sido registrados en los medios de comunicación, y en algunos casos, las acusaciones se han extendido hacia sus familiares. En todos esos casos, los aludidos han salido al paso a las acusaciones y en otros más, se han agazapado, arropados además por sus respectivos partidos políticos.
Pero si la investigación del gobierno federal va a fondo, Jefazo, entonces creo que muchos alcaldes del estado habrán de correr la suerte del de Cuetzala, y sin duda que dos o tres diputados locales, y me comentan que hasta federales, que en sus respectivos municipios y distritos electorales es “vox populi” de que tienen nexos con el narco.
Y tú, sin duda que lo sabes, pues ni modo que un Jefe como tú no sepa quién es quién entre los alcaldes y legisladores, y por supuesto, quiénes son tus colaboradores, por referirme al gobierno del estado. Y estoy seguro que lo sabes porque hace unos meses, creo que a inicios de año, exhortaste a los presidentes municipales a definir su situación, precisamente en relación a la delincuencia organizada.
Claro, si las investigaciones demuestran, y por consiguiente aportan las pruebas suficientes, por supuesto que debe haber más detenciones, si es que se va en serio contra los delincuentes, aunque también hay que puntualizar que no se deben realizar por cuestiones políticas o para tratar de asustar con el petate del muerto a los alcaldes, diputados y funcionarios de gobierno. En este sentido, Jefazo, las investigaciones deben ser tan serias y responsables para que caigan quienes deben caer, y no gente inocente, como ocurre muchas veces, y porque además el “usted dispense” no resuelve ni hace olvidar el agravio y atropello que se comete con ellos.
Esta investigación, también, y seguramente estás de acuerdo conmigo, no debe ser motivo para violar los derechos humanos de nadie, pues son precisamente las instancias federales, incluido el Ejército, quienes en los tres primeros meses del año, han sido denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según un reporte de esa institución que dio a conocer un periódico de circulación estatal.
Hay que decirlo. El combate a la delincuencia organizada no debe ser motivo para violar los derechos humanos. Las 37 quejas que recibió la CNDH, de enero a marzo, en contra de 15 autoridades federales, muestra que Guerrero sigue siendo la entidad donde se violentan con mayor índice los derechos humanos, principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina.
“La CNDH resaltó que en el estado existen diez quejas que incluyen 13 hechos violatorios de mayor impacto, que colocan al estado en alerta naranja y roja; uno de ellos por privación de la vida en el que se acusa a la Policía Federal; tres por desaparición forzada o involuntaria de personas, todas contra la Semar; y nueve por trato cruel, inhumano o degradante, en las que se acusa a la Sedena cinco veces, a la Policía Federal en tres casos y a la Semar en uno.
“De acuerdo con la información disponible en el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones de Derechos Humanos del organismo en el portal de internet, la Sedena concentra el mayor número de expedientes recibidos en el estado entre enero y marzo de 2014 con 8 quejas, y en las que se incluyen 20 hechos violatorios.
“De estos hechos, seis son por detención arbitraria, cinco por trato cruel, inhumano o degradante, dos por intimidación, dos por omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley, dos más por retención ilegal, y tres por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño, incumplir con formalidades para emitir órdenes de cateo y visitas domiciliarias, así como por ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada.
Contra la Policía Federal existen 7 quejas en el estado, por 19 hechos violatorios, cuatro por detención arbitraria, tres por faltar a la legalidad, tres por trato cruel, inhumano o degradante, dos por omitir el ejercicio de la ley, dos por retención ilegal, y cinco por imputar hechos indebidamente, incumplir con formalidades para la emisión de órdenes de cateo o visitas domiciliarias, intimidar, prestar indebidamente el servicio público, y privar de la vida.
“La Procuraduría General de la República tiene cuatro quejas por un total de siete hechos violatorios, dos por detención arbitraria, dos por omitir notificar a la familia o los conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico y situación jurídica, y tres por integrar averiguaciones de manera irregular o deficiente, prestar indebidamente el servicio público y retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia.
“La CNDH registró también cuatro quejas contra la Semar por nueve hechos violatorios, tres de ellos por la desaparición forzada o involuntaria de personas, y los seis restantes por detención arbitraria, incumplimiento de formalidades, intimidar, omitir el ejercicio de aplicación de la ley, retener ilegalmente a las personas, y trato cruel, inhumano o degradante”, dice el periódico El Sur de ayer domingo.
Te escribo mañana, si es posible.
julio651220@hotmail.com
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