ENTRESEMANA
Bullying, legisladores omisos
Por Moisés Sánchez Limón
Siempre será lamentable el deceso de un ser humano. Indignante, empero, cuando éste pudo evitarse. Peor, si la causa del fallecimiento es consecuencia de omisiones e impunidades. Incalificable en tratándose de un niño, niña o adolescente a manos de uno de sus semejantes, compañero de escuela.
El bullying es comparable, sin duda, con el racismo, la discriminación. En México el asunto ha transitado como lo que ciertos sectores de concepción social primitiva califican “normal”. Aducen son asuntos de niños y adolescentes. Y acusan omisión frente a un problema que crece y genera, incluso, casos de suicidio, o frustra carreras y desarrollos personales.
Apodos ha habido que marcan al ser humano, mas la agresión física es la que los evidencia débiles, despojándolos del amor propio, la autoestima.
El tema, ha crecido de manera alarmante y con consecuencias trágicas. Y finalmente, llevó al presidente Enrique Peña Nieto a asumir un compromiso personal con el matrimonio formado por Rebeca Ramírez y Francisco Javier Méndez, padres de Héctor Alejandro, un adolescente tamaulipeco que perdió la vida víctima del bullying.
Peña Nieto ofreció seguir el caso “puntualmente y esto da pauta también para que yo haga un compromiso, al margen de lo que la investigación diga, para que realmente tengamos acciones específicas para combatir al bullying”, y que esto sirva para que la autoridad emprenda una política para combatir el fenómeno.
El presidente Peña Nieto, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, senadores y diputados federales y locales que se han desgarrado las vestimentas frente a la tragedia de la familia Méndez Ramírez y de otros casos que circulan por las redes sociales y que indignan, no deben ir demasiado lejos para comenzar a atender este indignante fenómeno social que tiene todos los elementos de un tipo de delito penal.
Mire usted. En este espacio, el dos de marzo de 2011 me referí al bullying: “Ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador independiente Jaime Arturo Vázquez Aguilar volvió a tocar el tema y propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 69 y un artículo 73 bis a la Ley General de Educación, a efecto de que la Secretaría de Educación Pública promueva crear la Comisión Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia.
“Y digo volvió a tocar el tema en tribuna, porque en la sesión ordinaria del 11 de octubre del año pasado (2010) presentó una iniciativa para adicionar un capítulo 9 ( De los derechos y obligaciones de los alumnos en la escuela) a la Ley General de Educación, con los artículos 86, 87 y 88. A saber:
“Artículo 86. Los alumnos tienen el derecho a desarrollarse en ambientes libres de agresiones y violencia en las escuelas. Artículo 87. Es responsabilidad de los alumnos manejarse con respeto y tolerancia hacia todos los integrantes de la comunidad educativa. Artículo 88. De los maestros y las escuelas.
“La insistencia parte del hecho, primero sin duda como un recordatorio a la autoridad educativa, del nivel de alarma que alcanza la violencia escolar. Conforme con el Instituto Nacional para la Evaluación Escolar, nueve por ciento de estudiantes de primaria y 5.6 por ciento de secundaria incurrieron en actos de violencia en la escuela.
“En la sesión de ayer, el legislador independiente, que de estos temas educativos es experto por su formación docente, propuso que la Secretaría de Educación Pública atienda, desde el nivel federal este problema y defina el Plan Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, así como un reglamento para lograr que la escuela sea segura y libre de violencia.
“Dicha definición es parte de los objetivos de la Comisión Nacional aludida, entre los que se encuentra el establecer lineamientos para la atención médica y tratamiento psicológico a las víctimas y a los agresores.
“Además plantea recomendar programas de capacitación docente acerca de las consecuencias del maltrato, acoso escolar y de cualquier otro tipo de conducta contraria a la armonía escolar. Y es que, en una evaluación se destaca que “los maestros y directivos minimizan la violencia debido a que carecen de capacitación o de herramientas pedagógicas para la resolución de los conflictos”.
Y puntualizaba: “La iniciativa tiene más elementos. Por salud educativa y social del país, bien harían los diputados en aprobar estas iniciativas antes de continuar con la discusión de si son cientos o decenas los jóvenes que, a consecuencia del bullying, se suicidan”.
Entre quienes demandan legislar, están diputados federales de la LX Legislatura Federal. Además, nadie en México, funcionarios públicos, políticos o no, desconoce el alcance del fenómeno del bullying.
¿Será que, por tratarse de un diputado que, entonces, discrepó del SNTE y del poder de la maestra Elba Ether Gordillo Morales, se desatendió la iniciativa en toda su dimensión? Bueno, por ahí aparecieron otros legisladores con iniciativas más o menos afines. Pero los batearon. ¿Se requerirá de otra tragedia para legislar? ¿El priismo legislativo respaldará el compromiso del presidente Peña Nieto? Conste.
LUNES. Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México están en la moda de los gobernadores de cartón. ¿Quiénes siguen? Digo.
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